La política de atracción de extranjeros ricos puede favorecer el blanqueo de capitales
La atracción de extranjeros ricos, desarrollada por algunos estado o regiones a cambio de residencia o ciudadanía, tiene su cara amarga. Existe una creciente preocupación porque muchas operaciones buscan blanquear capitales
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Lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) en uno de sus ultimos trabajos de investigación: Los programas que ponen en marcha los gobiernos para atraer extranjeros ricos a cambio de beneficios, normalmente fiscales, alientan la elusión (entendida como la planificación fiscal agresiva) o, incluso, la evasión fiscal. Es decir, se trata de un incentivo perverso que no favorece la equidad y tiene un coste económico para los contribuyentes.
El FMI no es el único organismo que alerta sobre un fenómeno creciente. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la entidad asignada a la OCDE que combate el blanqueo de capitales, también ha advertido en un ambicioso trabajo que estos programas "pueden ser utilizados por delincuentes que buscan blanquear y ocultar el producto del delito o cometer nuevos delitos". En concreto, a través de sus dos modalidades: obtención de residencia o, incluso, la nacionalidad.
Estos programas, dice el GAFI, pueden brindar a los criminales ricos una variedad de oportunidades. Por ejemplo, la capacidad de colocar activos en el extranjero para prevenir u obstaculizar los esfuerzos de recuperación de activos, explicar transacciones sospechosas de alto valor y permitir el movimiento de importantes sumas de dinero ilícito a través de las fronteras. Es más, afirma, "proporcionan a los nuevos ciudadanos o residentes un acceso que tal vez no hubieran disfrutado en virtud de su ciudadanía original o país de origen".
El estudio del FMI, en esta línea, llega a la conclusión de que no está claro que los programas que se centran en la inversión en inmuebles produzcan un aumento significativo del valor de la actividad económica. Y lo mismo sucede con otra clase de activos en la medida que pueden destinarse a usos improductivos. Su conclusión es que "estos programas conllevan riesgos importantes para los países que los ofrecen y podrían conducir a la corrupción si no están bien administrados".
"Pueden ser utilizados por delincuentes que buscan blanquear y ocultar el producto del delito o cometer nuevos delitos"
Lo que propone el GAFI, por esta razón, es la revisión anual de los nombres de los solicitantes aprobados comparándolos con los sistemas internacionales de cooperación policial disponibles, como Interpol. De lo que se trata es de garantizar que no haya investigaciones o sanciones activas.
Una tendencia creciente
Esta fórmula para atraer extranjeros, recuerda el FMI, existe desde los años 80, pero en la última década se ha intensificado. En la actualidad, se ha extendido por 23 países, entre ellos España. En este caso, el patrocinador no es solo la Administración central, sino también algunas regiones. El Parlamento Europeo estimó que entre 2011 y 2019 más de 132.000 personas obtuvieron la residencia o la ciudadanía en los Estados miembros de la UE a través de ambos programas (residencia o ciudadanía), con un flujo total de inversión que ha alcanzado al menos los 21.400 millones de euros. Para tener acceso a esos programas, los agentes de inmigración suelen ser bufetes de abogados regulados o empresas de asistencia a la inmigración que ayudan a los solicitantes a organizar la documentación necesaria para que la operación de blanqueo llegue a buen fin.
El GAFI cita en su informe un caso ocurrido en 2017 en EEUU, cuando un abogado se declaró culpable de cargos federales de fraude y lavado de dinero por participar en un plan multifacético que recaudó más de 50 millones de dólares de inversores extranjeros que buscaban las llamadas tarjetas verdes (el documento que da derecho a una residencia permanente) a través del programa de visas EB-5.
Los incentivos para los extranjeros son variados, pero normalmente se hacen a través de dos instrumentos: ciudadanía a cambio de inversión o residencia por inversión en determinados bienes, ya sean inmuebles, bonos del Estado o cualquier otro programa de desarrollo económico. La casuística es variada y algunos programas tienen condiciones estrictas vinculadas a la presencia física, de modo que los beneficiarios deben mudarse físicamente del país para obtener las ventajas.
