Trabajo y sindicatos pactan la jornada de 37,5 horas adaptable durante 2025 y efectiva en 2026

Este viernes se volverá a repetir la foto de un acuerdo bipartito entre el Ministerio de Trabajo y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. La transición desde las 40 horas actuales establecidas en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores se hará de manera progresiva en 2025 y definitiva en 2026. No obstante, este plan pactado está sujeto a los cambios que sufra el anteproyecto de ley, primero durante la negociación con el resto de ministerios del Gobierno y, después, durante el complicado trámite parlamentario.

La foto, de la que una vez más se ausentan las patronales CEOE y Cepyme, se produce en una situación similar a la vivida con el conocido como Estatuto del Becario, pactado de manera bipartita en junio de 2023, pero todavía sin aprobar ni siquiera en Consejo de Ministros por desacuerdos entre los partidos de gobierno. En los últimos días, el Ministerio de Economía y el de Trabajo han escenificado mediáticamente un choque de trenes por el tiempo y la forma de la reducción de la jornada, aunque los sindicatos solo han negociado con el departamento de Yolanda Díaz, sin interferencias de otros ministerios.

Según fuentes de las negociaciones, el texto resultante del pacto bipartito contiene tres puntos: la reducción de jornada a 37,5 horas, un refuerzo del derecho a la desconexión digital y un endurecimiento del registro horario para vigilar la aplicación de la reducción. Lo mollar del acuerdo es cómo y de qué manera se llega a la nueva jornada laboral máxima, algo que está especificado en una disposición transitoria.

En el texto que el Ministerio de Trabajo publicó en consulta pública previa hace unas semanas, el primer trámite legislativo, se establecía que la jornada máxima semanal en promedio anual sería de 37,5 horas desde el uno de enero de 2025. El acuerdo con los sindicatos es menos estricto, según fuentes de la negociación, por lo que finalmente se da de plazo todo 2025 para que las empresas se adapten a la reducción a través de negociaciones con los representantes de los trabajadores. Aunque todavía no se conocen más detalles de esta flexibilidad, si será a nivel sectorial o por empresa, esto implica que la jornada de 37,5 horas será efectiva realmente a partir del uno de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajo negociará la jornada de 37,5 horas solo con los sindicatos y castiga a la CEOE sin ayudas

Cristina Dolz

La reducción afectará en principio a todos los sectores, supondrá 2,5 horas semanales menos en cómputo anual, y su aplicación se controlará con un registro horario renovado. Aunque ya es obligatorio por ley desde 2019, ahora será digital, interoperable para la Inspección de Trabajo y estará controlado por la representación legal de los trabajadores, aunque los detalles aparecerán en un reglamento a través de un real decreto, en paralelo al anteproyecto de ley. Este es uno de los aspectos que más fricción ha generado con los empresarios y el Ministerio de Trabajo juega con la ventaja de poder aprobarlo sin necesidad de apoyo parlamentario al ser una norma sin rango de ley.

Otro cambio sustancial en este ámbito es el de las sanciones que la Inspección ponga por incumplir el registro. Pasarán de ser una cuantía por empresa incumplidora a individuales por cada trabajador al que le afecten los incumplimientos dentro de una misma empresa.

TE PUEDE INTERESAR

El pasotismo de los empleados no exime a la empresa de cumplir con el registro horario

Irene Cortés

El tercer punto del documento que firmarán Trabajo y los sindicatos es la desconexión digital, un derecho ya regulado en el ordenamiento jurídico español, pero disperso en varias normativas y en algunos convenios colectivos. Ahora se pretende unificar, prohibiendo expresamente prácticas como sancionar a los trabajadores por no contestar fuera de su horario laboral.

Complicado recorrido legislativo

Teniendo en cuenta los términos del acuerdo con los sindicatos y los plazos de aprobación del cambio, el Gobierno incumplirá los términos del acuerdo de coalición, que fijaban una reducción de la jornada a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le quita hierro al asunto afirmando que lo importante no son las fechas, sino que la reducción se logre a lo largo de la legislatura, que en principio duraría hasta 2027.

"Tenemos que acompañar a las empresas, ayudarles a hacer esta transición, porque así es como tendremos éxito y nos aseguraremos de que este proceso no solo dé beneficios para todas empresas y trabajadores, sino que, además, se sostenga en el tiempo", defendió en una entrevista en Al Rojo Vivo el pasado miércoles. También abogó por que la reducción pueda ser adaptada dentro de la negociación colectiva para personalizarla a cada sector, lo que planteaba la patronal durante los once meses que duraron las negociaciones tripartitas y rechazan de planto tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

Los jefes ganan cuatro veces más que sus empleados en el reparto de la productividad

Carlos Sánchez

Yolanda Díaz le ha contestado en el mismo espacio un día después pidiendo el cumplimiento del pacto de coalición y cargando contra el ala socialista del Ejecutivo. “No hay ningún cambio entre Nadia Calviño y el señor Carlos Cuerpo”, ha afirmado haciendo alusión a los conflictos que mantuvieron ambas por la ley rider y las subidas del SMI, entre otros, aunque se muestra “segura de que vamos a alcanzar un acuerdo”. Algo necesario para que el anteproyecto al menos sea aprobado en Consejo de Ministros.

Además, la parte de los apoyos parlamentarios todavía no está atada. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, viajó este lunes a Waterloo para recabar el apoyo de los de Puigdemont a la reducción, pero no lo consiguió. “Tengo la sensación de que en relación con cuál será la posición de Junts, queda trabajo por hacer”, reconoció tras el encuentro. Para ganar las negociaciones dentro y fuera del Ejecutivo, Díaz es partidaria de recuperar las ayudas a las empresas que propuso a CEOE y después descartó al no sumarse la patronal al acuerdo.