¿Estamos dispuestos a soportar una gran subida de impuestos para pagar la Defensa?
España ha disfrutado durante décadas de la seguridad pagada por los socios y está a la cola de la OTAN en gasto militar, pero parece que no le queda más remedio que asumir el coste
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En los últimos cinco años, España ha aumentado su gasto en Defensa un 75%, hasta rozar los 20.000 millones de euros. Aun con eso, es el último país de la OTAN en presupuesto militar, al que destina algo menos del 1,3% del PIB. Para alcanzar la media de los países de la Alianza tendría que duplicar su presupuesto actual, y para llegar al nivel de Estados Unidos, casi tendría que multiplicarlo por tres.
España, como otros países europeos, lleva décadas posponiendo su gasto militar bajo el paraguas protector estadounidense, que ahora se ha cerrado. El objetivo de la OTAN es que todos sus miembros destinen al menos un 2% de su PIB a Defensa, pero el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido un 5%. El objetivo del 5% es prácticamente inalcanzable en el medio plazo, ya que exigiría 61.000 millones de euros de gasto adicional a precios actuales.
Pero el objetivo del 2% es igualmente una quimera. Para alcanzarlo habría que presupuestar unos 11.000 millones de euros adicionales, una cifra exigente, pero factible que, puesta en contexto, es casi imposible. Ese contexto es que España tiene grandes necesidades de gasto público derivadas del envejecimiento, la digitalización y la transición ecológica. El Banco de España las ha estimado en 3,1 puntos del PIB para los próximos 10 años. A precios actuales suponen 55.000 millones de euros adicionales. Para comprender la magnitud de la cifra, un ejemplo: es algo más del 60% de la recaudación del IVA.
No hay peor momento, descontando las crisis, para afrontar el incremento del gasto en Defensa. Es ahora cuando se comprende la gran transferencia invisible que lleva décadas realizando EEUU a Europa con su paraguas militar. La magnitud del reto es tan amplia que incorporar un mínimo de 11.000 millones de euros al gasto en Defensa requerirá de un gran esfuerzo a la población, ya sea con recortes en otras partidas o con una importante subida de impuestos.
Los economistas Carmen Marín, Diego Martínez y Javier J. Pérez han hecho números, en un artículo publicado por Funcas, y constatan que la magnitud del gasto es inasumible sin importantes sacrificios. Partiendo de un escenario a políticas constantes e incorporando estas necesidades de gasto de forma paulatina, la deuda pública escalaría al 117% del PIB en el año 2034. El crecimiento económico previsto y los bajos tipos de interés no son suficientes para contrarrestar tal aumento del gasto.
Hay que tomar decisiones
Las pensiones, la Sanidad, la financiación autonómica o la inversión digital son políticas que ningún partido cuestiona. Vendrán sí o sí. Sin embargo, con la Defensa existe la tentación perenne de posponerla. Es un gasto que socialmente no está muy bien visto y que no genera beneficios visibles. Eso significa que va a ser complicada para cualquier Gobierno.
"Tendremos que hacer pedagogía sobre la inversión en Defensa", explica Diego Martínez, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. "Los economistas empezamos a cambiar el foco y no lo vemos como un gasto corriente meramente, sino como una inversión tan necesaria como la digitalización o el cambio climático". Y el rendimiento se tiene que interpretar como el efecto disuasorio que genera esa fuerza militar ante potenciales atacantes.
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La cuantía del reto es tan significativa que sería necesario subir los grandes impuestos para financiarlo. Para empezar, ya hay dos subidas que están en marcha. La primera es la progresividad en frío del IRPF, que sigue rascando el bolsillo de los trabajadores a medida que suben los salarios. Cada trabajador tributa por su último euro (tipo marginal) al nivel más alto que marca su franja de ingresos, lo que implica que cada subida del salario eleva el tipo efectivo que paga cada trabajador.
