La burguesía catalana hace caja con la bronca entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Descontrol público, beneficio privado. Albricias en la familia Bertrand, antiguos empresarios algodoneros y del textil reconvertidos en gestores del ingente patrimonio acumulado por generaciones de matrimonios entre ricos. Nunca hubieran pensado las diferentes ramas de los Bertrand que un ministro de Sumar les iba a llenar las arcas, pero así ha sido, con la compra de la Casa Gomis por parte del Ministerio de Cultura, encabezado por Ernest Urtasun. ¿La clave? La vicepresidenta Yolanda Díaz se encuentra en este momento duramente enfrentada al ministro de Economía Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral, que sigue sin prosperar. Y el conflicto llega más allá de la Moncloa y en la práctica se ha extendido a Cataluña, como prueba lo ocurrido en La Ricarda.

La Casa Gomis se encuentra en La Ricarda, el humedal donde Aena y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quieren ampliar la pista del aeropuerto de El Prat. Puñalada de los Comunes a las puertas de negociar los Presupuestos de la Generalitat. El coste para el erario público, 7,2 millones que han ido directo a los bolsillos de los Bertrand Gomis, una de las cuatro ramas de esta privilegiada dinastía.

Los Bertrand esperaban cobrar cerca de 3,5 millones por las 135 hectáreas del humedal, que iba a adquirir Aena. Ahora, gracias a los Comunes, la operación superará los 10 millones de dinero público para repartir entre las cuatro ramas de la familia. El triple del coste original. Comunismo a la inversa porque los ricos también lloran. Y sin contar que la Generalitat sufragará, también con dinero público, el traslado de la Casa Gomis. Porque los Comunes con esta operación no pararán la ampliación de El Prat. Eso sí, la convierten en mucho más costosa.

Los beneficiados de la operación serán los socios de Ebys Inmuebles SL. Los Bertrand Barraquer, Bertrand Vergès, Bertrand Marfà y Gomis Bertrand controlan un 24% de la sociedad cada uno, mientras el 1% restante corresponde a los Rosal Bertrand, según consta en el Registro Mercantil. Fuentes del PSC apuntan que con la adquisición de la Casa Gomis Sumar le ha dado una patada a Pedro Sánchez en el culo de Salvador Illa por el desencuentro en su gabinete a vueltas con la reducción de la jornada laboral.

La procesión va por dentro

Por ahora, el presidente de la Generalitat tendrá que asumir el revés. Necesita a los Comunes para pactar los presupuestos de la Generalitat, una negociación que ya va con mucho retraso. Esta misma semana los comunes se reunieron con la consellera de Economía, Alicia Romero, para abordar las conversaciones presupuestarias. De manera oficial, el encuentro fue bien pero la procesión va por dentro.

Fuentes de la conselleria de Territori, que encabeza la consellera Silvia Paneque, aseguran que la compra de la Casa Gomis “no afectará” a los planes de Illa de dar luz verde a Aena para invertir 1.700 millones de euros en la ampliación de El Prat, el segundo aeropuerto más importante de España y por tanto de la empresa que preside el también catalán y miembro del PSC Maurici Lucena.

El Prat cobra de AENA cada año más de 31 millones de euros en concepto del IBI por alojar las instalaciones aeroportuarias

Sin embargo, en términos de coste sí que afectará a los más de 10 millones de euros que ya costará solo hacerse con los terrenos. Además, habrá que trasladar la Casa Gomis, construida por el arquitecto Antoni Bonet en 1963, piedra a piedra. Se trata de un caso de arquitectura racionalista calificada de Bien de Interés Cultural. Más dispendio para la Generalitat.

Determinación de Illa

La determinación de Illa es sacar la ampliación del aeropuerto adelante durante esta legislatura, según manifiestan fuentes de la Generalitat. Pero el ayuntamiento de El Prat todavía puede poner muchos palos en las ruedas a esta importante inversión. El alcalde de El Prat es Lluís Mijolet, de En Comú Sumar. Es el alcalde más importante que tienen en este momento los Comunes de Ada Colau y siempre se ha manifestado en contra de la ampliación. El Prat no sólo es un refugio natural de patos, sino también de antiguos cargos del PSUC.

El Prat cobra de AENA cada año más de 31 millones de euros en concepto del IBI por alojar las instalaciones aeroportuarias. Una de las bazas que le quedan a Illa es redefinir el reparto del IBI del aeropuerto en el seno del Área Metropolitana de Barcelona para repartirlo entre otros municipios colindantes –Castelldefels, Viladecans– también afectados y perjudicados por la actividad aeroportuaria. Sólo que se plantease esta alternativa haría que el consistorio de El Prat fuese mucho más flexible cara a una nueva ampliación. Eso sí, se preservará la continuidad de los humedales en otro lugar, previsiblemente en los márgenes del río Tordera, en el Maresme.

Cuestión de fondo

Los Comunes han convertido la ampliación del aeropuerto en una cuestión de fondo. El aeropuerto se ha convertido en un símbolo de todo lo que va mal en Cataluña: por el aeropuerto entran los turistas, por el aeropuerto llegan los profesionales de altos salarios de las tecnológicas que ayudan a gentrificar la capital catalana. Los aviones son un factor del calentamiento global. Si los Comunes apuestan por el decrecimiento económico, el aeropuerto se ha erigido en su piedra de toque.

¿Son capaces de los de Ada Colau de reventar la negociación presupuestaria por la ampliación del aeropuerto? Todo apuntaría a que no. Medidas muy de izquierdas como el Plan de Barrios o las 50.000 viviendas dependen de los Presupuestos de 2025 en la Generalitat. Parece improbable que se vaya a poner todo esto en juego por una ampliación que no podrán parar por mucho dinero que vaya dejando en los bolsillos de los ricos propietarios catalanes.