Díaz logra imponer su reducción de jornada: por vía de urgencia y sin ayudas a empresas
Economía quería introducir modificaciones al acuerdo con los sindicatos para que las pymes tengan ayudas públicas en la transición, pero Trabajo ha insistido en rechazarlas por la negativa de la CEOE
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La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha dado luz verde al anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en los términos pactados entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en diciembre, según han confirmado tanto fuentes del Ministerio de Trabajo como de Economía. Tras semanas de debates entre ambos ministerios, finalmente se mantendría el documento surgido del diálogo social, que dejó fuera las ayudas a las empresas para adaptarse a la reducción por la negativa de CEOE y de Cepyme a participar en el acuerdo.
El siguiente paso es que se apruebe de urgencia el anteproyecto de ley en la comisión de secretarios y subsecretarios (CG6) de este mismo jueves, de manera que pueda ir al Consejo de Ministros del próximo martes 4 de febrero. A partir de ahí, el Gobierno cree que los órganos consultivos podrán tener listo los informes preceptivos en el mes de abril, para que pueda entrar en el Congreso en ese mismo mes o mayo.
El debate ha girado hasta el último momento en torno al impacto de la reducción de la jornada en las empresas pequeñas y medianas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía este lunes por la mañana introducir "garantías" para que los negocios de menor tamaño puedan afrontar la reducción, que supone una subida de sueldo por hora trabajada y la necesidad de hacer nuevas contrataciones para seguir manteniendo el mismo servicio. Por el contrario, Yolanda Díaz ha exigido mantener el texto firmado con UGT y CCOO, que también incluye un endurecimiento del registro horario y especificaciones para el derecho a la desconexión digital, y esta ha sido la postura ganadora.
"Al igual que en otras ocasiones, como se hizo en el acuerdo en materia de pensiones, se respeta el acuerdo alcanzado en este caso con los sindicatos. Es el que se ha discutido en el marco de la CDGAE y se elevará a Consejo de Ministros", señalan fuentes del Ministerio de Economía. Aunque a la vez reiteran que es "oportuno barajar medidas de flexibilidad y acompañamiento" especialmente a las pymes para que la reducción de jornada sea sostenible en el tiempo.
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El pacto con los sindicatos descartó las ayudas a las empresas propuestas durante la negociación tripartita y otras medidas de flexibilidad sobre la distribución irregular de la jornada porque las patronales decidieron no sumarse. En una entrevista en la SER, Cuerpo ha explicado que estas ayudas podrían introducirse durante la tramitación parlamentaria. Es la zanahoria que se guarda el Gobierno para intentar convencer a Junts para que apoye la reducción de jornada en el Congreso. El objetivo es que la norma sea "aceptable" para todos los partidos políticos, ha señalado el ministro.
En cuanto a los plazos de entrada en vigor, la vicepresidenta segunda no se atreve a aproximarlos a pesar de que en el acuerdo de coalición se fija el año 2025. Preguntada por ello en un desayuno de Europa Press, ha reconocido que, aunque el anteproyecto de ley se tramite de urgencia, "el lapso temporal es muy largo". Tras la aprobación en primera vuelta en Consejo de Ministros, los órganos consultivos harán sus dictámenes, lo cual demora meses el proceso antes de que el texto llegue al Congreso y allí tampoco será fácil lograr la mayoría necesaria. De hecho, el acuerdo con UGT y CCOO ya contempla una disposición transitoria para que la jornada se adapte en las empresas durante 2025, lo que implicaría una aplicación efectiva a partir del uno de enero de 2026.
El ministro de Economía ha justificado la tramitación del anteproyecto de ley por la vía de urgencia, para "acortar pasos" en cuanto a estudios y análisis y ha señalado que espera que estos procedimientos puedan estar "más o menos" terminados "para el mes de abril o mayo". "A partir de ahí esto pasa ya directamente a través del Consejo (de Ministros) a la negociación de la tramitación parlamentaria, que es donde efectivamente deberemos conseguir ese acuerdo tan importante para hacerlo efectivo lo antes posible", ha explicado Cuerpo este lunes en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser.
"Inconstitucionalidad"
En las últimas semanas, CEOE y Cepyme han presentado un documento de alegaciones ante la Dirección General de Trabajo en el que señalan que la reducción de jornada sería inconstitucional. Creen que el Gobierno no estaría respetando un contenido esencial para la negociación colectiva como es la duración de la jornada de trabajo. "Pensamos que el Ministerio [de Trabajo] está invadiendo competencias del diálogo social", ha lamentado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha lamentado el "populismo y el cortoplacismo" del Gobierno con la reducción de jornada. En su opinión, esta reducción supone un obstáculo al crecimiento de las empresas y la creación de empleo. Y ha advertido de que "el propio Estatuto de los Trabajadores, sobre la duración de la jornada, se basa en la negociación colectiva".
Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la CEOE, ha señalado que la patronal "se siente muy satisfecha con la jornada (legal) que hay en estos momentos" y ha incidido en que la única vía que apoyan los empresarios para que la jornada se reduzca es la negociación colectiva. En referencia a las alegaciones presentadas por CEOE al anteproyecto de ley de reducción legal, ha sugerido que la patronal recurrirá la ley si se aprueba en el Congreso. "Habrá que ver lo que decide el Tribunal Constitucional (TC)", ha afirmado.
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La vicepresidenta segunda se ha pronunciado al respecto durante su intervención de este lunes, recordando que la patronal recurrió la reducción legal de la jornada de 43-42 horas semanales a 40 horas efectuada en 1983. "Este alegato a la inconstitucionalidad ya fue resuelto en la sentencia 210/1990. La patronal impugnó la reducción en una guerra abierta con el gobierno de entonces y el TC ya resolvió que era constitucional", ha explicado.
Díaz ha aprovechado para cargar duramente contra la CEOE y contra las "grandes consultorías que les asesoran", a las que les reprocha que "se equivocan profundamente" con un argumento de inconstitucionalidad que es "un disparate jurídico". En esta línea, ha asegurado que la patronal "está desdibujada" porque su postura "no tiene que ver con los legítimos intereses de los empresarios", sino con "una estrategia política". "Me gustaría que la patronal vuelva al lugar correcto del artículo 7 de la Constitución", ha pedido.
Garamendi ha contestado también a la vicepresidenta asegurando que la CEOE "no tiene estrategia política". También ha apelado a la independencia de la patronal que funciona sin tener en cuenta "lo que nos diga la política", y que sus decisiones se guían por "lo que pensamos que es bueno para las empresas y para el empleo".
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha dado luz verde al anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en los términos pactados entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en diciembre, según han confirmado tanto fuentes del Ministerio de Trabajo como de Economía. Tras semanas de debates entre ambos ministerios, finalmente se mantendría el documento surgido del diálogo social, que dejó fuera las ayudas a las empresas para adaptarse a la reducción por la negativa de CEOE y de Cepyme a participar en el acuerdo.