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Cómo arreglar un SEPE que no sirve: solo 35 de cada 1000 empresas lo usan para contratar
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Sin mejoras tras la Ley de Empleo

Cómo arreglar un SEPE que no sirve: solo 35 de cada 1000 empresas lo usan para contratar

Los servicios de empleo no son atractivos para cubrir las vacantes y colocan a pocos parados, lo que reduce las oportunidades de quienes tienen más dificultades e impide bajar el desempleo estructural

Foto: Una oficina del servicio público de empleo de Madrid. (EP)
Una oficina del servicio público de empleo de Madrid. (EP)
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"Que no se pueda reducir la tasa de paro por debajo del 10% es en parte consecuencia de un sistema que no funciona para colocar a la gente", opina Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Los problemas de los servicios públicos de empleo para intermediar entre la oferta y la demanda son ampliamente conocidos y la nueva Ley de Empleo no ha mejorado la situación.

Entró en vigor en marzo de 2023 y cumplió el hito 335 del Plan de Recuperación para recibir el dinero correspondiente de los fondos Next Generation, pero los cambios que prometía no llegan. Uno de los principales objetivos era transformar el SEPE en una verdadera agencia de empleo, algo que por el momento no ha sucedido, al igual que tampoco se han publicado las tasas oficiales de intermediación, empleabilidad y cobertura, que iban a servir para cuantificar el impacto de la norma.

Miguel Ángel García, profesor de economía aplicada en la URJC y viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022, cree que el problema empieza en la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las autonomías. "No ayuda porque uno es quien paga las prestaciones y los otros quienes tienen que controlar que realmente haya activación para el empleo", explica. El sistema no genera incentivos de eficiencia del gasto público.

García se ha encontrado en su experiencia sobre el terreno con "restricciones" para mejorar la intermediación porque requiere de cambios de funciones de los empleados públicos y de acceder a microdatos. "Mi opinión es que todo el mundo está muy cómodo en la situación actual", concluye, a pesar de que la gran mayoría de los académicos coinciden en el diagnóstico de los problemas.

Las empresas no acuden al SEPE

La primera disfunción es que las empresas no están interesadas en cubrir sus vacantes en el SEPE. Los datos apuntan a que los servicios públicos de empleo continúan teniendo un papel minoritario en las colocaciones de los parados y en la recepción de las ofertas. Según la Encuesta Anual Laboral del Ministerio de Trabajo, el 64,4% de las empresas preguntadas en 2023 necesitaron cubrir algún puesto a lo largo del año, pero solo el 3,5% de ellas acudió a los portales web de los servicios públicos o a sus oficinas físicas.

Se trata de un dato novedoso de la última publicación, en la que también se desglosan el resto de canales de búsqueda. El canal mayoritario es el tradicional, los contactos personales (68,5%) e incluso las redes sociales y los portales web de empleo privados duplican la cifra del SEPE. Esto sitúa a los servicios públicos como la penúltima opción, junto con colegios profesionales y asociaciones empresariales (con un 2%).

Aunque hay diferencias por comunidades autónomas, todas las ratios son bajas. Las más elevadas se registran en Asturias (9,2%), Cantabria (9,1%) y Navarra (8%), frente a Galicia (1,9%) y Madrid (2,5%). García considera que los servicios de empleo autonómicos "no tienen conocimiento ni relación con el tejido productivo", lo que también complica la eficacia de la formación. "Nos gastamos dinero en formación para el empleo que se desarrolla en actividades que no son las que necesitan las empresas ni los trabajadores. Está muy anquilosada en los planteamientos de los años 80-90", añade, y propone especializaciones más específicas y formaciones más cortas.

El SEPE no logra colocar a los parados

Si los servicios públicos de empleo no tienen contacto con el tejido productivo, es imposible que coloquen a muchos desempleados. Las ratios se mantienen bajas analizando los datos más actualizados del SEPE. En 2024, los servicios públicos de empleo solo encontraron trabajo al 7,07% de los parados inscritos como demandantes de empleo, el resto que encontraron trabajo lo hicieron por su cuenta. A pesar de la Ley de Empleo y de que las vacantes se encuentran en máximos históricos, la cifra incluso ha decrecido ligeramente en los últimos años, ya que alcanzó un 7,29% en 2022 y un 7,11% en 2023.

