El agujero negro de las pensiones: habría que subir las cotizaciones un 36% para cubrir su coste

España ha experimentado un crecimiento histórico de los ingresos de la Seguridad Social en los últimos años. De hecho, entre 2023 y 2024, el crecimiento ha sido más intenso que el registrado en los años del pico de la burbuja inmobiliaria, cuando el sistema disfrutaba de un gran superávit. El motivo es la coincidencia de tres factores clave: la creación de empleo, la subida de los salarios y el alza de las cotizaciones sociales.

Pero ni siquiera ese crecimiento ha sido suficiente para contener el déficit de las pensiones. El gasto se ha disparado desde la indexación al IPC y el inicio de la jubilación de la generación del baby boom. Desde 2019, el gasto en prestaciones se ha disparado casi un 40%, con un aumento del 36% de las prestaciones contributivas y un 117% de las no contributivas, que se están revalorizando por encima del IPC.

Según los cálculos de Fedea a partir de las cifras de ejecución hasta noviembre, el déficit contributivo superó los 60.000 millones de euros en 2024. Este dato es la diferencia entre los ingresos por cotizaciones (sumando Seguridad Social y Clases Pasivas) y el gasto en pensiones contributivas. En definitiva, es el nivel de cobertura que generan las cotizaciones sobre el nivel de gastos actual que soporta el Sistema. El resto se financia con impuestos o, directamente, con deuda pública. Para cubrir este gasto, sería necesario elevar los ingresos por cotizaciones sociales nada menos que un 36%. O, visto por el lado del gasto, reducir las prestaciones contributivas un 27%. El sistema de reparto no da más de sí, y eso que la generación del baby boom apenas ha empezado a jubilarse.

El déficit contributivo alcanzó el 3,8% del PIB en 2024, según los cálculos realizados por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Se trata del dato más alto de toda la serie histórica, descontados los años del covid, cuando el gasto en ERTEs disparó el presupuesto en prestaciones.

El deterioro de las cuentas del sistema ha seguido su curso a pesar de todas las sorpresas registradas por el lado de los ingresos. De hecho, en 2024 se superaron, por primera vez, los 200.000 millones de gasto en prestaciones contributivas, de los que 180.000 millones son pensiones.

En paralelo, las clases pasivas siguen agravando su situación financiera. Este es un sistema a extinguir desde el año 2011: no admite a nuevos trabajadores, pero sigue soportando las pensiones de quienes cotizaron por este. En 2024 el gasto en estas pensiones superó los 22.000 millones de euros, mientras que los ingresos generados no alcanzaron los 7.000 millones de euros.

El Gobierno sigue compensando el déficit contributivo con mayores transferencias del Estado a la Seguridad Social. En 2024, las transferencias totales superaron los 54.000 millones en precios corrientes, según los cálculos de Fedea. Esta cuantía supone ya el 3,4% del PIB y dado el ritmo de crecimiento del gasto, será difícil que se reduzca a futuro.

Esta transferencia es la garantía de que el Estado respalda el sistema público de pensiones. O lo que es lo mismo, que no quebrará a pesar del déficit que arrastra, siempre que el conjunto del país siga en pie. Gracias a esta transferencia, los números rojos de la Seguridad Social no fueron los 66.000 millones del déficit contributivo, sino de 12.000 millones, el 0,7% del PIB. El resto, se contabiliza como déficit de la Administración Central, que es quien capitaliza el grueso de los números rojos del sector público.

El objetivo del Gobierno es profundizar en las subidas de impuestos en los próximos meses, como el del diésel, para sufragar el déficit de las pensiones. Un agujero negro que sigue drenando recursos del resto de la economía para financiar las necesidades crecientes de gasto. Esto incluye una pensión máxima que supera los 3.260 euros al mes y otras dos pagas extras del mismo importe. Si se distribuyera en 12 meses, la cuantía mensual quedaría por encima de los 3.800 euros brutos.