Pensiones, cotizaciones, ayuda al transporte... las medidas que decaen tras el rechazo al decreto
El Gobierno sufre un duro revés parlamentario que afectará a la economía de millones de personas desde mañana, sin ir más lejos, el precio de los billetes de transporte público
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fbf2%2F15f%2Fc70%2Fbf215fc705ac787a6acc04186156cc11.jpg)
El Gobierno ha sufrido este miércoles una dura derrota en el Congreso de los Diputados con la convalidación del real decreto-ley ómnibus que incluye toda una batería de medidas económicas para el resto del año. El Ejecutivo buscó aunar todas las medidas en un sólo texto para forzar al Congreso a dar su voto favorable, pero finalmente Junts y PP decidieron votar en contra. El impacto económico de esta votación se notará ya desde mañana, cuando el RDL decaiga, salvo que el Consejo de Ministros se reúna de urgencia para aprobar un nuevo decreto.
Pensiones: La medida más importante que incluye el texto es la revalorización de las pensiones, ya que afecta a más de 12 millones de hogares. El texto contenía la subida de las pensiones del 2,8%, cuantía equivalente a la inflación media del año anterior. También se incrementaban las pensiones no contributivas un 9% y las pensiones mínimas en torno a un 6% (con variaciones en función de los casos personales). Adicionalmente se elevaba el complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas un 7,8%. La pensión correspondiente al mes de enero sí contendrá la subida, debido a que el RDL ha estado en vigor, pero en febrero sufrirán un recorte hasta el nivel de 2024 si no se evita.
El Partido Popular ha presentado una proposición de ley en el Congreso para mantener esta revalorización de las pensiones una vez que ha tumbado el decreto y Junts se ha mostrado dispuesto a apoyar esta subida. Esto significa que todavía hay margen para que exista un acuerdo político y se solucione la revalorización de 2025.
Ingreso Mínimo Vital: También se cae la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 12% para este año que buscaba mejorar la capacidad de compra de esta prestación.
Bonificación al transporte: El Gobierno también introdujo en este decreto la extensión de las ayudas al transporte aprobadas en el marco de la crisis energética. Se cae la prórroga hasta el 30 de junio de la gratuidad de los abonos de Renfe (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) y de las líneas de autobús estatal. También desaparece la bonificación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para los servicios de metro y autobús con la que financiaba el 30% del precio del billete. Estas medidas implicaban un esfuerzo presupuestario de 1.609 millones de euros para el Estado. Si finalmente decae esta medida, las administraciones subestatales tendrán que decidir si mantienen su bonificación. Hasta ahora, el Gobierno condicionaba este descuento a que las CCAA o los ayuntamientos financiasen un descuento adicional de al menos el 20% adicional.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F4c6%2Fff4%2F7cb%2F4c6ff47cb99beb57393cd6f9fcb9c6c7.jpg)
El decreto también incorporaba una novedad, la bonificación de los servicios públicos de bicicletas compartidas. El Estado estaba financiando, desde el primero de enero, el 30% de la rebaja del abono.
Cotizaciones sociales: El decreto también incorporaba una subida de las cotizaciones sociales que ahora queda paralizada. En concreto, subía la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en una décima, del 0,7 al 0,8%. Un incremento que no imlica una mejora de la pensión futura de los cotizantes, ya que estos recursos se dotarán al Fondo de Reserva para pagar las pensiones de las tres próximas décadas.
Bases máximas: En paralelo a la subida de las pensiones, el Gobierno también pretendía incrementar la base máxima de cotización un 4%, lo que eleva las cotizaciones sociales a los salarios más altos. Con este incremento, la base máxima alcanzaba los 4.909,5 euros al mes.