En términos históricos, como calcula Miguel Ángel Malo en un estudio de 2018, la ratio media fue del 6,6% entre 2007 y 2017. Además, el economista incide en que los servicios de empleo son más ineficaces en las crisis, al contrario de lo que debería suceder. El economista observa que las ratios de colocación de los servicios públicos de empleo tienen un comportamiento cíclico: aumentaron hasta el 7,9% en 2010 y se redujeron al 4,4% en 2012, recuperándose desde entonces hasta alcanzar el 7% en 2017. Lo mismo sucedió en la crisis de la pandemia, ya que en 2020 las colocaciones realizadas por los servicios de empleo cayeron hasta el 5,1% y se recuperaron hasta el 6,2% en 2021.

El resultado de este reducido interés por las empresas en usar el SEPE para contratar es que la mayor parte de las colocaciones se hacen en el sector público. Por ejemplo, en el mes de diciembre de 2024, el 61,7% se produjeron en los sectores de administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; sanidad y servicios sociales y educación.

Gastar más y mejor

Las recetas para mejorar esta situación son múltiples, empezando por que España "gasta poco" en políticas activas de empleo (PAE). Según calcula Cardoso, en 2023 se destinaron 2.800 millones a las PAE para 2,9 millones de parados, lo que apunta a unos 970 euros por parado. "Eso es inferior a los 1.400 que se destinaban hace diez años", señala, y se aleja del gasto que hacen los países europeos con mejores resultados. Por ejemplo, converger a las cifras de Alemania supondría aumentar la cuantía por demandante de empleo en torno al 50%, hasta los 2.220 euros. En todo caso, señala el economista, "el aumento de la dotación de los recursos debe estar condicionada a la mejora de la eficacia de los programas".

Otra forma de constatar la menor inversión de España es según la ratio de gasto en los servicios públicos de empleo de cada país por parado. España aparece en la parte inferior de la tabla a pesar de tener la tasa de desempleo más elevada de la UE y se encuentra muy lejos de Dinamarca y Alemania, que lideran el ranking y tienen tasas de paro bajas. Sin embargo, no existe una estadística actualizada para medir la eficacia de los servicios de empleo de la UE en intermediación (los últimos datos publicados son cálculos de la OCDE a partir de la EPA que publica Eurostat y se refieren a 2012).

Marcel Jansen, economista de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea, señala lo que hacen bien otros países. De Francia destaca la centralización hace una década de las políticas activas y pasivas de empleo en un mismo organismo y la realización de "experimentos aleatorios" a pequeña escala en las distintas áreas de actuación de las PAE implementando solo los más eficientes, algo que también lleva a cabo Alemania desde 2008 y los países escandinavos. En España el sistema sigue sujeto a la opinión de los orientadores, que son pocos y disponen de escasos datos sobre el tejido productivo, lo que resulta en entrevistas rápidas, pocas intervenciones y derivaciones uniformes.

Como se advierte en un artículo reciente publicado en el propio SEPE por Begoña Cueto, catedrática de economía aplicada de la Universidad de Oviedo, los contactos personales son "eficientes" en los países mediterráneos para encontrar empleo y las tecnologías de la información "han facilitado el acceso" a la oferta y la demanda, pero esto genera más desigualdades. Las personas sin una red personal conectada con el mundo laboral y menores habilidades digitales tienen "mayores posibilidades de exclusión" y "menores posibilidades de acceso al empleo". Una bolsa de parados que, si siguen sin funcionar los servicios públicos, es muy difícil que se reduzca.

"Que no se pueda reducir la tasa de paro por debajo del 10% es en parte consecuencia de un sistema que no funciona para colocar a la gente", opina Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Los problemas de los servicios públicos de empleo para intermediar entre la oferta y la demanda son ampliamente conocidos y la nueva Ley de Empleo no ha mejorado la situación.

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