Sumar eleva su choque con Hacienda con una ley para subir los contratos públicos con el SMI

Sumar ha presentado en el Congreso una proposición de ley para que los contratos del sector público se actualicen con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de los convenios colectivos. Hasta ahora, las empresas han tenido que asumir estos costes laborales o renunciar al contrato, incurriendo así en un incumplimiento. Sumar quiere solucionar esta "importante disfunción" permitiendo a las empresas repercutir estos costes laborales ajenos a sus decisiones en la Administración contratante.

De esta forma, el partido liderado por Yolanda Díaz trata de conseguir el apoyo del Congreso para torcer el brazo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que siempre se ha negado a esta modificación. Sumar escala así su choque con Hacienda, que comenzó como consecuencia de la tributación por IRPF del SMI. La proposición lleva semanas preparada y guardada en un cajón, pero Díaz ha decidido finalmente dar el paso adelante en medio de este choque con Montero, explican fuentes de la formación.

Sumar podría contar con el apoyo de los partidos de derechas a esta iniciativa. El motivo es que se trata de una reivindicación tradicional de la CEOE y una de las razones por las cuales ha rechazado cada año las subidas del SMI. Las patronales consideraban que los costes salariales derivados de la decisión del Gobierno de subir el SMI deberían ser asumidos también por las Administraciones en el caso de los contratos públicos. Díaz aprieta así la pinza que está haciendo con el PP contra Montero.

La propuesta supone una modificación de la Ley de contratos del sector público (9/2017), en la que se introduce un artículo nuevo para incluir la actualización de las licitaciones en vigor, de modo que recojan el incremento de los costes salariales. Sumar quiere que no se limite a cubrir el aumento del SMI, sino también de los salarios de convenio (que igualmente tienen rango legal para las empresas). Si el aumento del SMI o de los convenios supera las condiciones contempladas en el contrato, la empresa tendría derecho a reclamar el incremento correspondiente de la licitación.

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Aquí hay una novedad importante en los procesos de licitación: la mesa de contratación tendrá que introducir una evolución prevista de los costes salariales de forma específica. De esta forma, la repercusión de este gasto solo podrá realizarse si excede esta proyección. En el caso contrario, se entenderá que la empresa acude a la adjudicación sabiendo cuál es la previsión de incremento de los costes salariales en los que incurrirá durante la ejecución del contrato.

Sumar coincide con la reivindicación de la CEOE y señala, en la exposición de motivos de la proposición, que el sistema actual no da seguridad jurídica a las empresas y entidades adjudicatarias. "La ausencia de mecanismos de revisión de precios ha provocado, en numerosas ocasiones, la resolución anticipada de contratos públicos, debido a la incapacidad de las empresas adjudicatarias para asumir incrementos salariales no previstos", explica. Además, advierte que "la creciente cantidad de licitaciones desiertas o con una participación extremadamente baja", está afectada directamente por esta falta de certidumbre que sufren las empresas.

Sumar defiende que generar un entorno más seguro para la contratación pública mejorará los resultados porque "traerá consigo una mayor concurrencia en los procesos de licitación". Sin embargo, a corto plazo supondría un incremento de los costes para las arcas públicas, motivo por el cual Hacienda se ha opuesto sistemáticamente. Este sistema de protección frente a los costes salariales se aplicaría exclusivamente a contratos públicos en los que los costes salariales representen, al menos, el 30% del presupuesto de la licitación.

Acercamiento con la CEOE

Fuentes de Sumar explican que este movimiento también es un intento de acercar posturas con la patronal. Aunque esta semana toda la atención se la esté llevando la tributación del SMI, el verdadero reto para Díaz es conseguir la tramitación de la reducción de jornada. Es su gran apuesta para esta legislatura y todavía no tiene los apoyos garantizados, ya que necesita a Junts o al PP.

Desde Sumar se considera que la participación de la CEOE puede ser la clave para desbloquear la tramitación. El cromo a cambiar son las ayudas públicas a las empresas, sobre todo a pymes, para que tengan un periodo de adaptación a la nueva jornada. Esto podría llevar a Junts o al PP a votar a favor de la reducción de jornada. Por este motivo, Sumar quiere reconducir la relación con la patronal, que se ha deteriorado mucho en los últimos meses por los continuos choques en las mesas de negociación.

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Fuentes de la formación explican que este es un gesto para dar salida a la reivindicación tradicional de la patronal de que los contratos públicos se actualicen con el SMI. Incluso ofrece una concesión adicional: incluir también los convenios colectivos.

Sin embargo, la proposición de Sumar no llega en un buen momento para las cuentas públicas españolas. Hacienda perdió la mitad de la subida de impuestos que presentó al Congreso a finales de 2024, lo que merma la previsión de recaudación para este ejercicio. En paralelo, las presiones de gasto son muy intensas, incluyendo Defensa, Sanidad, vivienda, pensiones… Todo ello, sumado a la vuelta de las reglas fiscales, que obligan a ajustar el déficit año a año, y al final de la crisis inflacionista, que frena el crecimiento de la recaudación. Los problemas se acumulan en el Ministerio de Hacienda ahora que ha llegado el momento de que todo encaje.