El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas
El anteproyecto de ley incluye modificaciones para el registro horario obligatorio y aúna los derechos de desconexión digital. Los trabajadores a tiempo parcial no verán reducida su jornada de manera proporcional, sino que cobrarán más
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El Gobierno ha plasmado este martes su acuerdo interno respecto a la reducción de la jornada laboral y ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que la fija en 37,5 horas máximas legales en lugar de las 40 actuales. Se cumple así el primer paso de tramitación de la norma que llegará en unas semanas al Congreso con la finalidad de que vea la luz a lo largo de 2025, como establece el acuerdo de coalición, y se aplique efectivamente al menos a partir de 2026, como contempla el acuerdo con los sindicatos en una disposición transitoria.
El anteproyecto tiene varios puntos más allá de la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que establece la duración máxima legal de la jornada. También modifica el registro horario obligatorio desde 2019 para que sea digital e interoperable para la Inspección de Trabajo y aúna los derechos laborales respecto a la desconexión digital. Según ha señalado durante la rueda de prensa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "lo más importante de esta norma es la reformulación del control horario" porque la Inspección "va a saber en cualquier momento las horas que ustedes hacen". Trabajo espera que con esta medida se reduzcan las horas extra que se realizan sin retribuir, en torno a tres millones.
El registro de jornada entra en el Estatuto de los Trabajadores a través de un artículo 34 bis y no será de aplicación hasta seis meses después de la publicación en el BOE de la nueva jornada de 37,5 horas. De manera adicional, la forma del registro que disponga la interoperabilidad y la accesibilidad para la Inspección de Trabajo se verá más detallada en un reglamento que el Gobierno tendrá que aprobar posteriormente y en él se dispondrá la entrada en vigor.
Tras semanas de discusión interna dentro del Gobierno, el texto que finalmente es el firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO en diciembre. No obstante, el Ministerio de Economía ha defendido hasta el último momento su postura de introducir en el anteproyecto bonificaciones a la contratación y subvenciones a las empresas más pequeñas para acompañarles en el proceso de reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. Esta es una opción que los sindicatos y Trabajo pusieron encima de la mesa durante los 11 meses de negociaciones con CEOE y Cepyme en la mesa tripartita, pero que finalmente se quedó fuera al no contar el texto con el visto bueno de las patronales.
Los trabajadores a tiempo parcial cobrarán más
Uno de los aspectos que más fricción han generado y que finalmente se plasma en el anteproyecto es que la reducción de jornada no se aplica de manera proporcional a los trabajadores a tiempo parcial, que mantendrán las horas que realizan actualmente si no solicitan lo contrario. Por tanto, estos trabajadores pasarán a cobrar más o incluso a tener un contrato a tiempo completo. La filosofía de esta medida se basa en el hecho de que la mayor parte de los asalariados a tiempo parcial son involuntarios, según recoge la EPA, por lo que el Ministerio de Trabajo ha defendido que no tiene sentido aplicar una reducción proporcional e incidir en ese problema.
También se incluye en el texto una disposición adicional tercera para que las empresas no absorban la reducción de la jornada con pluses, como ocurre cada vez que se sube el Salario Mínimo interprofesional y se mantiene el límite de horas extras actual, 80 horas anuales. Según calcula el Ministerio de Trabajo a partir de los datos de la EPA del año 2023, la reducción de la jornada afectará a 12,5 millones de trabajadores, 10,5 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. Por sectores, tendrá especial incidencia en el comercio (2,44 millones de trabajadores), la industria manufacturera (2,07), la hostelería (1,42) y la construcción (un millón).
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Desde el Ministerio de Trabajo defienden que la reducción de jornada aumentará la productividad y "democratiza" los beneficios a través de un mayor reparto de las ganancias, ya que reducir la jornada sin reducir los salarios implica aumentos de los costes laborales. En esta línea, ha defendido que el problema de la productividad no está en el trabajo, sino en el capital, cuya productividad ha decrecido un 21%. "La parte del capital es la que tiene que mejorar", ha señalado.
Nuevo régimen sancionador
El anteproyecto incluye además un nuevo régimen sancionador para los incumplimientos en la jornada. Según señala el Ministerio de Trabajo, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o del falseamiento de los datos registrados y los incumplimientos que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave. Las nuevas multas por ello tendrán como importe, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
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En cuanto a los plazos de aprobación de la nueva jornada en el Congreso, todo depende de las negociaciones y de los apoyos que logren conseguir los grupos parlamentarios del Ejecutivo. Por el momento, la aprobación de este martes permite que se soliciten los informes preceptivos a los órganos consultivos del Gobierno, como el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado y al resto de ministerios que no son el que ha tenido la iniciativa, el de Trabajo. No obstante, al estar tramitado de urgencia el anteproyecto de ley, estos informes no son paralizantes del proceso. Una vez se consolide el proyecto de ley tras estos pronunciamientos, lo que tardará unas semanas, el texto será enviado al Congreso.
Díaz se ha mostrado optimista con el trámite parlamentario, asegurando que "cuando una medida está ganada en la calle es muy difícil buscar razones para tumbarla" y ha instado al PP a apoyarla. En un tono menos confiado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también presente en la rueda de prensa, ha reconocido que "la negociación no va a ser fácil".
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