Bruselas empuja hacia una autarquía verde ante el viraje geopolítico de EEUU

La Comisión Europea propondrá incentivos fiscales y más medidas de apoyo a las industrias que deben pasar por un proceso de descarbonización en el marco del Pacto de Industria Limpia (Clean Industrial Deal), que se publicará el 26 de febrero y a cuyo borrador, que todavía puede sufrir cambios, ha tenido acceso El Confidencial. Este dossier, una de las grandes iniciativas de Bruselas para los próximos cinco años, ha estado pilotada por la española Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Transición, y Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo a cargo de Mercado Interior.

El documento todavía está incompleto, y entre otras cosas deben concretarse los montantes que la Comisión cree que se podrían movilizar de fondos europeos, pero supone una especie de 'autarquía verde' para mantener vivas las ambiciones climáticas impulsando las tecnologías limpias producidas en Europa en un contexto internacional que no ayuda.

Esta hoja de ruta llega en pleno viraje geopolítico de Estados Unidos, en el que Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin están aprovechando las negociaciones para imponer una paz en la guerra de Ucrania y explorar alianzas para explotar yacimientos de hidrocarburos en el Ártico. Si el masivo plan de subvenciones de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) que ideó la administración estadounidense de Joe Biden generó el pánico a que las industrias limpias europeas se trasladaran a Estados Unidos, el miedo ahora es que la nueva administración americana, liderada por Donald Trump, provoque una ola de reacción en contra de los objetivos climáticos que impidan a la Unión Europea alcanzar su meta de una descarbonización a mitad de siglo y el desarrollo de un nuevo modelo de negocio basado en las energías limpias.

Trump ha representado un cambio de paradigma que afecta de manera directa a las tecnologías limpias, pero también a los objetivos climáticos generales. Un golpe de timón que está teniendo repercusión en los estándares ambientales y en responsabilidad corporativa (EGS) y que, de alguna manera, se está contagiando a Bruselas con una agenda de “simplificación” regulatoria que preocupa a ciertos sectores. En general, la nueva Comisión Europea está haciendo un trabajo de desmontar ciertas cosas acordadas o puestas en marcha en estos últimos años, y este Clean Industrial Deal es una de las pocas piezas que mantiene los objetivos que sustentaron el Pacto Verde y busca ahora llevar a la práctica para las industrias más difíciles de descarbonizar.

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Entre 2010 y el 2021, años difíciles para la economía europea, la industria limpia ha tenido un “crecimiento inusitado”, creciendo al doble del ritmo de la expansión del producto interior bruto entre 2010 y 2021, según datos del Centre for European Reform, un think tank económico. El objetivo de la Comisión Europea es ahora tratar de retener el modelo, y pretende hacerlo con un plan centrado en el alivio de la presión sobre los proyectos limpios, el apoyo del Made in Europe, especialmente en licitaciones, e inversión pública europea. Si en el pasado, el futuro del debate de la tecnología limpia en la Unión se enfocaba únicamente en cómo retenerla en Europa ante una potencial carrera subvencionista entre Estados Unidos y China, la nueva estrategia consiste en cómo sobrevivir a esta nueva época. Una especie de “autarquía verde”, para ser capaz de mantener vivas las ambiciones climáticas impulsando a las tecnologías limpias producidas en Europa en un contexto internacional que no ayuda.

El plan de Bruselas pasa sobre todo por lograr una reducción de los costes de las industrias, los grandes demandantes de energía, y por incentivar la descarbonización de determinadas industrias de uso intensivo de energía. Lograr que bajen los precios de la energía es la “piedra angular” del plan de descarbonización. Los precios que afronta la industria europea son estructuralmente más altos que los de sus competidores americanos o chinos, y esa es una de las principales preocupaciones cuando se aborda el debate sobre la falta de competitividad.

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La Comisión Europea propone en su borrador un Plan de Acción para la Energía Asequible con una reforma del mercado energético para reducir costes, avales del Banco Europeo de Inversiones para acuerdos de compra de electricidad a largo plazo y la simplificación de normas de ayudas estatales para facilitar la inversión en infraestructuras energéticas. Su borrador también insiste en un despliegue masivo de energía renovable a través de una agilización de los permisos, una idea que pretende poner en marcha implementando “cuanto antes” las disposiciones correspondientes ahora incluidas en la Directiva de Energías Renovables. También propone una propuesta legislativa adicional para acelerar los permisos de proyectos de descarbonización, el “Acta de Aceleración”, que buscará eliminar los “cuellos de botella” en los permisos.

