Las nuevas medidas, las que se caen y las que se mantienen en el nuevo decreto ómnibus

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el decreto ómnibus que tumbó el Congreso hace una semana, tras alcanzar un acuerdo con Junts. El nuevo texto mantiene el escudo social y algunas de las medidas económicas del primero, pero hay otras que se caen por el camino y se introduce un nuevo sistema de protección para los propietarios que sufran okupación.

La nueva medida

El Gobierno introduce en este real decreto-ley un sistema de garantías para propietarios que pongan sus viviendas en alquiler social, exigido por Junts. Se canaliza así uno de los puntos anunciados hace unas semanas por el presidente, Pedro Sánchez, en sus medidas sobre vivienda. En concreto, se creará una red de garantías públicas según la cual, los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler a precio asequible tendrán garantizado el cobro de su renta. Junts ha informado que también se compensará a los propietarios cuando sufran un deterioro en sus viviendas provocado por la okupación o por inquilinos morosos, aunque sin especificar si aplicará a todos los propietarios o únicamente a quienes estén en este sistema de garantías.

Las que se mantienen

La revalorización de las pensiones. Es la medida estrella, ya que beneficia a más de 12 millones de personas. La subida se mantiene en los mismos términos del RDL que fue tumbado hace una semana. En primer lugar, las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,8%; las mínimas, en torno a un 6% y las no contributivas, un 9%. Además, también se eleva el complemento que se abona para la reducción de la brecha de género en las pensiones, con un pago adicional del 7,8%.

Ingreso Mínimo Vital. Este es otro de los elementos básicos del escudo social que se mantiene. El IMV subirá un 9%, igual que las pensiones no contributivas, para que sus beneficiarios ganen poder adquisitivo.

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Bonificaciones al transporte. El Gobierno también consigue salvar esta importante medida social que reduce el precio de los billetes y abonos de transporte público. Esto incluye la prórroga hasta el 30 de junio de la gratuidad de los abonos de Renfe (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) y de las líneas de autobús estatal. También incluye la bonificación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para los servicios de metro y autobús con la que financiaba el 30% del precio del billete. Estas medidas implicaban un esfuerzo presupuestario de 1.609 millones de euros para el Estado.

Prohibición de desahucios. El decreto extiende las medidas contra los desahucios de personas vulnerables durante todo el año 2025. Los tribunales mantienen la potestad para frenar estos lanzamientos si no existe una alternativa habitacional para las familias expulsadas.

Prohibición de cortes de suministros. Se mantiene el veto a los cortes de suministros para personas declaradas vulnerables. También se extiende la cobertura del bono social hasta final de año.

Ayudas por la DANA. El decreto también las mantiene, tal y como estaban diseñadas inicialmente. Entre ellas, la ampliación del perímetro de parcelas que pueden acogerse a las ayudas para la reconstrucción, la extensión de los plazos a los ayuntamientos para la solicitud de las ayudas de la DANA o la autorización al Gobierno para extender, de forma unilateral, estos periodos de solicitud de ayudas a futuro.

También se concede autorización a la Comunidad Valenciana para asumir nueva deuda con la que financiar el impacto de la riada. El decreto también amplía la aplicación del Mecanismo Reinicia, una línea de créditos a empresas y autónomos afectados por la DANA.

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Ayudas a La Palma. También se extiende el periodo de aplicación de las ayudas a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Esto incluye los ERTE, el aplazamiento de los pagos de cuotas a la Seguridad Social, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados.

Escudo antiopas. El Ministerio de Economía salva también el escudo ante la compra de inversores de fuera de la Unión Europea. El Gobierno tendrá capacidad para vetar operaciones “con el objetivo de proteger determinados sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público”. La redacción del texto es la misma que la del RDL tumbado.

Lo que se cae

Medidas fiscales. Junts ha conseguido sacar las medidas tributarias de este decreto, aunque señala que se negociarán en otro texto en adelante. Algunas de las medidas fiscales que desaparecen tienen relevancia. Una de ellas es la ampliación del beneficio fiscal en el IRPF para los contribuyentes que hagan reformas de eficiencia energética en sus viviendas.

Otra medida fiscal relevante que se cae es el incremento, de 1.500 a 2.500 euros la cuantía de la renta del segundo pagador con el límite máximo de 22.000 euros. También se cae la ampliación de los límites de los módulos para los autónomos, para evitar el efecto de la inflación y una subida del impuesto en frío.

Ayudas a industrias electrointensivas. Esta medida es un jarro de agua fría para muchos sectores. El decreto extendía hasta el final de año las ayudas para la factura energética de estas empresas, pero ahora decae. En la exposición de motivos del RDL tumbado, el Gobierno reconocía que es “imprescindible mantener el apoyo”, pero finalmente se ha caído.

Impuesto a la banca. El Gobierno introdujo una corrección para limitar el impacto contable del nuevo impuesto a la banca sobre las entidades financieras. En concreto, se realizaban cambios técnicos en los periodos impositivos y de devengo para que el nuevo impuesto no se solape con el extinto gravamen.

Entregas a cuenta. El RDL actualizaba las entregas a cuenta para las CCAA. Junts ha exigido eliminar esta actualización, por lo que las comunidades recibirán del sistema de financiación lo mismo que en 2024 salvo que se actualice a futuro. La formación independentista rechazó esta actualización porque antes quiere negociar un nuevo reparto en los objetivos de déficit (que llevan bloqueados desde el pasado verano) y la reforma de la financiación autonómica.