Lo que Trump nunca aprendió de los errores de Ronald Reagan

En agosto de 1985, el economista David Stockman, entonces director de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, presentó su dimisión a Ronald Reagan (1911-2004). No era fácil hacerlo. Reagan, como se sabe, ha sido uno de los presidentes de EEUU con mayor carisma y apoyo popular, y quien le dimitió por desavenencias con su gestión era un brillante economista a quien muchos han considerado el padre de la reaganomics. Es decir, aquella revolución conservadora que provocó un seísmo en la economía internacional, iniciando un proceso de privatizaciones, desregulaciones y liberalizaciones sin parangón desde que en 1944 nació el sistema de Bretton Woods.

Inmediatamente después de su dimisión, Stockman publicó un libro denominado El triunfo de la política en el que explicaba los motivos de su renuncia. El principal argumento era que Reagan había traicionado la revolución conservadora con una estrategia de política económica suicida. El ex actor, en lugar de contener el gasto público, había hecho justo lo contrario, provocando un incremento de la inflación con la consiguiente respuesta de la Reserva Federal. Los tipos de interés, lejos de relajarse, subieron, lo que provocó una recaída de la economía de EEUU. Es muy conocido que a Paul Volcker, el super banquero central, nunca le tembló el pulso a la hora de endurecer la política monetaria, y fue tan así que en medio del mandato de Reagan, con todo su poder, elevó el tipo de interés real (descontada la inflación) del 6,6% al 8,1%. Por lo tanto, coincidiendo con las elecciones intermedias de EEUU, el primer rubicón que deben pasar los presidentes del país a los dos años de llegar a la Casa Blanca.

¿En qué se había equivocado Reagan? Según Stockman, en que la reducción de impuestos promovida por Reagan (como la prometida por Trump) no fue acompañada de una reducción del gasto público por la oposición de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que finalmente provocó un ensanchamiento del déficit y de la deuda pública, generando fuertes desequilibrios macroeconómicos. En plena guerra fría, aumentó el gasto en defensa en vertical con proyectos como el escudo antimisiles (llamado Iniciativa de Defensa Estratégica) que ahora, paradójicamente, Trump quiere imitar.

Es verdad que la política monetaria contractiva de la Reserva Federal (con un fuerte coste en términos de empleo) había reducido la inflación al 1,9% en 1986, pero al final del mandato de Reagan, en 1989, ya se había disparado hasta el 4,8%. Eran tiempos, hay que recordar, en que los conservadores no se cansaban de repetir que la inflación era el impuesto de los pobres, pero ese latiguillo no iba con ellos. La deuda pública se multiplicó por dos entre 1981 y 1986 y hasta el triple al final del segundo mandato, dando al traste con las promesas de Reagan, cuyo éxito, sin embargo, estuvo en que su visión de la economía política —era un gran comunicador— se extendió por medio mundo dando lugar a lo que se ha llamado consenso de Washington. La famosa servilleta de Laffer, en este caso, había sido un fiasco. Es decir, cuando se bajan los impuestos para recaudar más.

Vuelve Laffer

Medio siglo después de aquel chasco, Donald Trump ha recuperado la figura de Arthur Laffer (84 años), a quien recientemente condecoró con la medalla presidencial de la libertad. Laffer, conocido trumpista, incluso escribió un libro en defensa de lo que denominó la trumponomics, se encuentra entre quienes susurran al oído al presidente de EEUU pese a que en ningún país del mundo han triunfado sus tesis. Pese a la bajada general de impuestos que se ha producido desde los años 80 y 90, lo cierto es que la deuda pública en el mundo ha crecido hasta representar el 95,4% del PIB a finales de 2024. Nunca el sector público ha tenido tantos números rojos.

La razón es muy simple: las reducciones de impuestos no han ido acompañadas de reducciones del gasto. Entre otros motivos, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. En un contexto de brutal ensanchamiento de las desigualdades, las necesidades de los gobiernos son cada vez mayores para proporcionar prestaciones básicas que hay que atender: salud, enseñanza, seguridad ciudadana, infraestructuras que garanticen la movilidad, inversión en I+D y, por supuesto, defensa. También, como es lógico, el servicio de la deuda, que en todos los presupuestos públicos ocupa una parte importante. En cualquier presupuesto público más del 95% del gasto está ya asignado a 1 de enero de cada año, lo que limita el margen de maniobra.

