Bucle de temporalidad en el sector público: por qué contrata a más interinos de los que estabiliza

La temporalidad del empleo público alcanzó una tasa media del 28,8% en 2024, un punto por encima del nivel anterior a la pandemia a pesar de la reforma comprometida en el Plan de Recuperación y plasmada en la Ley 20/2021. Aunque el hito de estabilización de interinos para recibir los fondos de Bruselas se ha cumplido, la temporalidad triplica el objetivo del 8% marcado como objetivo político y se debe a la incapacidad de las administraciones públicas para planificarse a medio plazo.

Por el momento, la reforma solo ha conseguido la transformación de 320.000 puestos temporales en permanentes, según los últimos datos de Función Pública, pero los procesos de selección de personal no han cambiado y las plantillas continúan arrastrando un problema de envejecimiento, lo que provoca que se mantenga el bucle de la temporalidad: algunos trabajadores públicos salen de ella, pero los que han entrado son más.

La evolución del número de interinos, que son la mayor parte de los empleados públicos temporales, ilustra el fenómeno. Según el boletín estadístico que publica semestralmente Función Pública, en julio de 2024 había paradójicamente 65.387 interinos más que en julio de 2021, meses antes de la aprobación de la ley de estabilización. La diferencia es aún mayor, de 193.023, si se compara con el número de interinos de julio de 2019. El total de interinos alcanza los 725.521, y aunque desciende desde el máximo que marcó en enero de 2023, está lejos de volver a la cifra anterior a la pandemia. Este aumento de los interinos explica la persistencia de la elevada tasa de temporalidad.

El problema reside en que contratar a un interino es mucho más ágil que incorporar a un funcionario de carrera (proceso que suele durar tres años) y la tensión en las administraciones públicas es creciente ante las bajas sobrevenidas que se producen, las jubilaciones y el aumento de la carga de trabajo al tener que atender cada vez a más población envejecida. Desde UGT Servicios Públicos trasladan que es especialmente en el ámbito sanitario dónde se siguen cubriendo vacantes nuevas con interinos y que también son muy frecuentes los cambios de programas temporales cuando se cumple la duración máxima de los mismos, generalmente de tres años, evitando hacer fijo al empleado.

Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, considera que “con la legislación que hay hoy en día y cuáles son los plazos es muy difícil” que la temporalidad baje a un nivel aceptable. Descarta por completo llegar al objetivo de temporalidad del 8% este año, una ratio que solo cumple la administración estatal. El sindicato va a proponer al ministerio un conjunto de cambios para reducir la temporalidad en el marco de las negociaciones del nuevo acuerdo marco plurianual, aunque las conversaciones no se han iniciado aún y van con retraso.

En concreto, proponen una modificación legislativa del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para acortar los procesos selectivos y que pasen de un máximo de tres años actuales a uno y medio, 18 meses, desde que una plaza se oferte hasta que se ocupe. También pedirán que los aprobados que no han conseguido plaza por no llegar a los puntos requeridos no tengan que volver a presentarse, creando bolsas de aprobados a las que las administraciones tengan que acudir en vez de sacar nuevos procesos desde cero. Esto evitaría recurrir con tanta frecuencia a los interinos para cubrir puestos nuevos, ya que actualmente incluso se dan situaciones de caducidad de plazas ofertadas porque no se llegan a hacer los exámenes.

Por otra parte, UGT sospecha que se podrían estar haciendo contrataciones irregulares temporales a pesar de la reforma incluida en 2021 en el EBEP para tratar de limitar la temporalidad abusiva, por lo que piden un endurecimiento de la disposición adicional 17º para “focalizar la responsabilidad” en los gestores de recursos humanos de las distintas administraciones públicas. Piden poder “identificar a la persona y que haya sanciones” si se rebasan los límites a las contrataciones temporales. Mientras tanto, plataformas de interinos han denunciado en instituciones europeas los abusos de temporalidad en las administraciones españolas, pero la jurisprudencia del Supremo deja poco margen para que obtengan victorias por la vía judicial.

Parálisis en Función Pública

Otra barrera que impide una mejor planificación y gestión de las plantillas de las administraciones públicas a medio plazo son las tasas de reposición. José Luis Escrivá anunció en su etapa como ministro de Función Pública la sustitución de esta referencia por un nuevo modelo que se negociaría con los sindicatos y se incluiría en los presupuestos generales del Estado de 2025, pero no hay avances en ninguno de los dos ámbitos. Con toda probabilidad, la OEP que el Gobierno apruebe este año volverá a estar sujeta a la tasa de reposición, algo muy criticado por los sindicatos y que llevó a que todos menos UGT rechazaran la última oferta por considerarla insuficiente.

No obstante, a los sindicatos les urge más cerrar las nuevas subidas salariales para 2025 y los próximos años tras la finalización del último acuerdo marco en diciembre. CCOO y CSIF se manifestarán en los próximos días para exigir el inicio de las negociaciones y todos los sindicatos piden subidas de sueldo por encima del IPC para ganar poder adquisitivo. Por el momento, el Gobierno no ha aprobado la subida adicional del 0,5% de 2024 incluida en el real decreto 4/2024 y vinculada a la situación macroeconómica, a pesar de que solo requiere el visto bueno por parte del Consejo de Ministros.