Tabla con la subida de las pensiones por incapacidad permanente en 2025 de la Seguridad Social: esto es lo que cobras este año en España
Las pensiones contributivas han aumentado entre un 2,8% y un 5,96% en 2025 respecto al año anterior, según la revalorización aplicada por la Seguridad Social
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La Seguridad Social ha actualizado los importes de las pensiones por incapacidad permanente en 2025, tras aplicar una revalorización de entre un 2,8% y un 5,96% conforme al último real decreto-ley. Este incremento afecta tanto a los casos de gran invalidez como a los de incapacidad absoluta, total o parcial, según el grado de la prestación y la situación familiar del beneficiario.
Las pensiones por incapacidad permanente se conceden cuando una persona no puede trabajar debido a una enfermedad o accidente, y su cuantía depende de factores como la edad, el tipo de incapacidad o si tiene cónyuge a cargo. Para este ejercicio, los nuevos valores reflejan una subida respecto a 2024, vinculada a la evolución del IPC medio y al compromiso legal de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
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Subida en 2025: así quedan las nuevas cuantías
En el caso de la gran invalidez, la cuantía anual alcanza los 23.678,20 euros con cónyuge a cargo, frente a los 21.698,60 euros que se abonaban en 2024. Para quienes no tienen cónyuge, los importes ascienden a 18.362,40 euros si conviven solos, y a 17.430,00 euros si el cónyuge no está a cargo. La incapacidad permanente absoluta también se incrementa, con 15.786,40 euros anuales con cónyuge a cargo, frente a los 14.466,20 del año anterior. Puedes consultar las cuantías del resto de modalidades en la siguiente tabla:
Estas cifras se recogen en el Real Decreto-ley 1/2025, que regula provisionalmente la revalorización de las pensiones públicas hasta la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La normativa también contempla el nuevo límite máximo de percepción de pensiones en 3.267,60 euros mensuales, así como el ajuste del complemento de brecha de género a 35,90 euros mensuales.
Para tener derecho a estas pensiones, los beneficiarios deben cumplir los requisitos médicos y administrativos establecidos por la ley, y su reconocimiento depende de un dictamen del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El objetivo es proteger económicamente a quienes no pueden reincorporarse al mercado laboral por causas de salud graves y permanentes.
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