El dilema del gasto en defensa: cargar la factura a los estados o un Next Generation 2.0

La amenaza que representa Rusia y la vuelta de Donald Trump han hecho despertar el debate europeo sobre la defensa del continente, que desde la creación de la OTAN había estado delegada en EEUU. Se trata de una cuestión de volumen de gasto, pero también de estructuras y de definición de estrategia: la Unión Europea tiene que decidir cuál es su modelo y lo tiene que hacer de manera acelerada, según señalaron los expertos en la última edición del observatorio El Confidencial-Mapfre.

Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs y exministra de Asuntos Exteriores, recordó que la UE tiene un "talón de Aquiles" en seguridad y defensa con un problema de capacidades y advirtió tres claves a abordar en el corto plazo. La primera, el aumento del gasto en defensa de cada país, para lo que la Comisión Europea ha planteado la cláusula de escape de las reglas fiscales. La segunda, modificar la normativa de ESG, que "impide" a las entidades financieras europeas, incluido el BEI, financiar proyectos en armas letales. Y, la tercera, que la UE decida cuánta emisión de deuda va a ser mancomunada.

El camino para activar las cláusulas de escape nacionales está allanado, sobre todo después de que Alemania haya iniciado el proceso de eliminar el tope de la ratio de endeudamiento de su constitución para el gasto en defensa, pero las posturas están más divididas respecto a la emisión de deuda europea a pesar de la foto de unidad de los Veintisiete en el Consejo Extraordinario sobre defensa del pasado jueves. En el acto solo acordaron "acelerar los instrumentos europeos de financiación" y estudiar la propuesta de la Comisión de crear un instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos financiados conjuntamente, aunque Von der Leyen aspira a movilizar 800.000 millones totales de inversión en seguridad y defensa contando también con mayores gastos nacionales.

Si la cifra de los préstamos se pone en contexto, está por encima de los 100.000 millones emitidos en préstamos para el mecanismo SURE de apoyo al empleo durante la pandemia, pero entonces se trataba de una emergencia temporal, mientras que reconfigurar todo el sistema de defensa europeo requiere de un gasto adicional a medio y largo plazo. Lo cierto es que los mecanismos de préstamos han proliferado en los últimos años, siendo otro ejemplo es el de 50.000 millones para Ucrania, de los cuales 33.000 son préstamos procedentes de bonos europeos. De hecho, las emisiones de deuda conjunta se dispararon desde 2020 por la respuesta adoptada para la crisis de la pandemia y a principios de 2025 alcanzaron valores récord de 679 billones de euros de bonos en circulación.

Otra señal de que el instrumento conjunto para la defensa propuesto hasta el momento es insuficiente por sí solo es que supone el 60% del gasto que el think tank Bruegel calcula que la UE necesita aumentar anualmente para defender a Europa de Rusia sin EEUU. Por lo que, si no se amplía, el grueso del esfuerzo lo tendrán que hacer cada uno de los países. La disputa continuará en las próximas semanas, porque varios Estados miembros aspiran a más.

José Manuel González-Páramo, presidente del Consejo de Administración de European DataWarehouse, defendió durante el observatorio que parte de la defensa, como las fuerzas aéreas, se deberían considerar como un bien público europeo y que, como sugiere Draghi en su informe, se financie de manera mancomunada, lo que permite obtener préstamos a costes más favorables en los mercados que los que obtendrían la mayor parte de los Estados miembros por separado.

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Solo algunos países están en esta línea de un gran fondo mancomunado parecido al que se usó para los fondos Next Generation, que ascienden a casi 800.000 millones de euros, de los cuales la mitad son subvenciones. Esto fue un aspecto novedoso en comparación con el resto de programas financiados con deuda y llevó a la Comisión a implantar algunos impuestos nuevos a las empresas para ayudar a reembolsarlas. España lleva meses planteando un Next Generation 2.0, incluso antes de la actual crisis defensiva.

"La seguridad y la defensa son bienes públicos europeos y como tales deben ser financiados", defendió Pedro Sánchez tras el Consejo, resaltando que España dará la batalla para que el mecanismo incorpore también transferencias, además de préstamos, mucho más atractivas para los estados. La Comisión también ha planteado reorientar fondos europeos regionales como los de cohesión a gasto en seguridad y defensa y usar la financiación del Banco Europeo de Inversiones, pero son propuestas menos desarrolladas a la espera de que se presente el Libro Blanco sobre defensa el próximo 19 de marzo.

Esfuerzos distintos

Que el grueso de la inversión recaiga en cada Estado miembro implica diferencias notables porque los puntos de partida y la capacidad son distintos. Además, se corre el riesgo de que las inversiones sean menos eficientes. Así lo señaló Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, que propuso "organizar una estructura de gasto en defensa que tenga más sentido, empezando por compras comunes". Apunta a la armonización de equipos y a una estructura operativa común de fuerzas de intervención. Este diagnóstico es compartido por el resto de los expertos, pero reconocen la complejidad de llevarlo a cabo.

La primera diferencia en el esfuerzo que tienen que hacer los países para adaptarse al nuevo marco defensivo se encuentra en la ratio de gasto en defensa, que va desde el 4,12% sobre el PIB de Polonia o el 3,43% de Estonia a solo el 1,3% de España. Hasta ahora el objetivo había sido llegar al 2% en 2029, pero se está barajando que la meta sea superar el 3%. Además, dado que será una tendencia de aumento del gasto en el medio plazo, se requerirán una gran cantidad de apoyos políticos para incorporarlo a cada uno de los presupuestos nacionales.

La otra gran diferencia es la capacidad que tiene cada Estado miembro de gastar más y los desequilibrios fiscales con los que ya parten. Alemania se puede permitir un aumento considerable de su ratio de deuda al partir de una comparativamente muy baja (el 62,4%), pero la situación es muy distinta en las otras tres principales economías del euro: Italia tuvo, en el tercer trimestre de 2024, según los últimos datos disponibles en Eurostat, un 136,3%, Francia un 113,8% y España un 104,3%. Aunque las reglas fiscales se flexibilicen, los tres tendrán que acudir a los mercados a emitir más deuda para financiar la defensa y ahondarán más en sus déficits con el riesgo de que los mercados de bonos terminen penalizando con un aumento del precio de su deuda.

Por otra parte, esto se produce en un momento en el que los estados del bienestar empiezan a estar cada vez más tensionados por el envejecimiento, que también requiere de mayor gasto en pensiones y en sanidad y producirá en el medio plazo una merma de los ingresos tributarios por el trabajo. Tanto el aumento del gasto en defensa como el del envejecimiento se consolidarían, lo que lleva a pensar, según señaló De la Fuente, en que serán necesarios más ingresos, además de recurrir a más deuda. Otro debate que requiere de complicados apoyos políticos y que la Comisión Europea ya está orientando hacia los impuestos del capital.