El Cercle pide que Madrid sea más solidaria en la nueva financiación autonómica

El Cercle d'Economia pide que la reforma de la financiación autonómica, que lleva más de diez años aplazándose, se convierta en el eje de la legislatura y, como novedad, pide que el cambio implique que la Comunidad Autónoma de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, sea más solidaria con el resto de España. En cambio, se obvia la misma petición para las Comunidades forales, Euskadi y Navarra, algo que, por ejemplo, sí puso sobre la mesa Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Según los autores de la nota, "la solidaridad de la comunidad autónoma de Madrid con el resto del territorio debe reforzarse. El sistema actual, dado que no reconoce esta ventaja, favorece el drenaje de recursos de esta comunidad autónoma del resto de España. Este hecho se ha acentuado con la intensificación de la competencia fiscal impulsada por esta comunidad, que atrae a población y actividad económica de las comunidades que le rodean y, por tanto, exacerba la desigualdad territorial y perjudica al conjunto de España".

"El caso de la Comunidad de Madrid merece especial mención. La reforma del sistema de financiación debería servir también para reconocer la responsabilidad de esta región como capital de España y los beneficios que obtiene por la concentración de actividad económica que el modelo institucional actual genera, como ha documentado a fondo el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)", asegura este lobby empresarial.

El Cercle denuncia que "la Comunidad de Madrid se beneficia de una concentración desproporcionada del empleo público estatal. Aparte de los diferentes ministerios, en la capital también se centralizan las sedes de otras muchas entidades dependientes de la Administración central que podrían ser ubicadas en todas partes".

"A esto se suma un sesgo significativo y crónico en la contratación pública a favor de las empresas con sede en Madrid y la concentración de infraestructuras estratégicas. Si la distribución del empleo público, la contratación y las infraestructuras se llevaran a cabo de forma armónica en todo el territorio, como reclamó el Círculo hace casi veinticinco años, la actividad económica de la comunidad autónoma de Madrid sería inferior, pero la cohesión territorial, económica y social de España saldría fortalecida", argumenta el Cercle en la nota presentada hoy.

Respaldo a Illa

La nota supone un notable respaldo a Salvador Illa y a su propuesta de reforma de financiación autonómica, pero sobre todo pide que no se aplace más, algo que no estaría tan claro teniendo en cuenta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejará el cargo en 2026 para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Pero la nota avala tanto la propuesta de que Cataluña tenga su nuevo cupo solidario como que el sistema pueda ser extendido a otras comunidades autónomas, una sofisticación del ya conocido café para todos.

El Cercle respalda a la Generalitat en su intento de un nuevo sistema de financiación

"Ya que esta solidaridad se articulara desde la Administración central, que es quien aseguraría que todas las CCAA dispusieran de los recursos necesarios para financiar el nivel básico acordado para las prestaciones sociales fundamentales. Esto evitaría que la igualación horizontal fuera percibida –y funcionara, en parte– como un juego de suma cero, según el cual lo que gana una CA va en contra de las demás. El consenso en torno al buen funcionamiento del sistema saldría reforzado", señalan en su nota.

Tres condiciones

Para que el nuevo mecanismo dote de más recursos a las CCAA, el Cercle pone el acento en que los mecanismos de solidaridad entre comunidades ricas y pobres sean transparentes, eficaces y justos, de modo que "todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan, podrán acceder a los servicios públicos básicos con la misma presión tributaria".

El Cercle propone como modelo "el cálculo del coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña cada año y, a partir de ahí, asignar un porcentaje de los tributos correspondiente a la Administración central que permita obtener los recursos estimados, o establecer una cuota de recursos a transferir, una opción seguramente menos compleja y más fácil de implementar, y cercana al modelo vigente en País Vasco y Navarra. Estos mecanismos responderían al espíritu del acuerdo y eliminarían el desequilibrio creciente entre los recursos que recauda la Administración central y los recursos de los que dispone directamente la Generalitat a través de los tributos cedidos".