El Gobierno adelanta compromisos de fondos UE por el retraso en la negociación con Bruselas

España comenzó siendo el país que más rápido accedió a los primeros pagos de los fondos Next Generation por haber cumplido los hitos y objetivos asignados, pero la convocatoria electoral y la posterior fragmentación del parlamento han impedido continuar con el mismo ritmo. También han influido los incumplimientos de algunos de los hitos, que resultaron en un pago parcial del cuarto desembolso, y las peticiones de modificación del plan, que están retrasando el quinto.

Debido a esta situación, las administraciones han tenido que adelantar compromisos de los fondos por un importe mayor al que han recibido de Bruselas. El desajuste se produjo temporalmente durante unos días de julio de 2024, pero se solventó con la llegada del cuarto pago parcial, y se da de nuevo desde finales de diciembre de 2024, cuando el importe adjudicado en subvenciones y licitaciones rebasó los 47.960 millones recibidos en subvenciones procedentes de cuatro pagos y dos prefinanciaciones.

Según la herramienta ELISA, la situación a fecha del 31 de enero de 2025 es que el conjunto de las administraciones habían adjudicado convocatorias por valor de 48.633 millones de euros, es decir, habían asignado fondos a adjudicatarios concretos por un importe que supera en 693 millones el dinero recibido en los desembolsos. Este desajuste se tendría que haber solventado en los primeros meses de 2025 si España hubiera cumplido los hitos y objetivos por los que solicitó el quinto pago ampliado, de 22.100 millones, pero las negociaciones con Bruselas se están prolongando y la distancia habrá aumentado cuando se publiquen datos más actualizados.

Según explica Manuel Hidalgo, profesor de economía de la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de EsadeEcPol, esto no implica necesariamente que el Tesoro esté adelantando el dinero porque lo adjudicado en licitaciones y subvenciones no equivale exactamente a las obligaciones de pago que finalmente se generan. En su opinión, los pagos realmente desembolsados por las administraciones son inferiores a los 47.940 millones entregados por Bruselas porque, entre otros motivos, suele haber renuncias. No obstante, no hay datos disponibles de ejecución presupuestaria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para todas las administraciones para contrastar el nivel efectivamente pagado.

En los últimos meses, España ha presentado varias modificaciones del Plan de Recuperación y los desembolsos se han retrasado. El cuarto debería haber llegado en los primeros meses de 2024 al haberse solicitado en diciembre de 2023, pero finalmente llegó en julio y con 100 millones menos por no cumplir con los objetivos del programa ‘Kit Consulting’, destinado al apoyo a la digitalización de al menos 15.000 pequeñas y medianas empresas. Este importe restado todavía no se ha recibido, aunque el Gobierno ha tratado de solventar el incumplimiento desde entonces rediseñando el programa.

El quinto pago se solicitó en diciembre de 2024, aunque por un importe que suma también el del sexto (25.000 millones) al incluir hitos de este y del séptimo pago. El visto bueno se debería haber producido ya, pero hay una petición de modificación del plan presentada por el Gobierno el 21 de marzo de 2025 que retrasa el desembolso al estar siendo evaluada por la Comisión Europea. Según fuentes gubernamentales, la modificación corresponde a cuestiones técnicas, pero lo cierto es que las negociaciones se prolongan y que el quinto pago incluía en hitos el impuesto al diésel no aprobado ante la falta de apoyos en el parlamento.

Ritmo más lento del necesario

Dado que el quinto pago alteró la estructura de las peticiones incluyendo hitos de otros, es difícil estimar el número de pagos que quedan por solicitar, aunque sí el importe: antes del 31 de diciembre de 2026 España tiene que haber solicitado 31.894 millones más si quiere cumplir con la totalidad de lo asignado en subvenciones, 79.854 millones. “El ritmo es ligeramente más lento del necesario”, señala un estudio de Esade publicado este jueves sobre el nivel de ejecución de los fondos. Su herramienta de seguimiento, similar a la del Gobierno, contabiliza que las administraciones han resuelto 49.115 millones de subvenciones hasta enero de este año.

Tanto los datos de ELISA como los de Esade registran cierta desaceleración en las adjudicaciones en 2024 y el primer mes de 2025 respecto a 2023. En enero de 2023 se adjudicaron 1.345 millones, según ELISA, pero en enero de 2025 solo han sido 442. “El ritmo actual de concesiones plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para absorber la totalidad de los recursos disponibles en el plazo establecido”, señala el informe. Según Esade, esto puede atribuirse tanto a factores coyunturales “como a la incertidumbre política y administrativa” o a problemas de absorción del tejido productivo.

Concentración en sectores 'tradicionales'

Una de las tesis es que los “caminos de menor resistencia ya han sido recorridos por la primera oleada de fondos, quedando sin copar los tránsitos más complejos de operar”. Esto se puede deber a una mayor complejidad administrativa por la gestión de ayudas destinadas a beneficiarios privados en comparación con las transferencias entre administraciones. Las entidades privadas son las beneficiarias de, aproximadamente, el 90% de los fondos, aunque en el periodo más reciente ha crecido el porcentaje adjudicado a empresas públicas y entidades locales.

También señalan esta tesis por ramas de actividad, ya que detectan que la distribución de los fondos “muestra una clara concentración en sectores económicos tradicionales”, lo que podría indicar que se están reforzando estructuras económicas existentes más que “catalizando una verdadera transformación del tejido productivo”. El comercio al por mayor y las actividades de construcción especializada encabezan la lista de receptores, según Esade, seguidos por construcción de edificios e ingeniería civil. Esto es debido a grandes proyectos de mejora y expansión de la infraestructura ferroviaria y de modernización del transporte público, aunque también a programas de digitalización en negocios tradicionales del comercio.