El dinero que otorga la Seguridad Social si sufres una incapacidad permanente absoluta en España

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Una persona que sea reconocida con una incapacidad permanente absoluta puede acceder a una prestación económica vitalicia, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Seguridad Social. Este tipo de incapacidad se concede a quienes no pueden desarrollar ninguna actividad laboral con un mínimo de profesionalidad, debido a limitaciones físicas o psíquicas permanentes.

La cuantía de esta pensión corresponde al 100 % de la base reguladora, lo que implica que se encuentra entre las más elevadas dentro del sistema público. En los casos en que la persona beneficiaria necesite apoyo constante para las actividades esenciales de la vida diaria, se puede aplicar un incremento del 20 % sobre dicha base. Además, la pensión es compatible con determinados ingresos, siempre que no procedan de trabajos que contradigan el reconocimiento de la incapacidad. Según recoge la página oficial de la Seguridad Social, se trata de una pensión contributiva sujeta a evaluación médica y revisión periódica.

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El acceso a esta ayuda exige la intervención del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de valorar el grado de incapacidad. En el caso de que la causa sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no es obligatorio haber cotizado previamente. Para el resto de situaciones, se exige un periodo mínimo de cotización, que varía según la edad y las circunstancias del solicitante en el momento del hecho causante.

El método para calcular la base reguladora depende del origen de la incapacidad. En enfermedades comunes se tienen en cuenta las bases de cotización de los años anteriores, mientras que en los accidentes laborales se consideran las bases del año previo al suceso. Tal y como figura en la web de la Seguridad Social, los importes mínimos garantizados en 2025 superan los 1.100 euros al mes en los casos con cónyuge a cargo, aunque existen topes máximos fijados por ley.

Otro aspecto relevante es que esta pensión está exenta del pago del IRPF, siempre que el beneficiario tenga reconocido el grado correspondiente. También puede coexistir con ingresos patrimoniales u otras rentas que no procedan de una actividad laboral. En determinados supuestos, cuando la incapacidad derive de un incumplimiento empresarial, el trabajador puede reclamar una indemnización complementaria.