El BCE rebaja la aportación de los fondos europeos al PIB por culpa de los Gobiernos
Los fondos europeos aportarán menos de lo previsto inicialmente al crecimiento de la UE. Esto es lo que estima el BCE en su última evaluación. Lo achaca a los problemas que tienen los gobiernos para gestionarlos
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¿Están utilizando de forma diligente los gobiernos europeos los 800.000 millones de euros que la UE puso a su disposición para combatir los efectos económicos de la pandemia? La respuesta es no. Al menos, es lo que sugiere un ambicioso trabajo del Banco Central Europeo (BCE) que ha analizado cómo se han utilizado hasta ahora en el conjunto de la región los recursos aprobados para revitalizar las economías europeas. Como consecuencia de esa falta de diligencia, el BCE rebaja sus estimaciones iniciales sobre la influencia de los fondos europeos Next Generation en el crecimiento del PIB y en la evolución de la deuda pública.
Los economistas del BCE aseguran que aunque los efectos favorables sobre las ratios deuda/PIB de los principales beneficiarios siguen siendo “significativos”, su efecto será considerablemente más bajo de lo previsto inicialmente. En el caso de Italia y España, en concreto, el impacto proyectado para 2031 sobre la deuda pública se ha revisado a la baja de 12-14 puntos porcentuales a 7-8 puntos. Esto se debe, aseguran, a los retrasos en la implementación de los fondos, que han reducido su impacto tanto en términos presupuestarios como en el PIB. El estudio, incluso, considera que estos retrasos han dado lugar a una importante revisión a la baja del PIB potencial, lo que afecta a las proyecciones de deuda a largo plazo. El PIB potencial se define como lo que puede crecer una economía sin generar desequilibrios macroeconómicos.
El análisis parte de que la implementación del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resistencia (MMR), el principal fondo a distribuir, ha tenido especial impacto en relación con el PIB en materias como las energías renovables, las estaciones de recarga para vehículos eléctricos, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y la inteligencia artificial. Sin embargo, los retrasos en las reformas y en las inversiones en otras actividades han elevado los riesgos de que al final del programa, en 2026, quede mucho por hacer. O dicho de otra forma, que o bien los fondos no se gasten, salvo que haya una ampliación de la fecha de caducidad, o que se inviertan deprisa y corriendo sin atender a criterios de calidad.
Ineficaz e incompleta
El estudio achaca los retrasos a las insuficiencias de los aparatos administrativos de los Estados. Aunque el informe admite que tal vez sea demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre la eficacia de las inversiones y de las reformas aprobadas por los gobiernos, los denominados hitos, sostiene que el riesgo de una implementación “ineficaz o incompleta” ha aumentado desde 2022.
Se da la circunstancia de que a estas alturas muchos países de la eurozona aún tienen que cumplir la mayoría o incluso la totalidad de sus compromisos de reforma vinculados al mecanismo de resistencia. Según sus cálculos, en muchos países el porcentaje de reformas es todavía inferior al 50%, cuando todos los hitos y objetivos deberán completarse a más tardar el 31 de agosto de 2026, según el Reglamento del MRR. Solo unos pocos países ya han sido evaluados y la Comisión ha considerado que han aplicado más del 50% de sus hitos y objetivos relacionados con las reformas. Destacan, entre ellos, por este orden, Francia, España e Irlanda, que obtienen las mejores notas.
Ahora bien, otra cosa es el ritmo de las inversiones, cuya velocidad de ejecución es mucho menor que en el caso de las reformas. El BCE estima que el impacto de los fondos se produce a través de tres canales principales: el de la prima de riesgo, el presupuestario (deuda pública) y el de las reformas estructurales, más difíciles de medir, ya que no son cuantificables. En el caso de las primas de riesgo (diferencial del bono de un país respecto del bund alemán a diez años) se estima que una reducción podría aumentar de forma permanente el producto de la zona del euro hasta un 0,2%, siendo Italia y España los países que por el momento han experimentado los beneficios más sustanciales.
