El gran botín de los ayuntamientos: 45.002 millones de euros en el banco

Los datos están aquí, y lo que reflejan es la enorme liquidez de los ayuntamientos españoles. Los municipios, en concreto, acumulan ya 45.002 millones de euros en el banco. De ellos, algo más de 38.000 millones en depósitos y el resto en otro tipo de activos financieros. Lo singular no es sólo el volumen, sino también su evolución. Desde 2020, el año de la pandemia, el efectivo y los depósitos de los ayuntamientos han crecido nada menos que un 43%. En paralelo, y en el mismo periodo, los problemas de acceso a la vivienda no han dejado de crecer.

Los ayuntamientos, cabe recordar, son los titulares de buena parte del suelo disponible y de los desarrollos urbanísticos, cuya ejecución depende de la inversión pública y privada. Los datos de Hacienda, sin embargo, muestran que el año pasado las enajenaciones de inversiones reales —básicamente venta de terrenos y aprovechamiento que por ley le corresponde a los ayuntamientos— apenas ascendieron a 931 millones de euros en el conjunto de las corporaciones locales, cuando el mayor patrimonio de muchos municipios es, precisamente, el suelo.

La causa de este ahorro sin igual tiene que ver con los crecientes remanentes de tesorería, en parte impulsados por razones legales, pero también políticas. Ningún Gobierno ha querido pinchar esa burbuja de ahorro para destinarlo a necesidades perentorias, como la vivienda u otras demandas sociales. Se trata de una burbuja que lejos de encoger seguirá creciendo a corto plazo. La AIReF ha estimado que este año las 25 mayores ciudades del país lograrán un 5% de superávit respecto de sus ingresos, incluso por encima del año anterior. Por el contrario, el crecimiento del gasto computable a efectos del déficit público en esas grandes ciudades no habrá alcanzado el límite del 2,6% fijado para 2024.

La fuerza de la ley

Las razones legales tienen que ver con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (2012), que introdujo una disciplina que antes no existía. Las corporaciones locales, en concreto, están obligadas a mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Es decir, frente a lo que sucede con la Administración central o las comunidades autónomas, los alcaldes no pueden incurrir en déficit, lo que en la práctica les obliga a acumular excedentes que la propia ley, aquí está la paradoja, impide que puedan gastarse con libertad.

TE PUEDE INTERESAR

Los ayuntamientos presionan al Gobierno y reabren el frente por la financiación local

Ignacio S. Calleja

Otro de los factores que explican los holgados remanentes de tesorería tiene que ver con la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado. Principalmente, como sostiene un trabajo del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), por el incremento de la recaudación. Entre otras razones, por el aumento de la inflación, que ha engordado las arcas de Hacienda al no haberse deflactado la tarifa del impuesto sobre la renta, que es el de mayor potencia recaudatoria. Según ese estudio, dicha participación en los tributos del Estado, en términos de caja y sin considerar reintegros de liquidaciones negativas, ha crecido nada menos que un 45% entre el año 2012 y 2023.

La ventaja que tienen los ayuntamientos frente a otras administraciones tiene que ver con que sus ingresos son insensibles al ciclo económico. Es decir, son casi los mismos aunque la economía esté en recesión. Esto es así porque su principal fuente de financiación es el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), cuyos tipos de gravamen se actualizan periódicamente al margen de las circunstancias económicas.

El presupuesto conjunto de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades o cabildos) ascendió el año pasado a 97.326 millones de euros, de los que el 33% fueron impuestos directos (principalmente IBI). Otro 31% fueron transferencias corrientes, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

La acumulación de ahorro se ha producido, incluso, pese a que en los últimos años, a raíz de la suspensión de las reglas fiscales, los ayuntamientos han incrementado de forma relevante el gasto. Durante los años en que el corsé de la Unión Europea (UE) estuvo vigente, el gasto computable a efectos de las reglas fiscales creció un 29% entre 2019 y 2023. Incluso, como sostiene el estudio del IEF (un organismo dependiente de Hacienda), por encima del remanente de tesorería, que aun así creció un 21%.

A la vista de estos datos, el autor del artículo, Gabriel Hurtado López, subdirector general Estudios Financieros de las Entidades Locales se pregunta si realmente los ayuntamientos y las diputaciones, con carácter general, tienen un problema de financiación, como de forma frecuente esgrimen muchos alcaldes.

La riqueza de las ciudades

Las previsiones de recaudación de la AIReF dan la razón a su sospecha. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, los ingresos fiscales de los 17 ayuntamientos de España con más de 250.000 habitantes crecerá un 7% este año, en parte impulsados por la tasa de residuos sólidos urbanos, cuyo establecimiento es obligatorio por imposición de la Unión Europea (UE). Destacan Madrid, Valencia, Murcia, Valladolid y L’Hospitalet de Llobregat, que van a registrar incrementos de los ingresos situados por encima del 12%. No menos significativo es el caso de los ayuntamientos de Sevilla, Las Palmas y Córdoba, así como la Diputación Provincial de Sevilla, cuya capacidad de financiación en relación con sus ingresos—el superávit— superará el 10%.

La ley de estabilidad impone muy serias restricciones a los ayuntamientos a la hora de gastar sus remanentes de tesorería (el superávit). Obliga a gastarlo, en primer lugar, a reducir el endeudamiento, y sólo si se cumple este requisito (disposición adicional sexta) se podría destinar a financiar inversiones, pero “siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible”. Igualmente, se obliga a que el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad. En definitiva, restricciones que han engordado el botín que los ayuntamientos tienen depositado en los bancos. Nada menos que casi la mitad de su presupuesto anual.