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Telefónica, CaixaBank y otras 100 empresas pagan 997 M al SEPE por despedir a mayores de 50
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Durante la última década

Telefónica, CaixaBank y otras 100 empresas pagan 997 M al SEPE por despedir a mayores de 50

Las penalizaciones buscan compensar el coste del Estado en prestaciones por desempleo y conllevan procesos largos, aunque desde 2019 hay un acelerón en la recaudación

Foto: Sede de Telefónica en Madrid. (Reuters/Violeta Santos)
Sede de Telefónica en Madrid. (Reuters/Violeta Santos)
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Un total de 102 empresas han tenido que pagar una especie de multa al Estado durante la última década por llevar a cabo despidos colectivos (ERE) con gran impacto entre los trabajadores de 50 o más años. El mecanismo se puso en marcha en 2013 con el foco puesto en Telefónica, aunque en el ranking de pagos también destaca gran parte de la banca, especialmente CaixaBank.

Según detalla el último Informe Anual del SEPE, el servicio público de empleo ha reclamado ya 1.040 millones de euros por despedir colectivamente a 31.029 trabajadores de 50 o más años. Se basa en la Ley 27/2011 y en el Real Decreto 1483/2012, que establecen las aportaciones económicas que deben realizar las empresas con beneficios que ejecuten este tipo de ceses. No obstante, hasta el final del año pasado, el SEPE había cobrado algo menos de lo reclamado: 997 millones.

Estos pagos, que el SEPE traslada después al Tesoro, tienen el objetivo de compensar el gasto en desempleo que los despidos suponen para el Estado. A partir de los 50 años es más complicado que los trabajadores vuelvan a recolocarse, menos aún en un puesto equivalente al que tenían, lo que supone un importante desembolso para las arcas públicas en cuotas de la Seguridad Social, prestaciones contributivas por desempleo y subsidios, que en muchos casos terminan encadenándose con la jubilación.

El caso original que dio pie a la legislación de esta compensación fue el ERE que inició Telefónica en 2011 y que terminó afectando a 6.830 trabajadores de 50 o más años. La norma se llegó a conocer como ‘enmienda Telefónica’ y actualmente todavía es la empresa que más dinero ha desembolsado al SEPE: 305 millones de euros, lo que supone el 31% del total. Por primera vez, el SEPE detalla las cantidades abonadas por otras siete empresas, que, sumadas a Telefónica, son responsables del 75% de los ingresos por este mecanismo. Estos datos muestran que el impacto se concentra en la teleco y en la banca y que el mecanismo no ha disuadido a estas empresas de la práctica de los ERE para reajustar sus plantillas, ya que actualmente se ha iniciado una nueva oleada de despidos.

Los informes del SEPE dan cuenta de cómo han evolucionado los pagos desde 2013 y muestran que apenas se habían recaudado 372 millones hasta 2018, pero que desde 2019 se produjo un acelerón. Hasta aquel año, en el que hubo un cambio de gobierno central y, por ende, en la dirección general del SEPE, solo había 47 empresas afectadas por el despido de 11.377 trabajadores. De hecho, el informe de 2017 explica que durante ese año no se produjeron avances recaudatorios por “falta de medios materiales y humanos”. “Solamente se iniciaron los procedimientos de liquidación en los que existía riesgo de prescripción del derecho a favor de la Hacienda Pública Estatal, sin que se haya producido ningún ingreso por aportaciones al Tesoro relativo a esa anualidad”, detalla el documento.

El aumento en la recaudación de los últimos años puede deberse tanto a un cambio en la intensidad de las actuaciones por parte del SEPE como al desarrollo de ERE más recientes, ya que los procesos para ingresar las compensaciones se dilatan mucho en el tiempo y suelen incluir múltiples alegaciones de las empresas. Si se analiza el caso de Telefónica, el único del que hay disponible un mayor seguimiento, la compañía terminó de pagar la compensación al SEPE en 2020 por el despido colectivo que inició en 2011.

La penalización no frena los ERE

No obstante, Telefónica tendrá que volver a pagar al Estado por este motivo. En 2024, ha iniciado un despido colectivo que afecta, en principio, a 3.420 personas, todas ellas con 56 o más años y adheridas voluntariamente. Además, la empresa ha tenido beneficios en España en los dos últimos años antes del ERE (2022 y 2023), otro de los requisitos para que se reclamen compensaciones. El futuro pago al SEPE supondrá para Telefónica un coste añadido del ERE, que se suma al ya elevado importe por las indemnizaciones. La compañía calcula que este proceso le costará 1.300 millones de euros, aunque ahorrará 285 millones anuales en gastos directos a partir de 2025, cuando se haya completado la reducción de plantilla.

Pero Telefónica no es la excepción, ya que los grandes ERE siguen siendo recurrentes a pesar de la factura a pagar al SEPE. CaixaBank ha hecho al menos cuatro desde que entrara en vigor la compensación: en 2013, 2015, 2019 y 2021, sin tener en cuenta un plan de prejubilaciones en 2017. El último ha sido el más grande, con 6.452 personas adheridas voluntariamente de 52 años o más. El coste fue de 1.900 millones, más lo pagado al SEPE, y el ahorro estimado por la reducción de gastos es de 770 millones. Este último despido colectivo ya se produjo después de haber integrado a Bankia, pero la propia Bankia y Barclays (absorbida parcialmente en 2015 por CaixaBank) también habían hecho sus respectivos ERE previamente.

Afectadas empresas públicas

Aunque los despidos colectivos más numerosos y sonados son los de las grandes compañías, la ‘enmienda Telefónica’ afecta también a sociedades con plantillas más pequeñas. Según la legislación, el Estado puede reclamar el pago a empresas de más de 100 trabajadores (se consideran medianas hasta los 249) en cuyos ERE los trabajadores de 50 o más años estén sobrerrepresentados en comparación con su presencia total en la empresa. Además, se tienen en cuenta para el cálculo los despidos que se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.

En el listado publicado de reclamaciones del SEPE aparecen empresas como Danone, Duro Felguera, Greenpeace, Heineken, Repsol, Seat, Peugeot y Pfizer, entre otras. Incluso también se han visto involucradas en la penalización empresas públicas o con participación pública, como Indra, Tragsa y Tragsatec, aunque para ninguna de ellas se detallan más datos. Según el último informe, hay otras 19 empresas que durante 2023 han estado en fases del proceso de reclamación: Grifols, Unicaja Banco, BNP Paribas, Avon y Stellantis (Opel), entre las más conocidas.

Un total de 102 empresas han tenido que pagar una especie de multa al Estado durante la última década por llevar a cabo despidos colectivos (ERE) con gran impacto entre los trabajadores de 50 o más años. El mecanismo se puso en marcha en 2013 con el foco puesto en Telefónica, aunque en el ranking de pagos también destaca gran parte de la banca, especialmente CaixaBank.

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