La quita de la deuda a las CCAA obligaría a Euskadi y Navarra a pagar parte de los intereses

La condonación de la deuda autonómica propuesta por el Ministerio de Hacienda sólo beneficiará a las comunidades del Régimen Común. Las forales tienen su sistema propio y están al margen del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, el cambio de manos de la deuda, desde las comunidades a la Administración Central, tiene importantes implicaciones para el País Vasco y Navarra: tendrán que asumir la parte que les corresponde del pago de los intereses de esta nueva deuda estatal.

Las leyes del concierto vasco y el convenio navarro contemplan que los intereses de la deuda del Estado son cargas no asumidas por las comunidades autónomas. Se entiende que la Administración Central se endeuda para financiar los servicios públicos comunes, por lo que ambos territorios tienen que contribuir al pago de estos intereses.

Las dos leyes que determinan los regímenes forales señalan específicamente como cargas no asumidas "los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado". De esta forma, los 7.000 millones de euros de intereses de las autonomías que pasarán a la Administración Central tendrán que incorporarse a la aportación anual que hacen los dos sistemas forales.

Cada comunidad tendrá que asumir el pago correspondiente a su índice de imputación. Esto es, es el 6,24% en el caso del País Vasco y el 1,6% en el de Navarra. Si se toman por buenos los cálculos iniciales del Ministerio de Hacienda, que apuntan a un coste en intereses de 7.000 millones de euros, implicaría que el País Vasco tiene que asumir 437 millones de euros y Navarra, 112 millones. En total, casi 550 millones de euros.

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El traspaso de este coste de intereses a las comunidades forales no será inmediato, sino que tienen que incorporarse a la actualización del cupo y el convenio, que se actualizan con carácter quinquenal. En el caso de Navarra, su sistema venció en 2024 y tiene que ser actualizado este ejercicio, mientras que el cupo vasco se prolongará hasta 2026.

Navarra está blindada en esta actualización. En el caso de que todo vaya según los planes de Hacienda, la ley de la quita no estará aprobada hasta finales de año. Tiene tiempo para blindarse del pago de los intereses en el próximo quinquenio. Por el contrario, el cupo vasco si se revisará después de la aprobación de la ley, por lo que debería incorporar ya su parte del pago de estos intereses.

Sin embargo, como siempre ocurre con las comunidades forales, la opacidad de cálculo de su aportación permitirá al Gobierno de turno perdonarle este coste. Es una situación similar a lo que está ocurriendo actualmente con las pensiones. El Estado está pagando el grueso del déficit de la Seguridad Social con transferencias anuales, que también son una carga no asumida por Euskadi y Navarra. Esto significa que deberían estar realizando una importante contribución al sostenimiento de las pensiones. Sin embargo, en la práctica no lo están haciendo, ya que su pago al Estado no sólo no ha aumentado, sino que incluso se ha reducido.

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Esta opacidad es lo que utilizan siempre los Gobiernos estatales para comprar los apoyos del PNV. Sin embargo, también habría una vía legal y transparente para hacerlo: cambiar las normas forales para que no asuman el pago de los intereses de esta deuda condonada a las comunidades del Régimen Común. Porque este pasivo, de 83.000 millones de euros, generará un pago de intereses a perpetuidad, salvo que el Estado tenga superávit y amortice esa deuda.

Algo que no parece factible en el medio plazo dada la cantidad de gastos que tiene que asumir a futuro: pensiones, Defensa, Sanidad… Por mucho que la ley diga que tienen que pagar, es difícil que un gobierno vaya a hacer que estos territorios pasen por el aro.