Cuota de solidaridad: El Gobierno también incluyó en el decreto la aplicación de la nueva cuota de solidaridad para salarios que superen la base máxima de cotización. En este primer año, los cotizantes tendrían que abonar un tipo del 0,92% para la renta que supere hasta en un 10% la base máxima. Esta cuantía se elevaría hasta el 1% para el 40% siguiente y finalmente se aplicaría un tipo del 1,17% para los tramos de la base de cotización que superen en más de un 50% la base máxima.
IRPF: El RDL también incorporaba algunas materias tributarias. En primer lugar, se elevaba de 1.500 a 2.500 euros la cuantía de la renta del segundo pagador con el límite máximo de 22.000 euros. En segundo, se prorrogaban las deducciones por inversión en mejoras de eficiencia energética en la vivienda y por compra de vehículo eléctrico. Y en tercero, se aumentaban los límites de los módulos para los autónomos y así incorporar el efecto de la inflación para evitar una subida del impuesto en frío.
Prohibición de desahucios: El decreto incorporaba la extensión de las medidas contra los desahucios de personas vulnerables durante todo el año 2025. Los tribunales tenían, hasta ahora, la potestad para frenar estos lanzamientos si no existía una alternativa habitacional para las familias expulsadas.
Prohibición de cortes de suministros: El Gobierno también incorporaba la prohibición del corte de los suministros básicos para las personas vulnerables. Igualmente, se extendían los valores extraordinarios para la concesión del bono social a las familias en situación económica delicada. Ambas medidas se extendían para todo el año 2025.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F683%2F344%2Ff69%2F683344f6995451672dfa53815eb8fa0b.jpg)
Salario mínimo: El Gobierno sigue negociando con los agentes sociales la subida del SMI para el año 2025. Mientras tanto, el Gobierno había aprobado la extensión del SMI de 2024 al año 2025. Si nada cambia, a partir de mañana no habrá salario mínimo interprofesional en España.
Viviendas al Sepes: Otra de las grandes iniciativas que coló el Gobierno en este decreto es el traspaso de inmuebles de diferentes administraciones públicas a la nueva empresa pública de la vivienda (Sepes). El objetivo era traspasar la titularidad de los inmuebles de Patrimonio Nacional al Sepes para utilizar los que actualmente estén ociosos para alquiler social. De esta forma, el Gobierno confiaba en poder empezar a gestionar inmuebles propiedad de Adif, Invied o la Siepse.
Ayudas por la DANA: El decreto incluía varias aydas relacionadas con la DANA. Entre ellas, la ampliación del perímetro de parcelas que pueden acogerse a las ayudas para la reconstrucción. El Gobierno detectó que había zonas afectadas por las riadas que no forman parte de los municipios incorporados a los decretos iniciales y subsanaba así este error.
El Gobierno también ampliaba los plazos a los ayuntamientos para la solicitud de las ayudas de la DANA. Este periodo se extendía en tres meses a contar desde el pasado 24 de diciembre. También se incorporaba la autorización al Gobierno para extender, de forma unilateral, estos periodos de solicitud de ayudas a futuro.
El decreto también ampliaba la aplicación del Mecanismo Reinicia, una línea de créditos a empresas y autónomos afectados por la DANA. En concreto, se extendían los préstamos a empresas que, sin presencia en la zona, quisiesen hacer inversiones turísticas en los municipios afectados y su cobertura se incrementaba a financiación de activos materiales destinados a mejoras de la sostenibilidad y la competitividad. Como consecuencia de estas medidas, también se ampliaban las dotaciones presupuestarias para satisfacer estas ayudas.
El Gobierno ha sufrido este miércoles una dura derrota en el Congreso de los Diputados con la convalidación del real decreto-ley ómnibus que incluye toda una batería de medidas económicas para el resto del año. El Ejecutivo buscó aunar todas las medidas en un sólo texto para forzar al Congreso a dar su voto favorable, pero finalmente Junts y PP decidieron votar en contra. El impacto económico de esta votación se notará ya desde mañana, cuando el RDL decaiga, salvo que el Consejo de Ministros se reúna de urgencia para aprobar un nuevo decreto.