La creación de empleo reduce la desigualdad a niveles anteriores a la crisis de 2008
En la última década, la economía ha logrado crear casi cinco millones de puestos de trabajo. Una de las consecuencias ha sido una reducción de la desigualdad hasta situarse ya por debajo de la gran crisis que comenzó en 2008
La noticia buena es que la desigualdad ha vuelto a niveles anteriores a la Gran Recesión de 2008, cuando el aumento del desempleo empujado por la caída del PIB disparó la inequidad de renta; la mala, sin embargo, es que todavía se sitúa por encima de la media de la Unión Europea.
O expresado de otra forma, según Eurostat, la agencia estadística de la UE, el índice Gini, que es la medida más representativa para observar el reparto de la renta, muestra que en 2023 se situó en 31,5 puntos, ya por debajo de los 32,4 puntos que alcanzó en 2008, cuando el desempleo fue ligeramente inferior al 8%. En los años más duros de la crisis llegó a escalar hasta los 34,7 puntos, pero la posterior recuperación económica, básicamente por la creación de empleo, fue equilibrando el reparto de la renta.
Hoy, sin embargo, y pese a la mejora, España sigue siendo más desigual que en la eurozona (31,5 puntos frente a 29,8), todavía lejos de los países con mayor nivel de cohesión social. Lejos, incluso, de 1989, cuando el índice se situó en 30,6, el mínimo de la serie histórica en democracia.
Lo que mide el índice Gini, que lleva el apellido del economista italiano que desarrolló este coeficiente, es la distribución de los ingresos (la renta) dentro de un país. El coeficiente se sitúa entre 0, que expresa una igualdad perfecta, es decir, todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y 100, en que una sola persona lo tiene todo y el resto nada. Es decir, la desigualdad es total.
Igualdad de oportunidades
Su importancia radica en que a mayor cohesión social aumenta la igualdad de oportunidades, que es uno de los objetivos estratégicos de las democracias. En particular, en todo lo relacionado con el sistema educativo. La última Encuesta Financiera de las Familias, elaborada por el Banco de España, muestra, por ejemplo, que la renta media aumenta con el nivel de educación, y los ingresos son sustancialmente mayores para aquellos hogares cuyo cabeza de familia posee estudios universitarios. La literatura económica, igualmente, ha encontrado evidencias que el tamaño de la desigualdad influye de forma negativa en el crecimiento económico o en la conflictividad social. Factores como los salarios o el nivel de gasto público en prestaciones sociales, de la misma manera, influyen de forma determinante en la desigualdad.
Se trata, por lo tanto, de un indicador de equidad, no tanto de la riqueza de un país, lo que explica que naciones más pobres, como Eslovaquia o Eslovenia, se sitúen en mejor posición que Suecia o Noruega, cuyo nivel de vida es sensiblemente superior. La desigualdad de renta, hay que recordar, es distinta al reparto de la riqueza, que mide la acumulación de patrimonio por estratos de población, y que ha empeorado de forma intensa en los últimos años. Por ejemplo, la participación del 10% o el 20% de la población en la riqueza total.
Así, al comenzar el siglo, en 2002, según datos del Banco de España, el 43% de la riqueza neta total de la economía en manos de los hogares se concentraba en el 10% más rico de la población, mientras que este porcentaje era ya del 54,3% dos décadas más tarde. El porcentaje, en todo caso, es significativamente más reducido que el observado en otros países, por ejemplo EEUU. En 2021, en el contexto mundial, el 10% más rico poseía el 76% de toda la riqueza.
Más empleo, más equidad
La mejora de España en lo que se refiere a este indicador, como se ha dicho, tiene que ver fundamentalmente con la creación de empleo, ya que más puestos de trabajo significan un incremento de la renta media de los hogares. Y hay que tener en cuenta que, desde 2014, al comienzo de la recuperación, la economía ha sido capaz de generar 4,87 millones de puestos de trabajo.
