Bruselas denuncia el 'chiringuito' de las concesiones en las playas españolas

La Comisión Europea considera que el modelo por el que las autoridades españolas autorizan la construcción de “locales permanentes” en el “dominio público costero” es demasiado arbitrario y poco transparente. En otras palabras: el sistema por el que se permite la construcción de chiringuitos en las playas españolas no está en línea con las normas europeas. Así lo ha comunicado el Ejecutivo comunitario este lunes, cuando ha enviado al Gobierno un dictamen motivado por incumplimiento de la directiva de servicios de 2006.

Los técnicos comunitarios critican que la ley española permite construir estos locales simplemente tras hacer una solicitud, que es seguida por un período de información pública de 20 días. La Comisión recuerda que la directiva señala sin embargo la “obligación explícita de usar un procedimiento de selección imparcial y transparente”. Además, la Comisión subraya que “la prórroga de la duración de estas concesiones, que en algunos casos llega a 75 años, infringe la misma disposición”. El argumento de Bruselas es que de esa manera se da un “derecho preferente” a los titulares actuales de las concesiones. Por último, el Ejecutivo comunitario también considera que se obstaculiza el acceso a esas concesiones a los operadores de otros países, lo que no respeta la libertad de establecimiento que está recogida en los Tratados.

Las autoridades españolas deben ahora responder en dos meses al dictamen motivado de la Comisión Europea. En caso de que las explicaciones no convenzan en Bruselas, el Ejecutivo comunitario puede dar el siguiente paso en lo que se conoce como un “procedimiento de infracción”, el proceso por el que la Comisión Europea fuerza a los Estados miembros a cumplir con las normas europeas: llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. En última instancia, y si el TJUE da la razón a Bruselas pero continúa el incumplimiento por parte del Estado miembro en cuestión, el tribunal puede imponer una multa diaria.

Peajes y contratación pública

No es el único procedimiento de infracción abierto. La Comisión Europea también ha dado un paso contra España y otros siete países, entre ellos Portugal, por no trasponer la “directiva euroviñeta” que establece nuevas normas para peajes y viñetas. La nueva legislación europea, que se aprobó en 2022, busca acercarse al principio de “el que contamina paga”, el mismo al que se acogió el Ejecutivo comunitario para que España se comprometiera al establecimiento de peajes en el marco del Plan de Recuperación, un compromiso que al final el Gobierno acabó renegociando.

La nueva directiva sustituye las “viñetas” para transporte pesado como camiones, que a partir de 2030 deberán pagar los peajes, y además extiende la aplicación de las nuevas normas a todos los vehículos, también a los turismos. “La Directiva revisada también exige a los Estados miembros que incluyan los costes medioambientales de la contaminación atmosférica en sus sistemas de tarificación para establecer tasas basadas en las emisiones de CO2 de los vehículos, con el objetivo de reducir las emisiones y fomentar vehículos pesados más limpios”, ha señalado la Comisión Europea.

Además, Bruselas ha anunciado este lunes que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la falta de trasposición de tres directivas: la de contratación pública, la de contratación en los sectores de servicios públicos y la de adjudicación de contratos de concesiones, tres normas aprobadas en 2014 y que debían estar ya incluidas en la legislación nacional en abril de 2016. En un comunicado la Comisión recuerda que estas tres piezas legislativas tienen como objetivo “exigir a los Estados miembros que sigan procedimientos imparciales y transparentes y aspiren a abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE y a garantizar la mejor relación calidad-precio en las compras públicas”.