España supera a la eurozona en gasto en pensiones pese al menor envejecimiento

Uno de los argumentos del Gobierno cuando aprobó la indexación de las pensiones al IPC era que España tenía un gasto inferior a la eurozona, lo que daba cierto margen al país para elevar el presupuesto. Así era: en 2018 el gasto en pensiones (sumando jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad) era un punto del PIB inferior a la media europea. España tenía más de 10.000 millones de euros de margen. Cinco años después, se lo había comido todo.

La indexación al IPC justo antes del inicio de una crisis inflacionista obligó a un gran esfuerzo presupuestario a las arcas públicas. El gasto en pensiones se disparó un 27% en apenas cuatro años, desde 2019 hasta 2023. Son siete puntos más que la eurozona, y el doble que países como Francia. Así lo revelan los datos de la clasificación por funciones del gasto público publicada el martes por Eurostat.

En cifras absolutas, el aumento del gasto en pensiones en esos cuatro años fue de 48.300 millones de euros. Una cifra exorbitante si se compara con la crisis presupuestaria que tiene abierta el Gobierno para elevar en unos 8.000 millones de euros el gasto en Defensa.

Las pensiones se están comiendo todo el margen de gasto que tiene España, lo que explica la necesidad de que se active una cláusula de escape especial para financiar el aumento del gasto militar sin incumplir las reglas fiscales.

En 2019, España gastaba en pensiones el equivalente al 14,23% del PIB, pero en 2023 ya alcanzaba el 15,13%, casi un punto más. Por el contrario, en este mismo periodo, el gasto en pensiones del conjunto de la eurozona se mantuvo estancado, con un leve descenso de 0,05 puntos porcentuales.

Solo hay cuatro países en la eurozona que han aumentado más rápido el gasto en pensiones en este periodo. Son países pequeños y que han soportado tasas de inflación más altas que España: Chipre, Luxemburgo, Eslovaquia y Finlandia.

En lo peor de la pandemia, el gasto en pensiones de España ya superó al del conjunto de la eurozona. Sin embargo, fue un hecho puntual marcado por el desplome del PIB de España. Ahora, por el contrario, este sorpasso es consecuencia de un cambio estructural en el gasto en pensiones derivado de la generosidad del sistema y de la indexación de las pensiones al IPC tras la reforma de 2020.

Lo peor está por venir

El margen que tenía España para elevar el gasto en pensiones no se debía a que las prestaciones fuesen bajas, sino a que su estructura demográfica era mejor que la europea. El motivo es que la transición del baby boom a la caída de la natalidad se produjo con cierto retraso en España respecto al centro y norte de Europa. Esto provoca que la sociedad española todavía no esté tan envejecida.

El 20,4% de la población residente en España tiene 65 años o más, mientras que en la eurozona, este porcentaje escala al 22%, esto es, un punto y medio más. España está en el grupo de países que todavía tienen una población jubilada moderada. Sin embargo, esto cambiará drásticamente en las próximas décadas, lo que implicará una aceleración del gasto en pensiones.

​España es el tercer país de la eurozona con más porcentaje de la población entre 50 y 64 años. Esto es, el grupo social que se jubilará en los próximos 15 años. En total, son un 22,1% de la población, frente al 21,5% de la eurozona.

El proceso de envejecimiento en el que está inmersa España lo recorrieron los grandes países europeos hace ya una década. Esto explica que el margen que tenía el país para aumentar el gasto en pensiones fuese solo un espejismo. No era consecuencia de un sistema menos generoso, sino de una transición demográfica que va con cierto decalaje.

Opinión

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Jesús Fernández-Villaverde

Aun así, el Gobierno se embarcó en una ambiciosa reforma de las pensiones que blindaba la generosidad del sistema público de pensiones. Por un lado, prolongaba la elevada tasa de sustitución del país por encima del 60%. Esto es, cuando un trabajador se jubila, la pensión pública equivale a casi el 65% de su último salario. Según los cálculos del Ministerio de Economía, la reforma garantiza que España tendrá la segunda tasa de sustitución más alta de la UE.

Por otro lado, garantizaba la revalorización con el IPC por ley, sea cual sea la inflación. Un privilegio que no tiene ningún otro colectivo social en España, ni siquiera los trabajadores públicos. Esta reforma permitió a los pensionistas librarse del pacto de rentas que tuvieron que soportar empresarios y trabajadores para repartir los costes de la crisis inflacionista. El resultado ha sido que el gasto público en pensiones aumentó más de un 27% desde 2019 hasta 2023, superando incluso al crecimiento del PIB nominal. El gasto en pensiones supuso en 2023 un tercio de todo el gasto público, tres puntos más que la media de la eurozona.

En 2025, la pensión media ha superado los 1.300 euros, y la de jubilación, los 1.500 euros. Desde 2019 se ha disparado un 31%. Y los nuevos jubilados del régimen general entran al sistema con una pensión media de casi 1.800 euros. Una cifra que explica que los pensionistas sean ya el grupo social con mayor capacidad de compra y que más consume en España. El gasto público se ha reorientado hacia los mayores, un grupo cada vez más numeroso que tiene la capacidad para determinar los resultados electorales.

Este ritmo del gasto será sometido a escrutinio la próxima semana por la Autoridad Fiscal (AIReF), que publicará el primer informe sobre el impacto de la reforma de pensiones. Este informe fue una exigencia de Bruselas y, en caso de que la Autoridad Fiscal detecte desviaciones del gasto, será obligatorio adoptar medidas de control del déficit, ya sea elevando los ingresos o recortando el gasto en pensiones. El informe se publicará el lunes 31 de marzo y pondrá finalmente negro sobre blanco el impacto de la reforma elaborada por el que ahora es gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.