Otro factor menos conocido tiene que ver con la llamada progresividad en frío de los impuestos, que produce un estrechamiento de la desigualdad. Al no deflactar la tarifa del IRPF, se produce un incremento generalizado de los tipos medios efectivos a lo largo de toda la distribución de la renta, y debido a que el IRPF es progresivo, mayores tipos medios suponen mayor redistribución.
La mejora en el índice Gini, no es óbice, sin embargo, para que España todavía esté lejos de alcanzar a Europa en porcentajes de población en riesgo de pobreza. En buena medida porque desigualdad y pobreza están fuertemente relacionadas. Y lo que muestran los datos de Eurostat es que mientras que en la UE el 21,6% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, en España se situó en 2023 en el 26,5%. La distancia se ha ampliado debido a un incremento de la población con carencias material y social severa, sin que el crecimiento del empleo haya sido suficiente para rebajar ese porcentaje.
Ahora bien, la pobreza no es nada homogénea por territorios, por lo que hacer una lectura nacional conduciría a errores. Mientras que en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, además de Ceuta y Melilla, se supera el 30% en tasa de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), en el País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid se sitúa por debajo del 20%.
Transferencias sociales
El denominado indicador AROPE (acrónimo de riesgo de pobreza y/o exclusión social, por sus siglas en inglés) mide a la población que cumple uno de estos tres supuestos: riesgo de pobreza (cuando no se alcanza el 60% de la mediana de los ingresos después de las transferencias sociales por unidad de consumo), carencia material y social severa (cuando un hogar no se puede permitir ir de vacaciones al menos una semana al año o comer carne o pescado al menos cada dos días) y, por último, baja intensidad en el empleo. Es decir, largos periodos de desempleo o de naturaleza muy precaria. Las transferencias sociales son importantes, ya sea en prestaciones como el desempleo o las pensiones, porque son las que permiten igualar el desequilibrio que se produce en origen, ya sea en los salarios o a través de la diferente cuantía de las cotizaciones que posteriormente dan derecho a una pensión.
La dispersión regional de España en cuanto a reparto de la renta, en todo caso, es relativamente reducida respecto de la media de la UE. Las diferencias regionales —las distancias entre las regiones más ricas y las más pobres— son más importantes en Alemania, Francia o Italia, y, desde luego, a años luz de Rumanía, Chequia o Hungría, que son, con diferencia, los países donde la cohesión regional es menor. Eso no significa, sin embargo, que también en España las distancias sean elevadas.
Mientras que en Europa, contando únicamente el riesgo de pobreza (sin exclusión social), el 16,2% de la población (71,1 millones) se encuentra en esa situación, en España se alcanza el 20,2%, pero es que en Extremadura sube hasta el 38,7%; el 36,3% de Canarias o el 35,1% de Andalucía. A nivel regional, en 10 regiones de la UE había una proporción de personas en riesgo de pobreza superior al 30%, de las cuales tres son españolas.
Los porcentajes más altos a nivel europeo se encuentran en algunos territorios de ultramar de Francia. En la Guayana francesa, más de la mitad (53%) de la población estaba en riesgo de pobreza, seguida de Calabria (40,6%) y Sicilia (38%) en Italia. Por el contrario, 26 regiones registraron porcentajes inferiores al 10%. Sorprendentemente, dado el contexto socioeconómico del país, la región rumana de Bucarest-Ilfov registró las tasas más bajas de personas en riesgo de pobreza (2,1%), por delante de la región italiana de Bolzano (3,1%) y la provincia belga de Oost-Vlaanderen (5,4%).
La noticia buena es que la desigualdad ha vuelto a niveles anteriores a la Gran Recesión de 2008, cuando el aumento del desempleo empujado por la caída del PIB disparó la inequidad de renta; la mala, sin embargo, es que todavía se sitúa por encima de la media de la Unión Europea.
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