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El fracaso de la reforma laboral del sector público: la temporalidad triplica el objetivo
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Más de un millón de temporales

El fracaso de la reforma laboral del sector público: la temporalidad triplica el objetivo

El plan de estabilización del empleo público, aprobado por el Gobierno en 2021, se marcó como objetivo de acabar 2024 con una temporalidad del 8%, pero finalmente fue del 28%

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Función Pública, Óscar López. (EFE/Javier Lizón)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Función Pública, Óscar López. (EFE/Javier Lizón)
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"Es una reforma que urgía en nuestro país, porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad". Esta frase, de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, resumía en 2021 el espíritu de la Ley para la estabilización del empleo en las administraciones. Era la reforma laboral del sector público. El reto que se marcó en ese momento el Gobierno fue recortar la temporalidad hasta cerrar el año 2024 en el 8%. Finalmente, terminó el año estancada en el 28%, más del triple del objetivo que se fijó el Ejecutivo.

Los datos publicados este martes por el INE constatan el fracaso rotundo del Gobierno. Es cierto que se han producido varios procesos de estabilización del empleo, pero han sido claramente insuficientes. El actual ministro de la Función Pública, Óscar López, presumía recientemente de haber convertido más de 300.000 empleos públicos temporales en indefinidos, un objetivo que el Gobierno se marcó con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación. Sin embargo, esta cifra es claramente insuficiente, dado que había más de un millón de temporales en el año 2021 y el objetivo era reducir este dato a menos de la mitad (siempre que no se realizaran más contrataciones).

A pesar de este esfuerzo, al cierre de 2024 seguía habiendo algo más de un millón de trabajadores públicos temporales, prácticamente los mismos que cuando se aprobó la norma. En el año 2021, la tasa de temporalidad de las AAPP era del 31,2% y al cierre de 2024 fue del 28,3%. Esto es, apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales, cuando el objetivo era lograr un recorte de más de 20 puntos.

La situación del sector público contrasta con la del privado, que sí ha reducido drásticamente la temporalidad desde la aprobación de la reforma laboral. Ambas normas se aprobaron a la vez, pero las empresas han reducido sus empleos temporales a la mitad, pasando del 24% a finales de 2021 a situarse por debajo del 13% al cierre de 2024. De esta forma, la temporalidad en las empresas es ya menos de la mitad que en las administraciones públicas.

"El sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad", exclamó entonces Montero. La excusa no puede ser la creación de empleo público, porque desde 2021 ha aumentado a un ritmo más lento: algo menos de un 4% acumulado en tres años. El gran crecimiento de las plantillas públicas se produjo en 2020 y 2021, los años de la pandemia, en los que las distintas administraciones dispararon su gasto para apuntalar los servicios públicos.

Es posible que en estos años se haya producido una cierta rotación del tipo de ocupados públicos. Por ejemplo, durante la pandemia se priorizó la contratación de enfermeros y profesores; pero en los últimos años ha cambiado hacia más médicos y trabajadores de otros servicios públicos, como el transporte.

El Gobierno reaccionó en 2021 tras una dura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por el abuso de la temporalidad. Decidió entonces arremangarse para solucionar este problema, para lo cual aprobó la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El preámbulo de la norma señala: "El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 % en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas".

Uno de los problemas con los que se ha topado el Gobierno es que la mayor parte de los interinos están contratados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y llegar a éstos es más complicado, sobre todo, si el diseño de la norma no es el adecuado, como ha criticado el TJUE. Uno los objetivos era "sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro", para lo que se fijaba una indemnización de 20 días por año trabajado para los interinos que hubieran sufrido abuso de temporalidad por parte de cualquier administración.

En una sentencia dictada menos de un año, el tribunal europeo echaba por tierra esta Ley del Gobierno para reducir la temporalidad por no proteger al trabajador. "No parece que tal normativa [Ley 20/2021] constituya una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al Acuerdo Marco y, por lo tanto, no puede calificarse como «medida legal equivalente», a efectos de la cláusula 5 del Acuerdo Marco", señaló el alto tribunal de Luxemburgo. Las administraciones públicas todavía no cuentan con un sistema de penalización disuasorio suficiente, por lo que siguen contratando trabajadores interinos.

De esta forma, las 321.000 plazas estabilizadas apenas han logrado reducir la temporalidad del sector público en 66.000 personas desde 2021, según los datos de la EPA conocidos este martes. El efecto neto es tan leve porque las administraciones han seguido contratando a trabajadores temporales a pesar de la ley y, en paralelo, funcionarios fijos se han ido jubilando. El fracaso del proceso de estabilización confirma la interpretación que hizo el TJUE sobre las lagunas de la ley y deja en el aire una posible estabilización por la vía de la concesión de la fijeza a los interinos, como señaló el tribunal en su sentencia, aunque el Supremo sigue sin contemplar esta vía.

"Es una reforma que urgía en nuestro país, porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad". Esta frase, de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, resumía en 2021 el espíritu de la Ley para la estabilización del empleo en las administraciones. Era la reforma laboral del sector público. El reto que se marcó en ese momento el Gobierno fue recortar la temporalidad hasta cerrar el año 2024 en el 8%. Finalmente, terminó el año estancada en el 28%, más del triple del objetivo que se fijó el Ejecutivo.

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