El Gobierno no logra agotar el presupuesto en defensa: dejó 1.000 M sin ejecutar en 2024
El importe destinado al ministerio, incluyendo las modificaciones, ha crecido un 60,1% entre 2019 y 2024, aunque el aumento del gasto real es menor, de un 49,8%, porque siempre se queda dinero sin colocar
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Las modificaciones presupuestarias en la partida de defensa son un clásico y han sucedido incluso en los años en los que ha habido presupuestos actualizados. Se trata de una fórmula utilizada por varios gobiernos para incrementar lo destinado a esta polémica área sin necesidad de pasar por el Congreso y en los últimos años incluso se han aprobado las modificaciones contra el parecer de la parte minoritaria del ejecutivo.
El Consejo de Ministros aprobará este martes una nueva modificación presupuestaria para defensa, esta vez de 2.000 millones de euros, ante la cual Sumar se ha posicionado en contra. "Lo que tenemos no es un problema de volumen, sino de coordinación", ha defendido Carlos Martín, coordinador general del partido. Las objeciones de Sumar quedarán reflejadas en las actas del Consejo de Ministros, como ya ha sucedido en las ocasiones anteriores y como ya sucedía con Unidas Podemos, pero no frenarán el hecho.
Lo cierto es que España no alcanza la ratio de gasto en defensa que ha comprometido con la OTAN (está en el 1,3% y ha prometido un 2% antes de 2029), pero, al mismo tiempo, también sucede que el Ministerio de Defensa está dejando más dinero sin gastar en los últimos años a pesar de las elevadas modificaciones del crédito inicial.
El gasto contabilizado por la IGAE detallado en este artículo solo se refiere a la Administración General del Estado (AGE), por lo que no incluye el que hacen otros organismos y las empresas públicas (minoritario en comparación). Además, difiere metodológicamente del que contabiliza la OTAN y del detallado en la contabilidad nacional, por lo que no es la fuente a usar para testar la evolución del cumplimiento de los objetivos internacionales de gasto en defensa, pero sí es la indicada para conocer a qué ritmo se produce el gasto en España y a qué programas va a parar.
En concreto, el Ministerio de Defensa dejó sin ejecutar 1.051 millones de euros en 2024, que es la diferencia entre los pagos realizados y las obligaciones reconocidas. Esto supone una ejecución del 93% según calcula la IGAE, pero el importe sin gastar es mayor si se comparan los pagos realizados con los créditos definitivos asignados, ascendiendo la diferencia a 1.648 millones. Si se suman las modificaciones presupuestarias al presupuesto inicial (de 2023), el Gobierno asignó 15.582 millones de gasto al Ministerio de Defensa en 2024, pero logró gastar 13.935.
La ejecución del Ministerio de Defensa es la menor desde el año 2015, aunque se encuentra en el grupo de carteras que más ha ejecutado respecto a las obligaciones reconocidas en 2024. Por ejemplo, registran números muy inferiores el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública (un 25,5%), el de Industria y Turismo (un 37,2%) y el de Economía (un 57,8%). En el lado opuesto, lideran la ejecución el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (99,3%), Vivienda (99,1%) e Interior (98,8%).
El gasto presupuestado en defensa, incluyendo las modificaciones, ha crecido un 60,1% entre 2019 y 2024, aunque el gasto real (pagos realizados) lo ha hecho en menor medida, un 49,8%. Como en todas las secciones presupuestarias, el plan de gasto en defensa se reparte entre los gastos corrientes, los gastos de capital y los gastos financieros y los datos constatan que el mayor impulso se ha producido en las inversiones reales, incluidas en los gastos de capital.
Estas se identifican con desembolsos más destinados a la modernización de la defensa, a diferencia de los gastos corrientes, cuyo objetivo es pagar salarios y compras recurrentes de bienes y servicios. Para la innovación y mejora de capacidades es clave la partida de las inversiones reales, que se han duplicado entre 2019 y 2024 tanto en créditos presupuestados como en pagos realizados y ya suponen el 43% del presupuesto ejecutado.
No obstante, también los datos constatan que las inversiones reales tienen más dificultad para ejecutarse que los gastos corrientes, ya que suponen el 82,5% del dinero que no se gastó en 2024. Los motivos de esta lentitud para gastar el dinero de la inversión pueden ser diversos, como retrasos en el desarrollo de algunos programas.
Modificaciones récord
Hasta que no haya nuevos presupuestos, algo que se espera como pronto en 2026, es muy posible que el Gobierno tenga que recurrir a las modificaciones presupuestarias para acelerar el gasto en defensa, por lo que puede ser un año récord en este sentido. Hasta febrero, el Gobierno ha aumentado los créditos destinados al Ministerio de Defensa en 873.539 millones, que sumados a los 2.000 millones adicionales de este martes superarán el importe de modificaciones totales aprobadas durante todo el año pasado. En 2024, el presupuesto inicial para el Ministerio de defensa era de 12.827 millones, pero terminó siendo de 15.582.
Se espera que antes de la próxima cumbre de líderes de la OTAN en La Haya a finales del mes de junio, el Gobierno especificará los detalles de la nueva ruta del aumento del gasto en defensa. Por el momento solo se conocen las modificaciones presupuestarias y el compromiso de “no tocar ni una coma” de “gasto social”, según defendió Pedro Sánchez en el Congreso, para aumentar el de defensa.
Aunque los datos de ejecución no detallan de dónde sale el dinero de las modificaciones presupuestarias, solo a qué sección va, las referencias del Consejo de Ministros permiten constatar que hasta el momento los aumentos de gasto en defensa al margen de los presupuestos iniciales se financian fundamentalmente con el fondo de contingencia. Este fondo acumuló una modificación negativa de 3.964 millones al atender tanto el gasto en defensa como otros gastos supuestamente imprevistos.
Las modificaciones presupuestarias en la partida de defensa son un clásico y han sucedido incluso en los años en los que ha habido presupuestos actualizados. Se trata de una fórmula utilizada por varios gobiernos para incrementar lo destinado a esta polémica área sin necesidad de pasar por el Congreso y en los últimos años incluso se han aprobado las modificaciones contra el parecer de la parte minoritaria del ejecutivo.