Pimec propone a Ferran Bel como representante en el Consejo Económico y Social

El Ministerio de Trabajo transformará la composición del Consejo Económico y Social (CES), principal órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, para dar entrada a un consejero de Pimec, patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Los contactos entre la organización empresarial y la cartera dirigida por Yolanda Díaz se han intensificado en los últimos meses y se prevé la entrada de la patronal regional aprovechando la necesaria renovación del actual grupo de consejeros, que terminaron su mandato el pasado 21 de enero.

“Que entremos en el CES, que es el parlamento de la sociedad civil, significa normalizar una situación para que el 99,8% de las empresas tenga voz propia en el diálogo social. Es una cuestión de democracia y se va a producir, estamos esperando el nombramiento”, ha señalado a los medios Antoni Cañete, presidente de Pimec, en un acto contra la reducción de la jornada laboral organizado en Madrid por Conpymes, organización nacional a la que está asociada Pimec. Cañete se ha respaldado en las palabras de Díaz en la Comisión de Trabajo del Congreso del pasado seis de marzo, en la que la vicepresidenta respondió a una pregunta al respecto de un diputado de Junts con el compromiso de “cumplir con la participación en el CES y en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos”.

Según trasladan fuentes conocedoras de los procesos a El Confidencial, el nombre propuesto por Pimec a Trabajo para su representación en el CES es Ferran Bel Accensi, que es representante permanente de la patronal en Madrid desde el año 2023 con el objetivo de aumentar su influencia en las instituciones estatales y obtener la representatividad en el diálogo social. El economista y asesor fiscal ha sido también alcalde de Tortosa entre 2007 y 2018, diputado en tres legislaturas y senador en una más, siempre adscrito a las distintas organizaciones políticas que han surgido en el espacio de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña.

Aunque el Ministerio de Trabajo es quien tiene la potestad única de nombrar a los consejeros del CES y Pimec tiene la palabra de Díaz, el proceso no va a estar exento de polémicas y el ministerio está estudiando si tiene que hacer alguna modificación normativa adicional, dado que el CES ha intentado evitar la entrada de la patronal catalana. Trabajo ordenó en el real decreto-ley 2/2024 que el CES cambiara su reglamento interno para que estén representadas "las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma", sin embargo, el CES incluyó otra modificación distinta que podría vetar a Pimec.

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Según la resolución del CES que se publicó en diciembre en el BOE, "estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas en el ámbito autonómico, quedando excluidas de este supuesto aquellas que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal". La orden dictada por el ministerio a través de una disposición final en una norma con un contenido no relacionado y sin haber negociado previamente fue muy criticada por todos los consejeros, también por los sindicatos y por el propio presidente, Antón Costas.

A la espera de que el Ministerio de Trabajo mueva ficha, Pimec interpreta que la legislación vigente les permite entrar en el organismo porque están integrados en Conpymes, que no tiene representación. En cualquier caso, si la entrada de Pimec se lleva a cabo sin modificar el número de consejeros del CES, 60 más uno del presidente, la patronal catalana le quitará una silla del grupo segundo a CEOE/Cepyme. Esto ya sucede actualmente en el grupo uno, el de los sindicatos, al estar representados ELA y CIG además de los mayoritarios a nivel estatal CCOO y UGT. El movimiento llega en un momento complicado para la patronal hasta ahora más representativa de las pymes. Desde hace meses hay una guerra abierta por el liderazgo en Cepyme en la que compite con el actual presidente, Gerardo Cuerva, un alto cargo de CEOE, Ángela de Miguel, impulsada por Garamendi.

En cuanto a los plazos de renovación del CES, hay realmente pocas certezas. El reglamento no fija tiempos máximos de interinidad de los consejeros caducados, por lo que la situación podría alargarse más de lo esperado por Pimec. Otro factor reseñable es que el mandato de Costas termina más tarde que el de los consejeros, en mayo, por lo que fuentes de los procesos apuntan a ese momento para que empiecen los movimientos. Por el momento, el resto de organizaciones que ya tienen representación no han recibido la carta del ministerio solicitando los nombres de los consejeros propuestos para su nombramiento. De hecho, una de las fuentes recuerda que antes de Costas el CES no tenía presidente fijo, era rotatorio entre los consejeros, y estuvieron en situación de interinidad durante dos o tres años.

Críticos con las políticas de Díaz

La definición de Conpymes como una organización en defensa de un "capitalismo inclusivo" y la asistencia a su presentación en 2021 de Yolanda Díaz, Begoña Gómez y varios representantes de Unidas Podemos hizo que se interpretara que era una patronal más cercana a los postulados de los partidos de izquierdas. Sin embargo, tanto Pimec como Conpymes se han mostrado muy críticos con las últimas iniciativas del Ministerio de Trabajo, desde la reducción de jornada a las subidas anuales del salario mínimo.

Aunque el bloque contrario a las 37,5 horas no es unánime dentro de los asociados de Conpymes, UATAE y Fedepe son más favorables, la mayor parte sí coincide en que la reducción de la jornada por ley supone “un notable incremento de costes sin contrapartida”, como ha señalado su presidente, José María Torres, y piden que la jornada solo se regule a través de la negociación colectiva, por lo que la patronal tratará de frenar la norma en el Congreso consiguiendo el voto negativo de algunos partidos.

Desde Pimec y Conpymes reivindican su independencia política y defienden que el verdadero motivo del Gobierno para ampliar la representatividad empresarial es un mandato que viene del Consejo de la Unión Europea, organismo compuesto por los ministros de cada uno de los países de la UE. En concreto, en una recomendación publicada el 12 de junio de 2023 se señala la necesidad de que los Estados miembros desarrollen las normas de la representatividad empresarial y sindical basándose en criterios objetivos. Posteriormente, el Gobierno incluyó la reforma de la representatividad empresarial en el Plan Anual Normativo de 2024 para ampliar el diálogo social tripartito, pero no hay más avances al respecto.