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Los requisitos, recuerda el informe, pueden ser laxos y la calificación puede obtenerse con una presencia física mínima o incluso nula en el país que otorga la ciudadanía o la residencia. También hay variaciones en la facilidad con la que los miembros de la familia (cónyuge e hijos dependientes) obtienen la residencia con la misma solicitud. En ciertos casos se trata de atraer capital y en otros se busca contratar mano de obra cualificada.
Lo que sostiene el estudio del FMI es que existen riesgos potenciales de seguridad si las verificaciones de antecedentes no son exhaustivas. O lo que es lo mismo, se conceden permisos sin conocer la integridad financiera del beneficiado, que ha podido reunir sus fondos a través del lavado de dinero, operaciones terroristas o de la evasión fiscal, además de un método para escapar de sanciones de los gobiernos.
Según el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, este tipo de operaciones propician los delitos financieros al alterar las identidades. Es más, asegura, tampoco se debe subestimar el impacto sobre otras economías, ya que otros países pueden verse afectados al producirse un deterioro de sus recursos económicos mediante la evasión o elusión fiscal.
El documento, incluso, plantea una cuestión que va más allá de lo estrictamente económico. "Los programas de ciudadanía", sostiene, "también plantean una serie de cuestiones importantes que van mucho más allá de los impuestos, incluida la cuestión filosófica de si la ciudadanía y la soberanía deberían ser mercantilizadas". En palabras del propio organismo encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales, el mercado de los impatriados forma un ecosistema de nicho "que generalmente carece de salvaguardias adecuadas e instituciones sólidas que puedan prevenir abusos con fines de lavado de dinero y otros delitos".
Precios inmobiliarios inflados
Ya en 2014, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por el hecho de que los esquemas nacionales que implican la "venta directa o indirecta" de la ciudadanía de la Unión socavan el concepto mismo de ciudadanía de la Unión Europea. Esto se debe a que la concesión de la ciudadanía nacional incluye la ciudadanía de la UE, con todos los derechos que conlleva, como la libre circulación dentro de la región. Es por eso por lo que se propone que cualquier beneficio en términos de ingresos y crecimiento económico se deba sopesar con carácter previo frente a sus costes potencialmente elevados, como las obligaciones que surgen de convertir a alguien en ciudadano.
Entre los efectos indeseables se destaca que esos permisos de residencia "pueden causar precios inflados de la vivienda, mientras que sus efectos indirectos internacionales pueden incluir desvío de inversiones o elusión de sanciones". Si se compran bienes raíces, afirma el estudio, el aumento de precio del parque de viviendas puede ser perjudicial en términos de asequibilidad para la población local.
Por estas razones, el estudio publicado por el FMI reclama que, como mínimo, los países deberían realizar un análisis cuidadoso y exhaustivo de los costes y beneficios antes de considerar esos programas. Estos deberían incluir todos los costes económicos y políticos que implica la mercantilización de los derechos de ciudadanía y residencia, asegurando también que haya suficiente transparencia y supervisión para evitar el uso indebido de los esquemas.
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Los trabajos del FMI y del GAFI coinciden con otros estudios hechos en España. El Instituto de Estudios Fiscales, dependiente de Hacienda, por ejemplo, ha reconocido que, como todo beneficio fiscal, "es propenso a conductas fraudulentas, por lo que personas con elevadas rentas y/o patrimonios pudieran estar acogiéndose indebidamente a este régimen especial". De ahí que propusiera la necesidad de "adoptar medidas con el fin de reducir estas conductas insolidarias con el resto de los contribuyentes que se someten a las normas tributarias".
La primera legislación española se aprobó en 2003 mediante una norma que permitía a los impatriados un trato preferencial respecto del resto de contribuyentes del IRPF. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aprobó en julio del año pasado una nueva deducción autonómica del 20% en el IRPF por inversiones en determinados valores por parte de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero. Entre los requisitos exigidos está que la entidad inversora no esté constituida ni tampoco domiciliada en un paraíso fiscal. En el IRPF estatal, igualmente, existe un régimen especial para impatriados.
Lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) en uno de sus ultimos trabajos de investigación: Los programas que ponen en marcha los gobiernos para atraer extranjeros ricos a cambio de beneficios, normalmente fiscales, alientan la elusión (entendida como la planificación fiscal agresiva) o, incluso, la evasión fiscal. Es decir, se trata de un incentivo perverso que no favorece la equidad y tiene un coste económico para los contribuyentes.