El CES pide suavizar el veto a los wasaps fuera de horario laboral en algunos sectores

El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este miércoles el dictamen sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el texto evidencia una falta de consensos en las principales cuestiones entre los 61 consejeros que forman el organismo. Además, los pocos puntos acordados son críticos con que haya un tratamiento homogéneo para todos los sectores en aspectos como el registro horario, la desconexión digital y la entrada en vigor de la ley.

El dictamen del órgano consultivo no es vinculante, la norma continuará con su procedimiento legislativo y el Gobierno puede no incorporar nada de lo que en él se recomienda. No obstante, el texto aprobado casi de manera unánime y sin votos particulares supone un varapalo político para el equipo de Yolanda Díaz y tendrá seguramente repercusión en las negociaciones de los grupos parlamentarios. En concreto, la votación ha tenido dos votos negativos de los sindicatos ELA y CIG y una abstención, según confirman fuentes del CES.

El punto más llamativo del dictamen es el que analiza la desconexión digital, derecho que el anteproyecto de reducción de jornada unifica y refuerza y que no había sido motivo de disputa pública en las negociaciones entre la patronal y los sindicatos en los últimos meses. El derecho ya existe actualmente porque se incorporó en la ley de 2018 de derechos digitales, en el propio Estatuto de los Trabajadores y en la ley 2021 de trabajo a distancia, consensuada tanto con la CEOE y Cepyme como con CCOO y UGT. Por ello, sorprende que el dictamen del CES critique ahora el fondo de la nueva regulación, aunque sin llegar a una postura completamente acordada.

“A pesar del intenso y profundo proceso de diálogo mantenido (...) no se han podido alcanzar consensos entre los grupos representados en esta institución”, señala el dictamen, pero sí pide flexibilizar el derecho, de manera que “en las excepciones a la prohibición de comunicación con las personas trabajadoras por concurrir circunstancias excepcionales justificadas se tenga en cuenta a sectores, actividades y situaciones con necesidades propias y específicas de su actividad productiva”.

TE PUEDE INTERESAR

La reducción de jornada divide al CES y amenaza a Yolanda Díaz con un dictamen en contra

Cristina Dolz

El dictamen menciona de manera concreta a las explotaciones agrarias por ser dependientes de la climatología, pero también a “otras actividades (sin especificar cuáles) cuyas características pueden requerir esa excepcionalidad”, lo que abre la puerta realmente a cualquier sector. Este punto ha sido introducido por las asociaciones del sector primario porque, según explican fuentes del sector, es habitual que se manden mensajes por cuestiones organizativas a cualquier hora, por lo que la rigidez del derecho les genera "preocupación". El documento también recomienda que el anteproyecto de ley aclare si las políticas internas de desconexión se deben negociar a nivel sectorial o en cada empresa.

Relacionado con las implicaciones digitales de la nueva jornada, y también por petición expresa del sector agrario, se señalan puntos negativos del nuevo registro horario que establece el anteproyecto de ley, obligando a que sea por medios digitales. El dictamen considera que es positivo clarificar la regulación en un solo artículo (el 34 bis del Estatuto de los Trabajadores), pero pide “tener en cuenta las dificultades que el cumplimiento de este requisito entraña en muchos casos, como respecto a las personas que no utilizan herramientas informáticas en su puesto de trabajo o prestan servicios en instalaciones del cliente o en lugares de trabajo en zonas con poca cobertura o falta de conectividad por déficit de infraestructuras”.

TE PUEDE INTERESAR

La desconexión digital del trabajo: un derecho aún en pañales cinco años después

Pedro del Rosal

En particular, el CES considera necesario que la norma tenga en cuenta la realidad productiva diferencial, entre otros, de los sectores agrario y pesquero, donde "la aplicación de medios digitales para el registro de jornada puede resultar especialmente complicada por el propio carácter del trabajo realizado, que se desarrolla en plena naturaleza, donde el acceso a medios digitales resulta difícil y, en muchas ocasiones, en lugares donde no existe cobertura".

Tampoco se ha podido cerrar una postura unánime del organismo “sobre aspectos nucleares” del nuevo sistema de registro, como el acceso remoto por parte de la Inspección de Trabajo, la calificación de las horas en los asientos, el registro de las interrupciones y el aumento de las sanciones por incumplimientos.

Aplicación flexible por negociación colectiva

En general, el organismo no ha logrado cerrar filas en prácticamente ninguno de los puntos centrales, ni siquiera en sí la reducción de jornada se debe hacer por negociación colectiva o por ley. En el dictamen se reconoce "la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral", pero con "diferencias significativas entre las organizaciones representadas respecto del instrumento normativo para alcanzar estos objetivos". Sí han quedado descartadas las posturas de máximos de las partes enfrentadas. El texto no hace ninguna alusión a la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos del anteproyecto, como lleva argumentando la patronal en las últimas semanas, ni señala los beneficios en la productividad y en la economía que defienden los sindicatos.

TE PUEDE INTERESAR

¿Te llegan WhatsApp de tu jefe fuera del horario laboral? Dónde está el equilibrio (y el límite)

Lucía Puerto

Sin embargo, el tono crítico se mantiene en todos los puntos y se pide expresamente flexibilidad en la aplicación de la ley y en la entrada en vigor, mensajes muy en línea con lo que pedía el Ministerio de Economía, pero que el anteproyecto no recoge al trasladar tal cual el acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. “En opinión del CES, resulta aconsejable dotar al Anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma”, porque “será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, entre las que cabe mencionar solo a modo de ejemplo, las agrarias y las pesqueras”.

En concreto, recomienda que se establezca un sistema de entrada en vigor “jurídicamente más claro” para la nueva jornada máxima, contemplando un régimen transitorio a través de la negociación colectiva, “teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño de las empresas”. En la misma línea, reclama “una política de medidas de acompañamiento complementarias”, sin especificar cuáles, y que se tenga en cuenta la situación de las empresas con contratos públicos en vigor para las que la reducción suponga incrementos de costes.

También se critica que la exposición de motivos y la Memoria de Impacto Normativo no incluyan “una evaluación más precisa y detallada” del impacto económico que la entrada en vigor de la norma tendrá en diferentes ámbitos y en las diversas realidades del tejido empresarial español, “particularmente en las microempresas, las pymes, y el sector primario”.