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¿Un SMI distinto por CCAA? La ley de los sindicatos vascos tensiona a la izquierda
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¿Un SMI distinto por CCAA? La ley de los sindicatos vascos tensiona a la izquierda

La iniciativa para ceder el salario mínimo a Euskadi es espinosa, porque abriría la puerta a que otras CCAA lo bajaran. En paralelo, abre un debate sobre qué sistema es preferible

Foto: Manifestación de EH Bildu en Bilbao para reclamar más competencias en materia laboral. (Arnaitz Rubio/Europa Press)
Manifestación de EH Bildu en Bilbao para reclamar más competencias en materia laboral. (Arnaitz Rubio/Europa Press)
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"No entendería que alguien pueda mostrarse en contra de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que Euskadi pueda tener un salario mínimo más alto que el que marca el Gobierno central", explica Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato ELA (Eusko Langileen Alkartasuna). Es uno de los impulsores del proceso para conseguir que Euskadi y Navarra tengan un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, una vieja reivindicación del sindicalismo nacionalista que nunca había estado tan cerca de cumplirse.

ELA, junto a LAB y otros cuatro sindicatos nacionalistas, han presentado en los parlamentos vasco y navarro una Iniciativa Legislativa Popular para poder fijar un SMI diferente al del resto del país. Pero la cesión de esta competencia no puede ir solo a dos comunidades, ya que el Constitucional lo anularía, por lo que reclaman que todas las autonomías puedan establecer su propio salario mínimo.

El texto de la iniciativa exige a los dos gobiernos autonómicos que soliciten al Estado la cesión de esta materia. El registro de la iniciativa es el primer paso; ahora tienen que recoger las firmas necesarias para respaldarla y comenzar su tramitación. ELA considera que completará la recogida antes del verano, para que comience el debate parlamentario el próximo otoño.

Bildu es el único partido que ha apoyado abiertamente esta demanda de los sindicatos vascos; el resto de los partidos se han puesto de perfil y evidencian su incomodidad con la propuesta. Lo mismo ocurre con los sindicatos estatales, que no han querido participar en esta iniciativa y que piden que el SMI siga siendo una competencia estatal.

Foto: El presidente del Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jimeno, posa para El Confidencial. (S. B.).
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Para el Gobierno central, renunciar a esta competencia es perder una de las herramientas más potentes que tiene para la política laboral. Para el actual Ejecutivo, el SMI ha sido una bandera de su lucha por los derechos de los trabajadores. Pero la cesión de esta competencia a las autonomías abriría la puerta a que algún territorio opte por bajarlo.

Hay 10 comunidades en las que el SMI supera el umbral del 60% del salario medio, utilizando como base la EACL del INE. La mayor diferencia se produce en Extremadura, donde el SMI anual es casi 2.700 euros superior al salario medio de la comunidad. Si el objetivo es que cada CCAA cumpla con la Carta Social Europea, habría que recortar el SMI en algunos territorios, un escenario que ha puesto en alerta a los sindicatos estatales.

Fuentes de CCOO y UGT reconocen la incomodidad que les genera esta propuesta impulsada desde Euskadi. "Es muy difícil decir allí que nos oponemos a un salario mínimo de 1.600 euros", explican. Pero la realidad es que les preocupa más la posibilidad de que algunas comunidades autónomas opten por bajar el suyo, o incluso empiecen a generar grandes desigualdades salariales dentro del país.

Pero hay un motivo adicional: actualmente, CCOO y UGT son los únicos representantes de los trabajadores que participan en el diálogo con el Gobierno para subir el SMI. Solo estos dos sindicatos aparecen en la foto. Si se cede esta competencia, podrían perder su papel protagonista en algunos territorios. Los dos sindicatos han optado por ponerse de perfil ante la ILP e intentar reconducir el debate al diálogo social. Pero la tramitación de la iniciativa legislativa forzará a las partes a quitarse las caretas.

Lejos de Madrid

"Hemos naturalizado que solo tenga que haber un SMI", argumenta Igeregi. En su opinión, "en un momento en el que hay un reparto de la riqueza cada vez más injusto, discutir dónde se tiene que decidir este mecanismo es una cuestión cada vez más relevante".

La iniciativa pone también en un aprieto al PNV en su pugna con Bildu por el voto nacionalista. Bildu ha apoyado abiertamente la iniciativa para tener un SMI "propio, adaptado a la realidad socioeconómica de Euskal Herria". El PNV prefiere que la reivindicación se canalice a través de la negociación colectiva y que el salario mínimo se suba a través de los convenios. El problema es que, para conseguirlo, hay que acordar la cuantía con la patronal, y se quedan fuera los trabajadores que no están protegidos por convenio. En definitiva, es un camino mucho más lento y complejo que tener la competencia del SMI.