Es decir, hay razones estructurales que explican que el gasto público en relación al PIB, lejos de disminuir, siga creciendo, lo que necesariamente tiene que ver con que el sistema económico no da más de sí. Obviamente, salvo que se quiera volar los elevados niveles de bienestar alcanzados en las últimas décadas por las economías avanzadas, con las consecuencias que ello tendría desde el punto de vista de la estabilidad y la cohesión social. Y, por supuesto, electorales.

Sin necesidad de ir más lejos, muchos recordarán al primero de los Bush diciendo en la convención republicana de 1989 (inmediatamente después del mandato de Reagan): “Lean mis labios, no habrá nuevos impuestos”. Lo primero que hizo, como se sabe, fue subirlos, lo que explica que apenas cumpliera un mandato. Cuando llegó Clinton, su sucesor, hizo lo propio. Trump está ahora embarcado en bajarlos, lo cual sirve, efectivamente, para ganar elecciones. No es que haya inventado algo nuevo. Piensa, como en el siglo XIX, en la época del mercantilismo, que poniendo aranceles (que no dejan de ser un impuesto) se podrán bajar los tipos impositivos sin que afecte a la inflación. Ni siquiera Reagan se atrevió a tanto.

Las reducciones de impuestos no han ido acompañadas de reducciones del gasto, porque una cosa es predicar y otra dar trigo

Trump, como se sabe, ha confiado la reducción del gasto a una oficina ajena a la Administración (¿?) que ha denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Su equipo no lo forman expertos fiscales o especialistas en contabilidad presupuestaria, sino que su único enfoque es el ideológico. El objetivo es liquidar los programas que suenen a woke o a clientelismo político. Hay un problema, sin embargo, y no es pequeño. Ese tipo de programas no son cuantitativamente los más importantes, de hecho, muchos de ellos son presupuestariamente irrelevantes, aunque sean los más vistosos para agitar las redes sociales y ganar votos.

Ingresos y gastos

Como todo el mundo sabe, el equilibrio presupuestario depende de dos variables: los ingresos y los gastos, y Trump está camino de caer en el mismo error que Reagan. Quiere bajar los impuestos, pero, al mismo tiempo, ha prometido enormes incentivos económicos en aras de volver a hacer grande a América, como dice su eslogan favorito. Ha anunciado, de hecho, la creación de un fondo soberano para aumentar la riqueza del país. El problema es que, al contrario de lo que le pasa a Noruega, que tiene la bendición de los hidrocarburos, no cuenta con ahorro público, por lo que debe tirar de emisiones de bonos para financiarlo (más deuda pública). Trump dice que el fondo soberano nace con 5,7 billones de dólares en activos, pero sólo 1,2 billones están en efectivo o en oro. El resto es ilíquido: inventario, propiedades, bosques y 1,7 billones en préstamos por cobrar. No parece suficiente.

Trump, nada más tomar posesión, se reunió a puerta cerrada con los líderes de la Cámara de Representantes y lo que les prometió es continuar con las partes que vencen de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, expandir la deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés), promulgar exenciones fiscales para los bienes fabricados en EEUU, reducir los impuestos sobre los ingresos provenientes de propinas, pago de horas extra y beneficios de la Seguridad Social, y, por último, eliminar las exenciones fiscales para los propietarios de estadios deportivos y de participaciones en beneficios. Algunas estimaciones han calculado que el coste de esas medidas desde el punto de vista de los ingresos se situará entre 5 billones y 11,2 billones de dólares, lo que llevaría a aumentar el endeudamiento público por encima del 132% en 2035.

Opinión

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Marta García Aller

No hace falta, siquiera, mirar al futuro. Hace unas semanas, la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen una resolución presupuestaria republicana que prevé recortes fiscales por valor de 4,5 billones de dólares y una reducción del gasto federal en 2 billones de dólares a lo largo de una década. Está todo dicho. La votación salió adelante por 217 contra 215, lo que da idea de las dificultades que tendrá el todopoderoso Trump para aprobar el presupuesto.

No sin razón, contaba el propio David Stockman, que en una ocasión, y después de comprobar cómo se habían alterado los presupuestos a su paso por el Senado, un liberal desencantado, el senador David Obey, de Wisconsin, se acercó a él y le dijo: "Probablemente nos habría salido mucho más barato conceder tres deseos a cada uno de los habitantes del país".