Por qué quienes cobran el SMI deben tributar y presentar declaración

Fue el exministro Francisco Fernández Ordóñez, junto a Enrique Fuentes Quintana, el padre del actual modelo de IRPF, quien puso en circulación, ya en los años 80, una frase muy conocida que todavía hoy resuena. “Cada vez tengo más amigos que son personas jurídicas y menos personas físicas”. Se refería, como es obvio, a la tendencia creciente en determinados niveles de renta a tributar al margen del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y hacerlo por Sociedades, cuyos tipos impositivos son sensiblemente más bajos.

Más allá de lo jocoso del comentario, lo que venía a reconocer el exministro de Hacienda del primer Gobierno de Adolfo Suárez era que la tributación del principal instrumento de redistribución del Estado —los impuestos no solo sirven para recaudar, sino también para repartir— estaba perdiendo fuelle frente a otros tributos. En particular, los impuestos que gravan el consumo, principalmente el IVA. Como exministro de Hacienda, lo que le preocupaba a Fernández Ordóñez era que mientras el IRPF es progresivo (se paga en función del nivel de renta), el IVA, que es el más emblemático, no tiene en cuenta esa progresividad, por lo que un rico y un pobre, para simplificar, pagan lo mismo.

En los últimos años, pese a sus preocupaciones, lo cierto es que los impuestos directos, en particular el IRPF, se han despegado de los indirectos. Básicamente, por dos razones: el crecimiento del empleo y la no deflactación de la tarifa, lo que ha supuesto un chute de recaudación extra, por decirlo de una forma coloquial. La Airef, por ejemplo, ha estimado que el factor precios —que determina el tipo efectivo del impuesto— supondrá nada menos que el 75% del incremento esperado de la recaudación en 2024.

O dicho de otra forma, la llamada subida fiscal en frío hace su efecto. El Banco de España, en concreto, ha estimado que si la renta de los hogares crece un 1% y no se deflacta la tarifa, el incremento de la recaudación es equivalente al 1,85%. ¿El resultado? Hoy los impuestos directos recaudan algo más de 49.000 millones que los indirectos (159.751 millones frente a 110.325) gracias, entre otros motivos, a que hay 5,91 millones de ocupados más que al comenzar el siglo.

Vaciar de contenido al IRPF

Lo singular, pese a esta evidencia, es que la política de los diferentes Gobiernos de excluir a cada vez más contribuyentes de la correspondiente retención fiscal y la consiguiente presentación de su declaración está vaciando de contenido formal al impuesto. Es decir, se aleja al Estado de una de sus funciones clásicas, como es la pedagogía fiscal, acostumbrando a los contribuyentes a que se pasen por Hacienda.

El Instituto de Estudios Fiscales hace anualmente informes sobre las actitudes de los españoles con Hacienda que revelan, por ejemplo, que cuando un ciudadano no se ve en la obligación de cumplimentar la correspondiente declaración siente que los impuestos no van con él, lo que explica que desde hace ya bastantes años muchos hacendistas vengan reclamando que todos los contribuyentes tengan la obligación de declarar. Precisamente porque, desde la célebre ‘no taxation without representation’ (sin impuestos no hay representación) de las 13 colonias de EEUU que se rebelaron contra Inglaterra, los impuestos son inseparables del concepto de ciudadanía.

Sin ir más lejos, la última Comisión de expertos para la reforma fiscal (2022) reclamó que, frente a la reducción del número de declarantes, se extendiera, por el contrario, la obligación formal de presentar el correspondiente modelo tributario. El argumento fue tan sólido como razonable. La propia Constitución (artículo 31.1) consagra el principio de generalidad. Es decir, todos los españoles están obligados a declarar en función de su capacidad económica. Unos más y otros menos. No se trata de un principio revolucionario, sino que ya en las Cortes de Cádiz se grabó en mármol este principio. Declarar es, por lo tanto, no solo una obligación, sino un principio constitucional.

Muy distinto es la cuantía, y es el Parlamento quien decide si los contribuyentes eximidos deben pagar un 5%, un 10%, un 20% o incluso un 0,1%, pero cuando a un ciudadano se le exonera de ajustar sus ingresos con Hacienda, pierde ese vínculo que le acerca a la necesidad de conocer cómo funciona el Estado desde una doble perspectiva: como contribuyente y también como auditor del gasto público. Entre otras razones, porque hoy, con los avances informáticos, la engorrosa presentación de la declaración puede ser resuelta con los medios técnicos y humanos de la Agencia Tributaria.

Una incoherencia

Incluso el Consejo de Defensa del Contribuyente, un órgano dependiente de Hacienda, ha destacado la incoherencia que supone que no se considere obligado a declarar a quien le corresponde hacerlo para poder obtener la devolución de retenciones excesivas (declaraciones negativas). Con la actual regulación, incluso, una nueva fuente de renta del contribuyente, aunque sea de muy pequeña cuantía, puede situarlo fuera del colectivo que no tiene obligación de presentar la declaración de IRPF.

TE PUEDE INTERESAR

La subida en frío del IRPF permite a Hacienda cumplir el compromiso fiscal con la UE

Javier Jorrín

La tendencia en los últimos años, sin embargo, ha sido la de eximir a muchos contribuyentes. Así se ha llegado a una excentricidad fiscal. Nada menos que el 12,9% del conjunto de los asalariados (casi uno de cada ocho) no estaría obligado a sufrir alguna retención y, por coherencia, a presentar la declaración. La razón última es algo prosaica. Por razones políticas, el IRPF ha perdido sus automatismos. El Gobierno de turno es quien decide, lo que crea la consabida inseguridad fiscal. Decide, por ejemplo, si deflacta la tarifa del IRPF o no en función de sus intereses, no siempre generales, lo que le evita acudir al Parlamento para encontrar nuevos recursos tributarios. Es decir, aparece la mencionada subida de los impuestos en frío.

Igualmente, maneja a su antojo quién declara y quién no, lo cual es muy útil en periodos electorales, lo que con el tiempo ha derivado en la actual situación. Las fuertes subidas de los últimos años han aproximado tanto el salario mínimo al salario medio (ya representa alrededor del 60%) que es lo mismo que decir que un porcentaje muy elevado de asalariados no tiene ninguna necesidad de tener relación con Hacienda, lo cual les devuelve a la condición de súbditos en vez de ciudadanos. No es de extrañar que, con buen criterio, muchos hacendistas reclamen una reforma integral del impuesto sobre la renta para evitar que siga agujereado.