La Sindicatura de Cuentas catalana cuestiona la falta de solidaridad del concierto vasco

La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, un organismo independiente que fiscaliza las cuentas catalanas de forma parecida al Tribunal de Cuentas, ha puesto en cuestión la falta de solidaridad de los conciertos vascos y navarros. Lo hace de rebote, en un informe sobre la deuda catalana, pero califica de “anomalía” que Euskadi y Navarra no colaboren en la financiación de los servicios básicos de otras comunidades pese a ser más ricas. Esa cuestión es el elefante en la habitación de la reforma del sistema de financiación autonómica desde que la Generalitat de Pere Aragonès presentó su plan de salir del régimen común, que incluía una cuota de solidaridad con el resto de CCAA, del que carecen los regímenes forales.

La Sindicatura de Cuentas no incluye la referencia al sistema vasco en sus conclusiones sobre la deuda autonómica catalana, pero sí en los resultados del trabajo realizado donde señala de manera textual: “Lo que sí puede considerarse una anomalía desde la perspectiva de los compromisos de solidaridad interterritorial es que las autonomías con un sistema foral propio, ambas con bases imponibles por habitante ajustado superiores a la media, no contribuyan a este Fondo, y queden al margen de los compromisos de nivelación de los servicios públicos fundamentales con el resto de comunidades” (pag. 44).

La Sindicatura de Cuentas llevó a cabo su informe como un encargo del Parlament hecho en 2022, durante la legislatura de Pere Aragonès. Tras dos años, el informe se ha entregado ahora, cuando Salvador Illa ha heredado el encargo de negociar un sistema de financiación singular, un cupo catalán solidario, que deja en evidencia al otro cupo precisamente por carecer de dicha solidaridad.

El informe explica que en el actual sistema en vigor hay un Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales en el que participan las autonomías del régimen común. “Si el 75% de los ingresos tributarios normativos generados por una comunidad autónoma son menores que la dotación que le corresponde del FGSPF, este fondo liquida la diferencia mediante transferencia de nivelación. En caso contrario, es la comunidad la que debe realizar la transferencia al fondo”, explica el estudio. En dicho fondo no participan las comunidades del régimen foral.

Cataluña y Madrid pagan

Según el informe de este organismo fiscalizador, Cataluña pagó 1.522 millones en el año 2021 al Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales. Desde que se recuperó la economía, la Generalitat aportó cada año más de 1.200 millones. Madrid también paga por este concepto.

En otro momento del informe se vuelve a hacer una referencia a los sistemas forales: “Sin perjuicio de que sea cuestionable la posición relativa de los ingresos que recibe Cataluña del Sistema de Financiación Autonómica en comparación con otras comunidades, los recursos de esta comunidad no están significativamente por debajo de la media, ni en el sistema anterior ni en el actual, pero sí alejados de las comunidades con más recursos de este grupo y sin duda de las autonomías con sistemas forales propios” (pag. 17).

El gran tabú

En la nueva financiación autonómica que se quiere negociar con Madrid, el cupo vasco es el gran tabú. Pero si una comunidad del régimen común lo abandona, como quiere hacer Cataluña, pero manteniendo una cuota de solidaridad con el resto de CCAA que no abonan ni vascos ni navarros, estos quedan en evidencia. Esto no lo mencionan nunca los políticos catalanes que impulsan el proyecto porque hacen falta los votos del PNV para poder cambiar el sistema.

Sin decirlo, el modelo que propuso ERC estaba inspirado en Euskadi, como demuestra el artículo del portavoz de los republicanos en el Parlament Josep Maria Jové en el que fijaba la aspiración de Cataluña en esa negociación en más de 8.700 millones en ingresos añadidos.

La Sindicatura insta a reformar el sistema de financiación y paliar sus carencias

Del estudio de la Sindicatura de Cuentas sobre el nuevo modelo de financiación hay que destacar que refrenda el que se respete el principio de ordinalidad, tal y como ya pedía Pere Aragonès. “Respetar el principio de ordinalidad: los recursos se pueden nivelar, pero no puede alterarse el orden que deriva de la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma, de modo que ninguna comunidad reciba menos por habitante que ninguna otra cuya contribución haya sido menor. Cataluña recibe unos recursos en términos normativos para competencias homogéneas inferiores a los de 7 comunidades con menor capacidad tributaria”, propone el informe para que no se vuelva a disparar la deuda de Cataluña por falta de financiación.

También apuesta por “iniciar una negociación con el Estado para revisar el endeudamiento de forma total o parcial” y que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta las caídas de ingresos que sufrirán los impuestos indirectos cedidos en momentos de caída del ciclo económico. En caso contrario, se volverá a caer en la dinámica actual, que cuando caen los ingresos se recurre a la deuda para ofrecer los servicios a los ciudadanos. De los 83.170 millones de deuda del conjunto de administraciones de la Generalitat en el 2022, el estudio calcula que el 39% es fruto de la falta de financiación necesaria.