Bruselas hace ‘examen de conciencia’ y promete una simplificación regulatoria “sin precedentes”
La Comisión Europea presenta su hoja de ruta para los próximos cinco años y promete un recorte de los costes administrativos para las empresas europeas
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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado este miércoles que la institución europea lanzará una agenda de simplificación regulatoria con la que espera que las empresas europeas se ahorren unos 37.500 millones de euros al año. ¿Una cruzada contra las propia regulación que Bruselas ha puesto en pie? Efectivamente. ¿Un repentino ataque de sinceridad tras un examen de conciencia? Fuentes comunitarias aseguran que no, que se trata de una corrección tras la puesta en marcha de algunas de estas regulaciones que tenían como objetivo llevar a las empresas europeas hacia la descarbonización.
Estas “regulaciones fueron pioneras, no había marcos anteriores, no había referencias”, explica la fuente, que señala que el Ejecutivo comunitario “ha aprendido haciendo”, y que ahora toca corregir el tiro. La misma fuente señala que si los objetivos climáticos se pueden conseguir “de manera más sencilla y más económica” la Unión Europea tiene que intentarlo. En todo caso, Von der Leyen ha asegurado que el club comunitario “mantiene el rumbo” en el objetivo de la descarbonización de la economía europea para mitad de siglo, pero los críticos apuntan a que la Comisión Europea sencillamente se ha subido al tren de la desregulación que ha comenzado a rodar en lugares como Estados Unidos.
La simplificación se lanzará en lo que Bruselas ha bautizado como una norma “omnibus” y que verá la luz hacia finales de febrero y que se centrará en las obligaciones de información sobre finanzas sostenibles, la diligencia debida en sostenibilidad y la taxonomía. La promesa forma parte de la “Brújula de la competitividad”, una hoja de ruta para la actual legislatura que se desarrolla en los ejes de la simplificación administrativa y cierre de la brecha de innovación respecto a Estados Unidos y China; el aumento de la competitividad y la descarbonización; y por último el aumento de la seguridad en distintos ámbitos.
El Ejecutivo comunitario se esfuerza por explicar que no hay duda de que el objetivo sigue siendo el mismo, y que el Pacto Verde sigue muy vivo. Pero muchos ven este movimiento por parte de la Comisión Europea como un intento de Bruselas de responder a los cambios en Washington, que prometen una espiral desreguladora que puede poner en una desventaja competitiva a las empresas europeas, a ojos de muchas patronales.
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Todas son propuestas, porque la Comisión Europea no podrá hacer nada sin el visto bueno del Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Estados miembros, y el Parlamento Europeo. También incluye entre sus planes, como ya adelantó El Confidencial la semana pasada, que las licitaciones públicas en sectores críticos incluyan una cláusula de “Europa primero” para adquirir material en la Unión, o la creación de una plataforma conjunta para la compra de materias primas críticas (CSR) fundamentales para las tecnologías limpias, siguiendo el ejemplo de la compra conjunta de vacunas durante el Covid.
Ninguna de todas las propuestas que recoge el documento, que propone aumentar la innovación y la capacidad de crecimiento de las empresas más dinámicas, incluye dotación presupuestaria. Por ahora el Ejecutivo comunitario esquiva esa cuestión, clave para saber cómo de ambiciosos son realmente los planes. Von der Leyen ha insistido en su mantra: son proyectos comunes que deben recibir una financiación común, ya sea con más aportación de los Estados miembros al Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto de la UE, o con más recursos propios, impuestos europeos que van a parar a la Comisión Europea. En ningún momento la alemana ha hablado de deuda conjunta europea, que muchos ven como la única manera de cubrir las necesidades de inversión que tendrá la Unión para mantenerse en la carrera ante Estados Unidos y China. En su informe sobre el futuro de la competitividad de Europa, Mario Draghi, ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), cifró en unos 800.000 millones de euros anuales las necesidades de inversión.
La patronal europea, BusinessEurope, considera que el Ejecutivo comunitario debería ir todavía más lejos que a lo que ha apuntado por ahora. “Exhortamos a los responsables políticos a que vayan más allá de la mera reducción de la obligación de informar (reporting) que recae sobre las empresas, ya que la obligación de informar representa sólo una fracción de todas las cargas reglamentarias que se traducen en elevados costes para hacer negocios en Europa. La UE también debería recortar urgentemente los costes generales de cumplimiento de la normativa, eliminar las cargas derivadas de las barreras en las operaciones empresariales transfronterizas en el Mercado Único y deshacerse de la excesiva burocracia”, señaló la organización.
La patronal europea, BusinessEurope, considera que el Ejecutivo comunitario debería ir todavía más lejos que a lo que ha apuntado por ahora
Bruselas propondrá reducir la carga administrativa en relación con los procesos de ‘reporting’ sobre el cumplimiento de objetivos de regulaciones relacionadas con reglas climáticas o de diligencia debida del 25% para todas las empresas y del 35% para las pequeñas y medianas empresas europeas. De ahí la cifra de 37.500 millones en ahorros, calculada a raíz de unas estimaciones de Eurostat, que apuntan a que los costes administrativos recurrentes anuales globales llegan a los 150.000 millones en la Unión Europea. Además, pide crear un régimen 'número 28', en referencia a los 27 Estados miembros actuales, con una misma serie de reglas y normas para todas las compañías que se quieran acoger a ella, independientemente del país en el que estén, algo que probablemente vaya a ser difícil de aplicar por sus implicaciones fiscales.
Aunque Von der Leyen ha prometido una simplificación administrativa y ha respondido así a la petición de una “pausa regulatoria” que llega desde algunas capitales, fuentes comunitarias han tenido que admitir que el plan incluye una veintena de propuestas legislativas, aunque explican que algunas tienen como objetivo sustituir las actuales 27 legislaciones nacionales en distintos ámbitos. Además, la Comisión propondrá la creación de un nuevo tipo de categoría de empresas medianas que hasta ahora no podían beneficiarse de algunos aspectos con los que sí contaban las PYME. Por ejemplo, eso permitirá que este nuevo tipo de empresas se beneficien de una simplificación en el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM).
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado este miércoles que la institución europea lanzará una agenda de simplificación regulatoria con la que espera que las empresas europeas se ahorren unos 37.500 millones de euros al año. ¿Una cruzada contra las propia regulación que Bruselas ha puesto en pie? Efectivamente. ¿Un repentino ataque de sinceridad tras un examen de conciencia? Fuentes comunitarias aseguran que no, que se trata de una corrección tras la puesta en marcha de algunas de estas regulaciones que tenían como objetivo llevar a las empresas europeas hacia la descarbonización.