La paradoja de la temporalidad del empleo público: cumplimos con la UE, pero estamos peor

España plasmó en su Plan de Recuperación de 2021 una amplia reforma de las administraciones públicas centrada en la digitalización, la modernización y la reducción de la temporalidad de los empleados públicos, pero hasta ahora ha sido menos transformadora de lo anunciado. Aunque el Gobierno haya cumplido lo pactado técnicamente con Bruselas, la mayor parte de los hitos no han logrado cambios profundos por sí mismos.

El ejemplo más claro es lo sucedido con la temporalidad. Según la ley 20/2021, el hito número 144 del plan, el objetivo era “situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas”. Sin embargo, en el documento técnico solo se estableció un hito específico al respecto (el 150) consistente en la estabilización de al menos 300.000 trabajadores públicos temporales antes del 31 de diciembre de 2024.

La cifra se ha logrado, según anunció hace unos días el nuevo ministro de Función Pública, Óscar López, pasando 321.000 plazas temporales a indefinidas. Sin embargo, la temporalidad ni siquiera se acerca a la ratio mencionada en la normativa. En el ministerio se muestran satisfechos con el logro porque permitirá solicitar la parte proporcional de los fondos a la Comisión Europea y señalan que la meta del 8% solo figura en la exposición de motivos de la ley. “El objetivo era el otro, el de la estabilización”, destacan.

La paradoja es que, a pesar de lograr la estabilización comprometida, la ratio de temporalidad del empleo público es ahora más elevada que antes de la pandemia. Según la EPA, alcanzó el 28,6% en el tercer trimestre de 2024, superando el 27,8% de 2019 y el promedio de la serie histórica, que comienza en 2002. La tasa más baja de temporalidad se produjo en 2013 (en torno al 19%), y desde entonces ha crecido progresivamente, con un nuevo impulso durante la pandemia.

Hay varios factores detrás de esta evolución, siendo el más evidente las contrataciones de interinos realizadas durante la crisis sanitaria. No obstante, la inercia a la contratación de temporales se ha prolongado en 2023 y 2024, según los últimos datos de enero. Esto resulta sorprendente, dado el objetivo político de reducción de la temporalidad, la vuelta a la normalidad sanitaria y la convocatoria de numerosas ofertas de empleo público (OEP) respecto a años anteriores. Según el Gobierno, estas convocatorias permiten crear empleo neto, pero no convencen a tres de los cuatro principales sindicatos de la Función Pública.

Una posibilidad es que, a pesar de las elevadas ofertas, siga habiendo déficits y las administraciones hayan cubierto necesidades más urgentes con interinos, ya que los procesos de oposición suelen alargarse en el tiempo. Otra explicación sería que las administraciones locales y autonómicas, que concentran el 82% de los interinos, están experimentando ingresos tributarios récord y elevadas dotaciones del Estado, lo que podría estar impulsando la contratación temporal más allá de convocar plazas fijas.

Además, las cifras actuales reflejan todavía el impacto de la crisis financiera de 2008. Las administraciones contrataron a más interinos debido a las restricciones presupuestarias, que fijaron tasas de reposición por debajo del 100% en los peores años de ajustes. Esto significa que los ingresos por nuevas plazas no cubrían las vacantes generadas por jubilaciones y bajas, aumentando la temporalidad y generando el actual problema de envejecimiento de las plantillas.

La temporalidad se concentra en las comunidades autónomas, lo que resulta lógico, ya que gestionan los servicios públicos esenciales y concentran el grueso de los empleados públicos. Aunque la tasa de temporalidad no está desagregada para los distintos niveles de la administración, se puede estimar con las cifras de interinos que publica el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

Según los últimos datos disponibles, los interinos representaban el 24,5% de los empleados públicos en enero de 2024, más que en 2019 (20,5%). La cifra asciende a 728.572, de los cuales la mayoría (623.661) están contratados por las administraciones autonómicas. Estas tienen una ratio de interinidad del 33,5%, frente al 15,3% de las entidades locales y solo el 3,1% del Estado. No obstante, todos los niveles de gobierno tienen un porcentaje de interinos superior al escenario prepandemia.

La evolución de la tasa de temporalidad y el futuro de los actuales interinos dependerá en gran medida de las próximas convocatorias de empleo público, de su rapidez para resolverse y de posibles nuevos procesos de estabilización. Mientras tanto, la meta del 8% no está entre las principales reivindicaciones sindicales, ni tampoco parece ser un objetivo del Gobierno. Esto a pesar de las sentencias sobre la abusiva temporalidad de los empleados públicos españoles, con casos de trabajadores que han permanecido como temporales durante 30 años en el mismo puesto.

Se retrasa la alternativa a la tasa de reposición

A finales de 2023, el Gobierno aprobó parte de la ley de función pública, fijada en el hito 148 del Plan de Recuperación, mediante un real decreto-ley. El texto y dos órdenes ministeriales permitieron cumplir con Bruselas y solicitar el cuarto pago de los fondos. Entre los principales cambios prometidos por las normativas están una renovación en la planificación y gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas, con planes de cuatro años, y una reestructuración de sectores concretos.

Para dar cumplimiento a esto, el anterior ministro del ramo y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, anunció en enero de 2024 la eliminación de la tasa de reposición y su sustitución por un nuevo modelo que se negociaría con los sindicatos y se incluiría en los Presupuestos de 2025. Sin embargo, más allá de los retrasos en las nuevas cuentas por cuestiones políticas, un año después no se ha avanzado en el nuevo modelo de convocatorias, que no es requisito para recibir los fondos.

Escrivá reconoció en julio, durante la aprobación de una Oferta de Empleo Público de 40.146 plazas, que la distribución de las mismas tenía “instrumentos no flexibles que empujan a la planificación en el corto plazo”. Según el exministro, la estructura de recursos humanos de las administraciones públicas “tiene demasiada inercia y no permite ahondar en el nuevo modelo”, por lo que 2024 iba a ser un “año de transición” que, finalmente, no se ha materializado.