El plan de Illa para la nueva financiación deja a Cataluña en el régimen común

El nuevo modelo de financiación autonómica que prepara la Generalitat de Cataluña estará listo a finales de junio. Según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, no se tratará de un cambio tan rompedor como se planteaba en un principio, ya que Cataluña no saldrá del régimen común, al contrario de lo que Pere Aragonès propuso cuando presidía la Generalitat. En realidad, la modificación de la terminología, al pasar de “cupo catalán” a “financiación singular”, servía para enmascarar este giro. Cataluña no quedará fuera del régimen común, como es el caso de Euskadi y Navarra.

Según explica uno de los expertos del grupo de trabajo, el actual modelo de financiación es un bar donde se reparte “café para todos” –la mítica frase del exministro de UCD Manuel Clavero–. “Ahora será como un Starbucks: unos tendrán café, otros café con leche y otros café con leche de avena, pero todos en el mismo local”.

La consellera de Economía de la Generalitat Alicia Romero es la responsable de acordar la nueva propuesta. La pasada semana anunció en Catalunya Ràdio que “el 30 de junio tendremos cerrado con el Gobierno de España el esquema del nuevo modelo de financiación". Es el calendario que se pactó con ERC para la investidura de Salvador Illa. El PSC lleva el último mes presumiendo de cómo cumple a rajatabla sus compromisos con los republicanos.

"Las conversaciones con el Gobierno de España van bien, con ERC también, quedan tres meses, y quiero ser positiva", añadió Romero. Y para demostrar su determinación, la conselleria de Economía ampliará plantilla en 186 personas, una parte de ellas para asumir la tarea de implementar el nuevo sistema de financiación autonómica.

Opinión

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José Luis Losa

Pactarlo con ese calendario tiene la grandísima ventaja de que todavía seguirá al frente del Ministerio de Hacienda María Jesús Montero, con quien ya han tejido las complicidades necesarias.

En este momento el comité de expertos, que encabeza el economista del PSC, Martí Carnicer, está ultimando los detalles de esta reforma de régimen común que supondrá la nueva financiación autonómica. A partir de estos trabajos, la consellera Alicia Romero y la ministra María Jesús Montero pactarán el nuevo modelo, que en principio supondrá dos grandes cambios: que la Generalitat podrá recaudar todos los impuestos que se paguen en Cataluña y que se respetará el principio de ordinalidad, es decir, que una vez hecho el reparto del dinero disponible entre las CCAA, la posición de Cataluña no quedará alterada respecto a su puesto como aportadora bruta. Es decir, no podrá ser, como ahora, una de las autonomías que más aporta al sistema pero luego estar a la cola de las que reciben.

Cataluña como motor

Es decir, de nuevo Cataluña será el motor del cambio en el sistema de financiación. Y de nuevo se ofrecerá al resto de CCAA sumarse al nuevo sistema, caducado desde hace diez años, y por lo tanto recibir los fondos adicionales previstos, o renunciar a esos ingresos extra y seguir en el modelo anterior, como está pidiendo el PP. Eso podría ser factible para la Comunidad de Madrid, pero muy complicado para comunidades infrafinanciadas como Andalucía, Valencia o Murcia.

La cifra de fondos adicionales que puede recibir Cataluña con el cambio oscilará en una horquilla que puede ir de los 3.000 millones a los 7.000 millones, según han explicado fuentes conocedoras de los trabajos previos. En su momento, quien era entonces el negociador de ERC, el presidente del grupo parlamentario en Cataluña Josep Maria Jové, cifró esta cuantía en 8.767 millones. Pero ahora Jové ha sido apartado de las conversaciones tras renovar Oriol Junqueras su control sobre la cúpula del partido. Otra cosa es que a medio plazo, y en función de la marcha de la economía, se pueda llegar a conseguir esa cifra.

Problemas de implementación

Sin embargo, que se llegue a un acuerdo el 30 de junio, como ha anunciado Alicia Romero, no quiere decir que se pueda implementar. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña tienen mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero si hay que cambiar alguna ley puede resultar complicado con el actual juego de mayorías en el Congreso.

Por último está la cuestión de Junts. En el pacto de Bruselas por el que el PSOE y Carles Puigdemont empezaron a negociar de manera estable, se fijó que habría que acordar “una modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Junts querrá dejar su impronta y eso supondrá interferencias y retrasos, como en su día se produjeron en la Ley de Amnistía que negociaron ERC y la Moncloa.