Foto: La vicepresidenta segunda con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. (EFE/ Rodrigo Jiménez).

El debate está servido, e irá en aumento a medida que los sindicatos nacionalistas acumulen más y más firmas de la sociedad vasca y navarra defendiendo la ILP. ELA comenzará en las próximas semanas las reuniones con los gobiernos y los partidos políticos para tratar de recabar los apoyos. Será un momento delicado para el PNV y para el propio Partido Socialista de Euskadi.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ya se ha encargado de rebajar las expectativas. En una intervención pública de la semana pasada, calificó de "camino alternativo" la propuesta del SMI vasco, en comparación con su propuesta para reconducir esta cuestión hacia la negociación colectiva. En su opinión, "es constitucional y nosotros la respetamos, pero es un camino mucho más complicado, más difícil, que requiere ya unos acuerdos parlamentarios en Madrid y supondría un cambio ya a nivel de todo el Estado". Esto abriría un nuevo foco de choque territorial para el Gobierno de España. Últimamente, la política nacional se mueve a base de conflictos entre territorios.

En Madrid hay preocupación por que este debate escale y llegue al Congreso de los Diputados. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que la competencia del SMI es estatal y que el Gobierno seguirá fijando el salario mínimo común para todo el territorio. En ningún caso permitirán que una autonomía pueda bajarlo.

Esto sería una cesión parcial de la competencia, ya que el Gobierno central seguiría fijando el SMI de las CCAA que no quieran subirlo. Otro problema territorial que el Ejecutivo quiere bloquear a toda costa. El problema es que el PNV puede tener más dificultades para contener el debate dentro de Euskadi y asumir el coste social que conlleve. Porque aquí la cuestión no solo es mejorar los contratos más bajos, sino también avanzar en el autogobierno.

Un debate más profundo

La iniciativa de los sindicatos nacionalistas revive un debate que los economistas han mantenido en los últimos años: 1.200 euros no son lo mismo en Madrid o Barcelona que en un pueblo de Andalucía o Canarias. La diferencia es significativa en la calidad de vida que permiten, pero también en el esfuerzo económico que supone para los empleadores.

Lo que subyace es la heterogeneidad de la productividad dentro del territorio nacional. Las regiones más productivas, que son las especializadas en industria y en servicios de alto valor añadido, tienen salarios más altos, pero también mayores precios, lo que permite obtener un retorno positivo de los salarios más altos. Una empresa no crea un puesto de trabajo si no le resulta rentable, pero el umbral de la rentabilidad está estrechamente vinculado a la productividad y los precios de venta.

Foto: Imagen de una manifestación de funcionarios en el Ministerio de Justicia. (Efe)

Un SMI bajo en el País Vasco puede resultar alto para Extremadura. Esto puede ralentizar la creación de empleo en las regiones más rezagadas y estimularlo en las más caras. Por el contrario, salarios mínimos diferenciados pueden atraer inversiones empresariales a los territorios con costes laborales más bajos y fomentar así la convergencia territorial.

Dicho de otra forma: un SMI de 1.600 euros puede ser bueno en el País Vasco, por ayudar a redistribuir el valor añadido, pero malo en Extremadura, por entorpecer el crecimiento. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre el efecto que tendrían los salarios mínimos diferenciados por territorios. Por ejemplo, supondría un obstáculo más para la unidad del mercado.

La respuesta exige un debate profundo y analizar datos. Los sindicatos no pretenden generar un análisis para mejorar la situación económica de todo el país, pero sí puede ser el resultado colateral de su ILP. De hecho, es posible que algunas formaciones políticas situadas en el extremo opuesto ideológico de ELA o LAB vean con buenos ojos su iniciativa. Podría surgir así una pinza que presione a los partidos de izquierdas con presencia estatal. De ahí que vean con preocupación cómo este debate va ganando relevancia.

"No entendería que alguien pueda mostrarse en contra de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que Euskadi pueda tener un salario mínimo más alto que el que marca el Gobierno central", explica Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato ELA (Eusko Langileen Alkartasuna). Es uno de los impulsores del proceso para conseguir que Euskadi y Navarra tengan un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, una vieja reivindicación del sindicalismo nacionalista que nunca había estado tan cerca de cumplirse.

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