El coste de la mala técnica política: El Estado gasta 1.000 millones al año por juicios perdidos

La mala técnica legislativa y política de los diferentes gobiernos tienen un alto coste fiscal para España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que el Estado ha gastado 1.005 millones de euros al año en promedio de la última década por sentencias judiciales. En las últimas décadas han proliferado las demandas contra el Estado por esta mala técnica legislativa que finalmente los tribunales han ido reconociendo.

Para los distintos gobiernos, su mala praxis política supone dejar una herencia envenenada a sus sucesores, ya que dados los tiempos judiciales, lo normal es que los costes fiscales de esta mala técnica legislativa se materialicen en legislaturas sucesivas. Esta cuantía no incluye el gasto en intereses, ya que la AIReF ha sido incapaz de localizar este gasto desagregado en la información presupuestaria y sólo incluye indemnizaciones y compensaciones.

La AIReF ha cuantificado el gasto de la Administración Central en sentencias desde 2014 hasta el año 2022, en una cuantía que supera los 10.000 millones de euros. En este periodo, el fallo más costoso ha sido la devolución del cánon hidráulico con efecto retroactivo, aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, con un coste de 1.737 millones de euros. También destaca la devolución del céntimo sanitario, introducido por el Gobierno de José María Aznar, con un coste de 1.671 millones de euros y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor en el año 2013, por valor de 1.454 millones de euros.

La Autoridad Fiscal detecta que existen "errores recurrentes" en los disferentes gobiernos. En concreto, detecta cuatro acciones que terminan provocando este coste fiscal. El uso inadecuado de la figura del real decreto-ley para modificar impuestos, la extramilitación de los gobiernos en sus decisiones por encima de lo que permite la ley, la omisión de advertencias que hace la Unión Europea por incumplimientos de la normativa comunitaria o por reiteración de decisiones que previamente ya han sido anuladas por los tribunales. Esto significa que existe una panoplia de acciones que van desde la mala técnica legislativa hasta la postergación de decisiones que pueden ser políticamente complicadas.

Por ejemplo, en 2016 el Gobierno de Rajoy aprobó dos RDL para enmendar el impuesto sobre sociedades. Ambos decretos fueron anulados parcialmente por el Tribunal Constitucional por el uso inadecuado de la figura del decreto, pero las sentencias se realizaron con cuatro años de diferencia. La AIReF señala que el Gobierno podría haber previsto que el segundo decreto también iba a ser anulado y corregirlo para evitar un coste mayor para las arcas públicas.

La AIReF señala que el Estado podría mitigar los riesgos judiciales si realiza algunos cambios para mejorar su técnica legislativa. Entre las recomendaciones que hace al Gobierno está consultar a los organismos europeos decisiones que puedan chocar con la normativa comunitaria, utilizar "de manera rigurosa los instrumentos legales" o una revisión constante del cuerpo legal para garantizar que cumplen con la normativa en vigor y la jurisprudencia.

Estos gastos no se terminan aquí. El Estado tiene otra panoplia de sentencias desfavorables que tendrá que pagar en los próximos años. "En un futuro inmediato hay otras sentencias que van a tener un impacto muy importante sobre el déficit público", explican fuentes de la AIReF. Esto incluye, por ejemplo, la devolución del IRPF a los mutualistas, la segunda sentencia señalada del decreto que modifica el impuesto sobre sociedades de 2016, o el tipo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos anulado por la justicia europea.

El coste de las sentencias que están por devolver podría superar los 12.000 millones de euros. Esta cuantía es la que ha consignado el Estado en la Cuenta General durante los últimos años como una estimación del impacto potencial de los fallos. Sin embargo, la devolución final podría ser muy inferior, sobre todo en el caso del tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, ya que Hacienda ha consignado la devolución de los 6.500 millones de la recaudación íntegra de esta figura. La AIReF explica que no está claro que se vaya a devolver la totalidad, ya que las empresas afectadas repercutieron el grueso del tributo al consumidor final, por lo que está por ver cómo será la devolución.

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"Estas demandas suponen un riesgo significativo para las finanzas de las administraciones públicas", advierte la AIReF. De ahí que recomiende incluir las potenciales sentencias judiciales en los presupuestos de cada año. Este cálculo forma parte de un informe publicado por el organismo, Opinión sobre riesgos fiscales, en el que detecta posibles desviaciones de gasto derivadas de eventos imprevistos. El informe cuantifica también el coste para las arcas del Estado derivado de catástrofes naturales y sanitarias. Desde 2005 hasta 2023, el Estado se gastó 47.157 millones de euros en estos riesgos naturales (incluyendo el coste de la pandemia).

La AIReF recomienda crear un fondo específico para catástrofes naturales, dada la recurrencia de las mismas a lo largo del tiempo. Este crédito presupuestario actuaría como el fondo de contingencia, pero se utilizaría exclusivamente para financiar estos gastos naturales y sanitarios.