Una revista científica dependiente de Función Pública carga contra la financiación singular catalana

El acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana para conceder una financiación singular a Cataluña generó un gran debate sobre su constitucionalidad. El Ejecutivo cerró filas defendiendo la legalidad de la propuesta, pero un artículo publicado por un organismo dependiente del Ministerio de Función Pública de Óscar López desmonta los argumentos. El artículo es demoledor con el acuerdo y se ha publicado en la revista científica Gestión y Análisis de Políticas Públicas, que busca la contribución de expertos para mejorar las Administraciones Públicas.

La conclusión es contundente: "Aunque los detalles técnicos de la reforma aún están por ultimar, es evidente que conceder una financiación singular a Cataluña vulneraría el principio constitucional de solidaridad". El sistema pactado con Esquerra contempla limitar la aportación de Cataluña al reparto entre las comunidades del Régimen Común, lo que pondría en duda ese principio de solidaridad contemplado en la Constitución Española.

Los investigadores que firman el artículo, Francisco Javier Romero Caro y Alice Valdesalici, del instituto Eurac, son expertos en federalismo fiscal. En el paper explican que esta reforma elevaría los recursos a disposición de Cataluña a costa de reducir los presupuestos del resto de comunidades autónomas. En definitiva, el acuerdo estaría "poniendo en peligro su capacidad [del resto de CCAA] para prestar servicios públicos, a menos que se compensen con transferencias estatales adicionales".

Los autores reconocen que, para que Cataluña gane, otras administraciones tienen que perder. O bien estos recursos se detraen de la financiación autonómica, lo que cargaría el coste sobre el resto de CCAA, o el Estado asume el coste para blindar de la reforma al resto de autonomías. En ambos casos, son soluciones que empujarían a una subida de impuestos en el resto de España, ya que tanto el Estado como las CCAA tienen déficit público, por lo que necesitarían recursos adicionales para no hacer recortes.

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El artículo hace un repaso histórico de la descentralización fiscal en España e Italia y concluye que ambas han sido un fracaso. En el caso español, los problemas vienen derivados de la politización del sistema de financiación, que ha conducido al diseño de un esquema que genera desigualdades y envidias entre territorios. Los autores explican que el constituyente ya era consciente de “las posibles externalidades negativas de la descentralización y de los conflictos que ésta pueda generar”, por lo que decidió blindar el principio de solidaridad en la Constitución.

Lo hizo en el artículo 2, donde establece el principio de solidaridad horizontal entre los distintos territorios. Y lo apuntala en el artículo 138, en el que otorga al Estado la responsabilidad de velar por la "realización efectiva del principio de solidaridad". A pesar de estas garantías, los conflictos territoriales están poniendo contra las cuerdas el mantenimiento de la solidaridad horizontal entre comunidades.

Los autores explican que el primer gran conflicto en la financiación autonómica se produjo en la reforma de 2009, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que sigue en vigor en la actualidad. "El proceso de negociación se caracterizó por la falta de transparencia", lamentan los investigadores, lo que dio lugar a un sistema con deficiencias que han sido visibles con el tiempo.

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En esa reforma ya jugó un papel clave Cataluña y su recién estrenado Estatut, en el que estaba recogida una limitación de la aportación a la solidaridad territorial. Finalmente se le concedió a Cataluña que las CCAA se quedasen con el 25% de su recaudación, lo que reducía su aportación al sistema de financiación. Además, se crearon fondos financiados por el Estado que alteran discrecionalmente el reparto entre las autonomías. "La reforma de 2009 marcó un claro cambio respecto a los modelos anteriores, reflejando una mayor politización del sistema de financiación y crecientes divisiones entre partidos", escriben los autores.

Tres lustros después, es precisamente Cataluña quien rechaza ese sistema de financiación, exigiendo un sistema similar al del País Vasco y Navarra, que no participan en la solidaridad territorial. Los autores señalan que el sistema actual está "mal preparado para evolucionar ante circunstancias cambiantes". Por ejemplo, el sistema es rígido y solo el auxilio del Estado (con financiación de último recurso o con transferencias extraordinarias) ha conseguido evitar la quiebra de los territorios.

Pero todavía puede ir a peor si se despliega literalmente el acuerdo con Esquerra. "Las recientes propuestas de financiación singular para Cataluña socavan el principio de solidaridad y amenazan aún más la sostenibilidad de un modelo fiscal cohesionado, lo que podría exacerbar las desigualdades regionales y poner en peligro la estabilidad a largo plazo del sistema", escriben los autores. Una enmienda a la totalidad del acuerdo con ERC.