El segundo es el inicio de la tributación para los trabajadores que ganan el salario mínimo. El Ministerio de Hacienda está valorando no subir el mínimo exento como hacía en años anteriores, para que estos trabajadores empiecen a aportar a la caja común. No sería mucho, pero sí un inicio que sentaría las bases para que futuras subidas del salario mínimo pasen por caja.
Otra vía que han planteado los organismos internacionales es eliminar algunos de los beneficios fiscales del IVA. España es uno de los países europeos que tiene más productos en los tramos reducidos del impuesto y algunos de ellos, como el 10% de la hostelería, son claramente regresivos. Subir este servicio al tipo general generaría un importante aumento de la recaudación, sobre todo en un momento de ingresos récord del turismo. Sin embargo, se trata de una medida muy impopular. Es difícil que la población acepte una medida así si no percibe que existe un riesgo inminente de entrar en guerra.
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Probablemente, cualquier subida de impuestos tenga que venir aparejada de medidas para mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, dada la inercia que lleva el gasto en pensiones o el sanitario, es difícil pensar que se puede lograr una reducción del gasto suficiente como para financiar el incremento del gasto militar.
Por ejemplo, solo en los últimos cinco años, el gasto en pensiones se ha incrementado en más de 60.000 millones de euros. Derivando este gasto a Defensa ya estaría completado el compromiso con la OTAN. Sin embargo, políticamente ningún partido está dispuesto a soportar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo ni un solo mes. Y para muestra, lo que ha ocurrido esta semana: el choque a cuenta del decreto ómnibus para ver quién asume el coste de no revalorizar las pensiones. Es inimaginable pensar una cosa similar por un incumplimiento de los compromisos de gasto en Defensa.
Es dudoso que la sociedad esté dispuesta a hacer sacrificios para aumentar el gasto militar. Ya sea pagar más impuestos o aceptar recortes en el estado del bienestar.
Pasar al ataque
Un informe del Deutsche Bank apunta que la inversión en Defensa puede cumplir un doble objetivo en la UE: "Europa no solo está bajo presión para defender mejor su territorio y sus intereses. También está bajo presión para crecer". La industria militar ha sido muy buena para Estados Unidos, ya que genera empleos de calidad, aporta innovación y genera exportaciones de alto valor añadido. Europa podría diseñar una estrategia de Defensa que impulse, en paralelo, la industria de producción.
"Soportando el desarrollo de una industria doméstica de Defensa, la UE podría crear un nuevo sector de crecimiento capaz de reemplazar a los sectores en declive y no competitivos", señala la entidad alemana. El problema es que el despliegue de esta industria consumiría más recursos inicialmente y retrasaría el rearme de Europa.
Europa no deja de identificar industrias en las que tiene que invertir, la de Defensa es solo otra más. Inteligencia Artificial, baterías, chips, digitalización, renovables,… Sin embargo, las decisiones políticas que se adoptan van, habitualmente, en la dirección opuesta. Los presupuestos públicos se redirigen siempre hacia el gasto corriente, la regulación se centra en poner límites y burocracia, la fiscalidad busca resquicios para conseguir nuevos ingresos,… Las soluciones llegan a cuentagotas, como bien muestra la escasa ejecución de los fondos europeos a nivel comunitario.
Los países europeos llevan décadas poniendo en un segundo plano el crecimiento y la productividad. Y este es el origen de muchos de los problemas actuales. El estancamiento económico del continente, agravado por el envejecimiento, provoca que no haya recursos disponibles para financiar la Defensa, pero tampoco para impulsar otras industrias. Europa tiene por delante unas décadas de dificultades económicas que se van a convertir en amenazas geopolíticas. La debilidad del continente no ha pasado desapercibida para el resto de potencias.
En los últimos cinco años, España ha aumentado su gasto en Defensa un 75%, hasta rozar los 20.000 millones de euros. Aun con eso, es el último país de la OTAN en presupuesto militar, al que destina algo menos del 1,3% del PIB. Para alcanzar la media de los países de la Alianza tendría que duplicar su presupuesto actual, y para llegar al nivel de Estados Unidos, casi tendría que multiplicarlo por tres.