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Seis años con el Ibex tutelado: Moncloa se aferra al poder de vetar operaciones incómodas
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prórroga del escudo antiopas

Seis años con el Ibex tutelado: Moncloa se aferra al poder de vetar operaciones incómodas

Tanto si las inversiones proceden de autocracias o de democracias consolidadas, la herramienta otorga al Gobierno una enorme capacidad para condicionar el mapa empresarial español

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Chema Moya)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Chema Moya)
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"Presente por doquier y visible en ninguna parte". Así es como tienen que estar los autores en sus obras, según Gustave Flaubert. La prórroga del escudo antiopas anunciada ayer muestra que el Gobierno quiere convertir el mapa empresarial español en una de sus obras, pero sin ninguna intención de hacerse invisible.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la extensión hasta 2026 del conocido como ‘escudo antiopas’, una medida que se creó de forma excepcional en 2020 para impedir que inversores extranjeros aprovecharan la brutal caída de las valoraciones bursátiles provocada por la pandemia para entrar en las empresas españolas a precio de saldo.

Foto: Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo. (EFE/Sergio Pérez)

Pensado inicialmente hasta 2021 y solo para inversiones de fuera de la UE, pronto se amplió también a inversores comunitarios y, cuando se aproximaba su vencimiento, se volvió a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta extensión, adoptada en el último Consejo de Ministros del año, da dos años más de vida, hasta un total de seis, a una herramienta que otorga al Gobierno un poder de veto de facto sobre cualquier operación corporativa que considere incómoda.

Gracias a ella, Moncloa se atribuye la autoridad para aprobar cualquier operación extranjera relacionada con infraestructuras consideradas críticas, con productos de posible utilización militar (conocidos como de doble uso), con suministros fundamentales (como materias primas), con sectores con acceso a información sensible y con medios de comunicación. Para el resto de sectores, el plácet gubernamental es necesario para toda inversión que supere el 10% del capital, participe de algún modo en su toma de control o supere los 500 millones de euros.

De Talgo a Telefónica, Naturgy o Prisa

El número de operaciones que entran bajo ese paraguas crece cada año: en 2020, el Gobierno evaluó 29 solicitudes; en 2021, fueron 55; en 2022, subió a 83 y en 2023 se alcanzaron las 97 transacciones analizadas. En la práctica, desde que esta herramienta está activa, el Gobierno solo ha vetado formalmente una operación: la de un consorcio público-privado húngaro para hacerse con el fabricante de trenes Talgo. Al ampararse en cuestiones de seguridad nacional y clasificar el dosier como, el Ejecutivo eludió cualquier tipo de argumentación.

Sin embargo, este listado omite las operaciones que no se han formalizado tras un tanteo informal con el Gobierno o aquellas en las que los interesados han desistido para no enfrentarse a una maraña regulatoria que puede alargar durante meses una operación. Con esta medida, el Gobierno no solamente se otorga el poder de vetar las operaciones corporativas, sino también el de condicionar a su gusto el resto, formal e informalmente.

Por ejemplo, además de vetar la opa de los húngaros Ganz-MaVag sobre Talgo, Moncloa ha tenido más de un año esperando a Arabia Saudí para poder elevar su participación en Telefónica desde el 4,9% hasta el 9,9%. Durante ese tiempo, Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación bancaria 'la Caixa', ha doblado su presencia en la operadora hasta el 10%, y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) se ha hecho con otro 10%.

Foto: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. (EFE/Fernando Alvarado) Opinión

Los requisitos que fija la herramienta no distinguen si estas inversiones proceden de autocracias o de democracias consolidadas. Por ejemplo, el Ejecutivo ha obligado al fondo de pensiones australiano IFM y a la gestora de fondos estadounidense BlackRock a asumir una serie de compromisos para poder aumentar su participación en la gasista Naturgy, relativos a la política de dividendos, de endeudamiento y de mantenimiento de la compañía en bolsa.

Y en ese caso, al menos las condiciones afectaban a la propia operación, pero en otras situaciones, el Gobierno ha aprovechado para exigir condiciones totalmente ajenas. Por ejemplo, el fondo francés Antin tuvo que renunciar a presentar arbitrajes internacionales contra España por el recorte de las renovables para hacerse con la energética Opdenergy.

Moncloa también ha aprovechado estos poderes para configurar a su gusto el accionariado de compañías en proceso de venta. Fue el caso del fondo estadounidense Bain Capital, que tuvo que reservar un 27,5% del capital del fabricante de motores de avión ITP para socios españoles, entre ellos Indra, para poder tomar la compañía.

Foto: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la Moncloa. (EFE/Emilio Naranjo)

Aunque tal vez la situación más controvertida política y mediáticamente haya sido el intento frustrado del conglomerado de comunicación francés Vivendi, ubicado en el centro-derecha ideológico, para tomar un 29,9% del Grupo Prisa, editor del diario El País y de la Cadena Ser, dos de los bastiones periodísticos del centro-izquierda español.

Vivendi llegó a tomar un 9,9% de Prisa y trasladó a Moncloa su intención de triplicar esa participación, hasta el umbral a partir del cual estaría obligado a lanzar una opa por el 100%. Pero la empresa controlada por la familia Bolloré, tras conocer de primera mano las intenciones del Gobierno, desistió de la operación. En su lugar, convirtió unas obligaciones de deuda en capital, lo que le permitió subir al 15%.

Geopolítica vs intervencionismo

El Gobierno cita el “contexto geopolítico” para argumentar la necesidad de prorrogar esta medida. Y efectivamente, son tiempos geopolíticamente convulsos: la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, la expansión económica china en sectores estratégicos y un segundo mandato de Donald Trump en EEUU a partir del 20 de enero, en el que se anticipa una gran guerra arancelaria.

Sin embargo, ya en 2022, el entonces presidente de la CNMV apuntó que la medida suponía una distorsión para un funcionamiento normal de los mercados financieros. El mero hecho de que se prorrogue de dos años en dos años da cuenta de su naturaleza extraordinaria. La cuestión es que sus defensores y detractores no son a priori obvios.

Por un lado, desde la CEOE, la patronal española, se ve con recelo que el Gobierno utilice este escudo antiopas para aumentar aún más su intervencionismo en el tejido empresarial español. Pero, por otro lado, supone un blindaje para los directivos de las grandes empresas sujetas a una posible entrada de un inversor internacional que altere el equilibrio de poder en el consejo de administración. La contrapartida es que esta situación aumenta su dependencia de los vaivenes de Moncloa.

"Presente por doquier y visible en ninguna parte". Así es como tienen que estar los autores en sus obras, según Gustave Flaubert. La prórroga del escudo antiopas anunciada ayer muestra que el Gobierno quiere convertir el mapa empresarial español en una de sus obras, pero sin ninguna intención de hacerse invisible.

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