La paz social de Sánchez: CCOO y UGT cargan contra el PP y solo protestan los 'alternativos'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió el martes de la paz social de la que disfruta durante su mandato. Razones no le faltan: los sindicatos llevan ya varios años sin levantar la voz contra La Moncloa, al menos los dos mayoritarios, y centran sus reivindicaciones contra las empresas o el Partido Popular. "Hemos aprobado reformas con paz social, que siempre reivindico", reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La paz social se evidencia en las calles. Los años de las grandes manifestaciones han quedado atrás. Pero esto no evita que exista un malestar social por el deterioro de las condiciones de los hogares en los últimos años. La macroeconomía tira mucho, pero la micro no va tan bien. Los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, están actuando como tapón que garantiza esta paz social, pero la tensión social crece debajo.

El caso de Cantabria es paradigmático de esta tensión social latente. Los profesores de la comunidad arrastran una pérdida de poder adquisitivo desde el año 2008, que los distintos Gobiernos autonómicos decidieron ignorar. En este periodo, quien más tiempo ha gobernado en Cantabria ha sido Miguel Ángel Revilla, del PRC, en alianza con el PSOE, quien también disfrutó de una relativa paz social.

Las protestas estallaron el año pasado. Bajo el lema "es ahora", los sindicatos decidieron dar rienda suelta al malestar del profesorado. Quien gobierna en este "ahora" es el Partido Popular, tras la victoria lograda en las autonómicas de mayo de 2023. Las protestas fueron masivas, con manifestaciones e incluso encierros en la Consejería de Educación, y llegaron a poner contra las cuerdas al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, amenazando incluso los presupuestos del año 2025.

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Cristina Dolz

Finalmente, han logrado torcer el brazo del Gobierno regional, que se ha sentado a negociar cómo recuperar esta pérdida que se arrastra desde hace más de 15 años. La paz social de la que disfrutó Revilla con los profesores era el resultado del bloqueo del malestar de los docentes. Muchos se han jubilado en estos años sin percibir una compensación por los recortes aplicados al inicio de la crisis financiera.

A nivel nacional, los trabajadores públicos suman cuatro años consecutivos perdiendo poder adquisitivo. Sus salarios no solo han subido menos que la inflación, sino también menos que en las empresas. Desde 2020, los precios han subido un 19%; los salarios privados, un 17% y los públicos, apenas un 10%. Esta pérdida de poder adquisitivo dará argumentos en el futuro a los sindicatos para retomar las movilizaciones. Pero no ahora.

Hoy por hoy, solo CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) rechaza el Acuerdo Marco de subidas salariales firmado en 2022. "CCOO y UGT firmaron un acuerdo que permitía que siguiésemos perdiendo poder adquisitivo", explica el sindicato, "este mal acuerdo sigue vigente a día de hoy y, por tanto, sus consecuencias". Por su parte, UGT y CCOO celebran los resultados de este acuerdo: “Ambos sindicatos consideran que los resultados de este acuerdo refuerzan el papel de la negociación colectiva en la Función Pública”, señalaron en una nota reciente. También solicitaron al Gobierno "iniciar de inmediato la negociación de un nuevo pacto que permita seguir avanzando en la modernización de la Administración".

El ómnibus

Este domingo los sindicatos han convocado manifestaciones en diversas ciudades españolas para protestar por el rechazo al real decreto ómnibus que tumbó el Congreso hace dos semanas y que impedía, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, la extensión de las bonificaciones al transporte o las ayudas a los afectados por la DANA. El Gobierno y la oposición se enzarzaron con ese decreto y finalmente fue rechazado. Para CCOO y UGT, la culpa es de las derechas, principalmente del Partido Popular y Vox.

En una nota conjunta, CCOO y UGT exponían: "Es notorio que el propósito e intención [de los partidos que votaron contra el decreto] era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno, por distintos motivos, pero sobre la espalda de más de la mitad de la población del país". Ni una palabra, sin embargo, al hecho de que el Gobierno utilizara las pensiones o las ayudas para colar otras medidas para las que no tenía apoyos suficientes.

El Gobierno finalmente aceptó trocear el decreto ómnibus y sacará únicamente las medidas que ha acordado con Junts. El Partido Popular también se ha unido y votará a favor del texto. Aun así, los sindicatos mantienen la movilización y recrudecen sus críticas al PP. "Se ha visualizado una mayoría, compuesta en un determinado momento por las tres derechas, que amenazan algunas de las cuestiones que los sindicatos queremos llevar adelante los próximos meses".

En las próximas semanas habrá otra gran movilización estatal, aunque el motivo y el convocante es otro. Se trata de una huelga de trabajadores públicos en defensa de Muface, y el convocante es CSIF. Una movilización a la que no se han querido sumar CCOO ni UGT. La reivindicación de la huelga será "exigir al Gobierno que presente de una vez por todas una oferta económica que permita la viabilidad del modelo sanitario, con una asistencia de calidad que nuestros mutualistas han dejado de recibir".

"Las aseguradoras mantienen la presión para lograr que el Gobierno aumente la financiación de manera injustificada"

El Gobierno ha tenido que rectificar nuevamente su oferta para intentar convencer a las aseguradoras. UGT y CCOO también han mostrado su preocupación por el futuro de la cobertura privada de los trabajadores públicos, pero sus críticas se dirigen directamente a las aseguradoras. "Nos encontramos con unas aseguradoras que, en su ambición insaciable de rédito económico y anteponiendo su cuenta de resultados a la prestación del servicio, siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación de manera injustificada", han denunciado esta semana.

Mientras cargan sus críticas contra las aseguradoras, descargan de responsabilidad al Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de la licitación. Según los dos sindicatos, la última oferta del Ejecutivo "deja a las aseguradoras sin argumentos para no presentarse a la licitación".

Reducción de jornada

En los últimos meses, CCOO y UGT han organizado movilizaciones contra la CEOE para presionar por la reducción de jornada. Este es el siguiente gran objetivo de los sindicatos, pero su verdadero obstáculo ahora es conseguir los votos de Junts. Está por ver si también se manifiestan ante la sede de la formación independentista. De momento, la aproximación que han hecho es una visita del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a Waterloo para reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

En estos años, los sindicatos han conseguido importantes acuerdos, tanto en el Congreso como en el diálogo social, que han permitido mejorar los derechos de los trabajadores. El más importante probablemente sea la reforma laboral, acordada con las patronales y el Gobierno. Para los sindicatos fue un logro por el que se habían movilizado en innumerables ocasiones. Esta reforma ha permitido reducir la temporalidad del sector privado a menos de la mitad: del 25% al 12%.

Sin embargo, lo que no ha funcionado es la reducción de la temporalidad en el sector público. El Gobierno aprobó, junto a la reforma laboral, un plan de estabilización del empleo en las Administraciones, para bajar la temporalidad al 8% a finales de 2024. Sin embargo, al cierre de 2024, la temporalidad seguía por encima del 30%, con más de un millón de empleados públicos temporales. Motivo que tampoco han valorado los grandes sindicatos para levantar la voz.

En este contexto, el presidente Sánchez tiene argumentos para celebrar la paz social que existe en las calles. El malestar de los trabajadores públicos por la pérdida acumulada de poder adquisitivo, la temporalidad o la inseguridad sobre el futuro de Muface no ha alterado la calma pública. Pero el hecho de que no se convoquen movilizaciones, no significa que no haya un malestar social.