El Gobierno aprueba la subida de las pensiones de 2025: así quedan las mínimas y las no contributivas

El ejecutivo ha aprobado este lunes en Consejo de Ministros dos reales decretos ley relevantes en materia de pensiones. Uno incluye la revalorización para 2025, y el otro, la última parte de la reforma pactada con los agentes sociales el pasado 31 de julio. La subida garantiza el mantenimiento o incluso un aumento del poder adquisitivo de los distintos tipos de pensionistas, aunque tendrá que ser convalidada en el Congreso de los Diputados.

Según ha adelantado en una comparecencia el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la subida de las pensiones contributivas en 2025 será del 2,8%, según el IPC promedio entre los meses de diciembre de 2023 y de noviembre de 2024. La revalorización implica que los pensionistas cobrarán cerca de 600 euros más al año si tienen una pensión media de jubilación y el incremento será de 500 euros en el caso de las pensiones medias del sistema de la Seguridad Social. En 2024 la subida fue un 3,8% y en 2023 un 8,5%, siguiendo la evolución de la inflación.

Por otra parte, el Real-Decreto ley fija una subida adicional de "alrededor del 6%" de las pensiones mínimas y del seguro obligatorio de vejez e invalidez y de un 9% de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital. Siguiendo la recomendación 15 del Pacto de Toledo y la última ley de pensiones, el aumento de estas prestaciones está ligado a la evolución del umbral de la pobreza, que depende del crecimiento de la renta, por lo que las revalorizaciones de los últimos años están siendo superiores al IPC y hacen posible una ganancia de poder adquisitivo para estos colectivos de rentas reducidas. También se revaloriza por encima del IPC, un 8,1%, el complemento para la reducción de la brecha de género y alcanza el importe de 35,9 euros al mes por hijo.

Según detalló el ministerio de Seguridad Social en el borrador del decreto, la indexación al IPC de las pensiones contributivas supone un gasto adicional de unos 5.000 millones de euros y beneficia a 10 millones de personas. Aunque sumando la revalorización superior de las pensiones contributivas mínimas y del complemento para la reducción de la brecha de género, da un gasto total de 5.950 millones. En total, la subida de todas las pensiones beneficiará a 12.318.117 personas y el coste se eleva a unos 7.166 millones de euros, montante que no queda cubierto por las nuevas medidas de ingresos, que ascienden a 5.799 millones.

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Este mismo decreto también incluye un aumento de las cotizaciones sociales. Se establece que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sea del 0,8% en 2025 frente al 0,7% de 2024. El reparto es de 0,67% a pagar por los empleadores y un 0,13% por los trabajadores. La cuota seguirá incrementándose anualmente hasta llegar al 1,2% en 2029. También suben la pensión máxima un 2,9% y la base máxima de cotización en un porcentaje adicional a la inflación, de manera que la pensión máxima queda en 3.267,60 euros al mes en 14 pagas, frente a los 3.175,04 de 2024.

Última parte de la reforma de las pensiones

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, en el Consejo de Ministros de este lunes también se ha aprobado la última parte de la reforma de las pensiones en otro Real-Decreto ley. La reforma modifica la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa y la jubilación demorada y se someterá a votación en el Congreso en un plazo de 30 días.

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La reforma busca que los trabajadores alarguen voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, "haciendo una salida del mercado de trabajo más progresiva y flexible, en línea con los países de nuestro entorno", señala el ministerio. Los grandes cambios consisten en eliminar algunos requisitos para el acceso a la jubilación activa, aunque se mantiene el de estar un año antes en la jubilación demorada, y en incentivar esta modalidad haciendo compatible el cobro de un creciente porcentaje de la pensión. Por otra parte, se amplía de 2 a 3 años el anticipo de la jubilación parcial y se mejora la jubilación demorada con un incentivo económico.

Respecto a los apoyos que el Gobierno tiene para sacar adelante esta norma, las últimas posturas se escenificaron en la Comisión del Pacto de Toledo celebrada en septiembre en el Congreso y algunos de los socios habituales (ERC, Bildu y BNG) manifestaron numerosas críticas.