Su plan también cuenta con un protagonismo del gas entre tanta tecnología ‘verde’. Bruselas ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre el mercado del gas, y propone extender el Reglamento de Almacenamiento de Gas para evitar crisis energéticas sufridas como la de invierno de 2022. Además, el documento propone que “ya que el gas natural va a seguir siendo el elemento central a la hora de establecer los precios de la energía en los próximos años”, el Ejecutivo comunitario está listo para ayudar a los Estados miembros a diseñar medidas de ayudas de Estado.

Aunque no se menciona directamente la conocida como “solución ibérica”, que España y Portugal negociaron para reducir los precios de la energía, el texto deja claro que es una de las opciones que maneja el Ejecutivo comunitario. Ribera tuvo que pelear mucho en Bruselas para lograr que le permitieran desarrollar en España, y ahora trata de impulsar desde el otro lado. Estos planes “permitirían a los Estados miembros abordar picos de precios extremos y entornos de precios excepcionales, y desacoplar la traslación de los altos precios del gas en los precios de la energía”, apunta el texto, que señala, en clara referencia a la solución ibérica, que se podría hacer “basado en modelos comprobados en situaciones de emergencia”.

Uno de los puntos fuertes de este borrador es la propuesta de presionar a los Estados miembros para lograr rebajas de los impuestos energéticos y recargos en las facturas. Un elemento clave muy demandado tanto por oferentes como por los grandes consumidores de electricidad. Según datos de la consultora EY, desde 2008, los impuestos en la electricidad para consumidores no residenciales en la UE aumentaron del 15% al 35% para 2020. En este sentido, la comunicación sobre Clean Industrial Deal señala que “los Estados miembros deben reducir los impuestos energéticos a los umbrales legales mínimos”. La Comisión intentará presionar con una comunicación específica sobre gravámenes energéticos, que dentro del calendario que se maneja en el documento, se espera para el 2026.

Bruselas señala en otro punto del documento que “las políticas fiscales son un incentivo clave” para el cumplimiento del objetivo del Pacto de Industria Limpia, y subraya que la política fiscal “no debe dar ventaja a las energías fósiles sobre las energías limpias”. La Comisión señala también que recomendará a los Estados miembros que sus impuestos de sociedades se alineen con los objetivos climáticos.

Impulsar las industrias limpias europeas

Además, la Comisión busca, de distintas maneras, asegurarse de alinear otros instrumentos con la idea de desarrollar una industria limpia europea. Así, el Ejecutivo comunitario también trata de concretar más una idea que ya apareció en la hoja de ruta de legislatura que presentó la Comisión a finales de enero: “Aplicar una preferencia de Unión Europea en licitaciones públicas [y privadas] para asegurarnos mercados líderes para productos bajos en carbono”, se lee en la comunicación que Bruselas ha preparado para la presentación del Pacto de Industria Limpia, una de las grandes iniciativas de la legislatura. Un Made in Europe que busca que estas licitaciones no beneficien a empresas de países terceros, ahora fundamentalmente chinas, que cuentan con importantes subsidios que les permiten ofrecer precios más competitivos.

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En 2026, Bruselas hará su propuesta para reformar el marco de licitación pública europea para hacer “estructural el criterio de preferencia europea”. En esta misma línea, el Ejecutivo comunitario propone una “etiqueta verde” voluntaria, a la que se puedan acoger los distintos actores industriales y que sirva, por ejemplo, para las licitaciones públicas o para la obtención de ayudas fiscales. Lo que la industria espera son detalles sobre cuánto dinero habrá sobre la mesa. Por ahora, el borrador que está circulando por Bruselas no incluye estos datos, que están sustituidos por un ‘XX’. Por ejemplo, Bruselas señala que movilizará dinero desde el Fondo de Innovación para crear una “facilidad” que contará con “miles de millones” de euros para la descarbonización y electrificación de la industria, pero sin dar los detalles concretos por el momento.

Un elemento clave de la propuesta es la reforma de las normas de ayudas de Estado, con las que la Comisión consagrará más manga ancha para dar ayudas y beneficios fiscales a las industrias que se descarbonizan. Bruselas hace otras propuestas que ya había adelantado la Brújula de la Competitividad, el documento de hoja de ruta de la legislatura, como la creación de un mecanismo de compra conjunta para la adquisición de materias primas críticas que son necesarias para el despliegue de energías limpias.