En cuanto al PIB, se estima que el impacto del programa de fondos aportará entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales por encima del nivel de referencia sin programa para 2026, si bien las ganancias podrán aumentar hasta el 0,8-1,2% hasta 2031. Este impacto duradero, asegura, refleja la naturaleza estructural de los proyectos de inversión Next Generation, que se dirigen principalmente a la inversión pública y contribuyen a la capacidad productiva a largo plazo. Los efectos son particularmente pronunciados en los principales países beneficiarios, Italia y España, donde las ganancias son dos a tres veces mayores que para el promedio de la zona del euro.
En relación con la inflación, el análisis identifica un impacto moderado en la zona del euro. Sus simulaciones sugieren una diferencia máxima de alrededor de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la situación de referencia sin programas. En los principales países beneficiarios –Italia y España– los efectos podrían alcanzar temporalmente 0,3 puntos porcentuales.
800.000 millones
El presupuesto original destinado a financiar el Next Generation era de más de 800.000 millones de euros para toda la UE. De esa cantidad, 724.000 millones, alrededor del 90%, fueron destinados al mecanismo de recuperación. Hasta el momento, los Estados miembros han solicitado 650.000 millones de euros. Si bien todos ellos han pedido las subvenciones en su totalidad, que son a fondo perdido, algunos han optado por no solicitar los préstamos (a devolver) o por pedir una cantidad inferior a la que tenían derecho antes de la fecha límite de agosto de 2023. Esto equivale al 4,6% del producto interior bruto (PIB) de la UE en 2019.
Lo solicitado, en todo caso, no coincide con lo desembolsado, ya que hasta el momento apenas se sitúa en 320.000 millones de euros, aproximadamente la mitad. De esta cantidad, 265.400 millones de euros se han abonado a los Estados miembros tras el cumplimiento satisfactorio de los hitos cualitativos y los objetivos cuantitativos relacionados con la finalización de las reformas e inversiones asociadas a cada tramo. Esto significa que, en este momento, alrededor del 60% de las subvenciones y préstamos del MRR aún debían abonarse a los Estados miembros de la Unión Europea (el 50% en el caso de los países de la zona del euro).
Este endeudamiento a gran escala continuará hasta finales de 2026
Estos desembolsos han obligado hasta mediados del año a la Unión Europea a emitir en los mercados para financiar los programas de gasto casi 500.000 millones de euros, por encima de lo que han hecho otros instrumentos, como son el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este endeudamiento a gran escala continuará hasta finales de 2026 a más tardar, con una estimación aproximada de 150.000 millones de euros en emisiones por año.
Los últimos datos del Gobierno español muestran que alrededor de 47.600 millones de euros habrían llegado a la economía real, según explicó este martes el ministro Carlos Cuerpo en la Mesa de Diálogo Social, donde están los sindicatos y empresarios. Ahora bien, hasta el 31 de diciembre ya se habían convocado casi 77.500 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, lo que significa que España ya ha convocado prácticamente la totalidad de los recursos no reembolsables asignados. Una cosa es convocar, sin embargo, y otra distinta es desembolsar, ya que eso depende del ritmo de ejecución de los proyectos y de la diligencia de los trámites administrativos.
¿Están utilizando de forma diligente los gobiernos europeos los 800.000 millones de euros que la UE puso a su disposición para combatir los efectos económicos de la pandemia? La respuesta es no. Al menos, es lo que sugiere un ambicioso trabajo del Banco Central Europeo (BCE) que ha analizado cómo se han utilizado hasta ahora en el conjunto de la región los recursos aprobados para revitalizar las economías europeas. Como consecuencia de esa falta de diligencia, el BCE rebaja sus estimaciones iniciales sobre la influencia de los fondos europeos Next Generation en el crecimiento del PIB y en la evolución de la deuda pública.