CCOO y UGT rechazan la propuesta de extender a 72 años la jubilación forzosa de los funcionarios

Comisiones Obreras y UGT rechazan la propuesta del PSOE para retrasar de 70 a 72 años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios. Su reacción llega pocas horas después de que el Grupo Socialista presentara en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas a la Ley de la Función Pública que se tramitará en los próximos meses. Los dos sindicatos han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan esta enmienda: "Es una medida que no contemplaba el acuerdo suscrito por los sindicatos y que no apoyan".

La enmienda ha causado un gran revuelo entre los funcionarios. Aunque la jubilación a la edad legal es un derecho para todos ellos, la ampliación en dos años del periodo para la jubilación forzosa ha sido mal recibido entre los trabajadores de la Función Pública. Este punto no formaba parte del acuerdo que firmó el Ministerio con los sindicatos en diciembre, por lo que tanto CCOO como UGT han anunciado que "se desvinculan" de la propuesta. Sin el apoyo de los trabajadores, es difícil que esta enmienda salga adelante. Un nuevo problema para el Gobierno en el Congreso.

Por el contrario, el otro gran sindicato entre los trabajadores públicos CSIF, no ve con malos ojos la propuesta. Además, ha recordado en un comunicado, que "la ampliación de la prórroga de la jubilación hasta los 72 años depende de la discrecionalidad de la Administración, que deberá autorizarla caso por caso".

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CCOO y UGT apoyan el resto de las 34 enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto de ley. Ente las medidas más aplaudidas están la recuperación de la jubilación anticipada y parcial, que se eliminó en el año 2012. Un apoyo rotundo a la posibilidad de trabajar menos, pero un rechazo a la posibilidad de trabajar más años.

Los dos sindicatos consideran que la jubilación anticipada y parcial "permitirá rejuvenecer las plantillas, disminuir la precariedad y restituir derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones". Este es un derecho que todavía no han recuperado los funcionarios, pero del que sí disfrutan los trabajadores del sector privado.

"UGT y CCOO hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que la tramitación de la ley respete las medidas contenidas en el texto firmado por ambas organizaciones sindicales y el Ejecutivo", señalan en un comunicado. CSIF, por el contrario, hace una lectura menos positiva de las enmiendas presentadas por el PSOE. En su opinión, "dejan pendientes mejoras significativas en materia de retribuciones, pensiones y permisos".

Por ejemplo, el sindicato reclama que esta ley incorpore la regulación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios. También pide que se avance en la equiparación salarial entre el personal de la Administración del Estado con los del resto de AAPP.

CSIF también considera insuficiente el permiso parental para el cuidado de hijos menores de 8 años incorporado en las enmiendas. El PSOE propone que el permiso tenga una duración anual máxima de 8 semanas, de las cuales 2 serán retribuidas. CSIF, por el contrario, recuerda que la directiva europea "marca un permiso de 4 meses, con 8 semanas retribuidas".