El Gobierno aprobará el próximo 29 de abril el proyecto de ley para reducir la jornada laboral

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 29 de abril el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La norma saldrá por fin del Gobierno tras meses de retraso, más de un año si se tiene en cuenta que en el acuerdo de coalición se pactó una reducción de la jornada primero a 38,5 horas en 2024 y, después, a 37,5 horas en 2025.

La aprobación del proyecto de ley se producirá tras pasar por el Consejo Económico y Social (CES), principal órgano consultivo en materia de socioeconómica del Gobierno, aunque mantiene fundamentalmente el texto ya aprobado en el anteproyecto de ley el pasado 4 de febrero en Consejo de Ministros. La reducción de la jornada máxima legal se implementará sin que conlleve una disminución proporcional en los salarios.

El retraso acumulado de la norma se debe a las dificultades para lograr un acuerdo en el seno del Ejecutivo, con disputas que se hicieron públicas en el mes de enero. El Ministerio de Economía pedía modificar el acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO en diciembre para incluir adaptaciones por sectores, un plazo más dilatado de la implantación de la jornada reducida y ayudas a las empresas, mientras que Díaz no aceptaba que se cambiara lo firmado con los representantes de los trabajadores.

Tras semanas de acusaciones cruzadas se impuso la postura del Ministerio de Trabajo y la jornada de 37,5 horas debería ser efectiva en 2026 si el proyecto de ley se mantiene en los términos en los que saldrá del Gobierno. Para ello deberá lograr los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados, un paso complicado dada la distancia mostrada por Junts. En el periodo transcurrido entre la aprobación del anteproyecto de ley y la luz verde al proyecto de ley definitivo, el Ministerio de Trabajo ha solicitado los informes preceptivos necesarios, que incluyen el dictamen del CES y la opinión de los distintos ministerios implicados, fundamentalmente el Ministerio de Economía, el de Hacienda y el de Seguridad Social.

Estos ministerios han podido presentar observaciones al anteproyecto, pero, al igual que la opinión del CES, no son vinculantes, por lo que no pueden paralizar la norma ni deben incluirse obligatoriamente en su contenido. A pesar de que Trabajo logró pasar la barrera más importante dentro del Ejecutivo, la de la aprobación del anteproyecto en la CDGAE (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) y en el Consejo de Ministros, Díaz esperaba que el proyecto se remitiera al Congreso entre finales de febrero y principios de marzo, algo que finalmente sucederá en mayo.

El CES, compuesto por las patronales y los sindicatos más representativos y organizaciones de la sociedad civil, emitió un dictamen crítico con la reducción de la jornada a finales de febrero. En concreto, señalaron los daños económicos que podría ocasionar que la norma dé un tratamiento homogéneo para todos los sectores en aspectos como el registro horario, la desconexión digital y los tiempos de entrada en vigor. El documento pidió flexibilizar el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada digital en ámbitos como el de las explotaciones agrarias, aunque no logró cerrar filas en prácticamente ninguno de los puntos centrales. Patronal y sindicatos no se pusieron de acuerdo durante los once meses que duraron las negociaciones tripartitas, por lo que era difícil aunar mayor consenso en un dictamen realizado con tiempos muy ajustados.

Endurecimiento del registro y otras novedades

El proyecto de ley se construye en tres puntos principales: la reducción de jornada a 37,5 horas, un refuerzo del derecho a la desconexión digital y un endurecimiento del registro horario para vigilar la aplicación de la reducción. La reducción afectará en principio a todos los sectores, supondrá 2,5 horas semanales menos en cómputo anual, y su aplicación se controlará con un registro horario renovado. Aunque ya es obligatorio por ley desde 2019, ahora será digital, interoperable para la Inspección de Trabajo y estará controlado por la representación legal de los trabajadores, aunque los detalles aparecerán en un reglamento a través de un real decreto.

Otro cambio sustancial es el de las sanciones que la Inspección ponga por incumplir el registro. Pasarán de ser una cuantía por empresa incumplidora a individuales por cada trabajador al que le afecten los incumplimientos dentro de una misma empresa. Además, los trabajadores con una jornada parcial o reducida no disminuirán sus horas de trabajo de manera proporcional. En su lugar, se incluye una disposición transitoria según la cual las empresas deberán mantener el mismo volumen de horas que tenían los trabajadores parciales antes de la reducción del tiempo de trabajo máximo legal, lo que supondrá una subida de sueldo o incluso pasar a tener un contrato a tiempo completo. Los trabajadores parciales podrán reducir su jornada de manera proporcional solo si así lo solicitan.