El informe del Ministerio de Economía sobre Mercosur advierte de que perjudica al campo

Los acuerdos comerciales siempre conllevan una buena dosis de geopolítica y sectores ganadores y perdedores. Así sucede con el reactivado pacto entre la UE y Mercosur, del que España votará a favor en el Consejo de la UE, según avanzan fuentes gubernamentales, porque tendrá un impacto económico positivo en términos agregados. El texto todavía debe ser enviado por la Comisión Europea al Consejo y a la Eurocámara para su ratificación. La reducción de barreras comerciales y la mayor apertura a la inversión extranjera directa y a la contratación pública configurarán un nuevo escenario de flujos de bienes, servicios y capitales en el que algunos actores deberán reorientarse.

El Ministerio de Economía cuenta con un extenso informe encargado hace tres años a un grupo de economistas que respalda su visión optimista, aunque el propio documento evidencia también las sombras del acuerdo: el sector agrario español se verá perjudicado y aumentarán las emisiones de CO₂. Esto pone en pie de guerra al campo y a los partidos antiglobalización, pero tampoco gusta a una parte de la izquierda, incluso dentro del propio Ejecutivo. Aunque se alcanzó un principio de acuerdo en 2019, en el marco del cual se elaboró este documento, desde entonces los negociadores del bloque de Mercosur y los de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea han seguido ajustando el texto, aunque no en este punto especialmente sensible. “Las negociaciones sobre agricultura en los acuerdos comerciales suelen correr hasta el último momento. En este caso se cerraron en 2019. La agricultura no formó parte de las últimas negociaciones”, explica una fuente del equipo negociador del lado europeo.

El informe de Economía analiza el pacto alcanzado en 2019 (muy similar al actual) y concluye que, cuando su implementación se complete en un horizonte de 16 años, producirá un aumento del PIB del 0,23%, aunque en el primer año de aplicación el impulso ya sería de un 0,14% sobre el valor añadido. Si se considera el escenario de despliegue de todas las acciones, el consumo privado llegaría a crecer un 0,36% y el empleo un 0,11%, creando 22.088 puestos de trabajo. También aumentarán las exportaciones agregadas un 0,2%, pero las importaciones crecerán más, un 0,37%, y las emisiones de CO₂ de España se elevarán en un 0,19% en comparación con el escenario sin acuerdo.

El impacto positivo en términos macroeconómicos que se espera para España es superior al que tendría la media de la UE, aunque los países más beneficiados son claramente los que forman Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. “En definitiva, el Acuerdo UE-Mercosur supone un ‘win-win’ para sus firmantes. Todas las partes ganan, pero el impacto positivo será más visible en el lado latinoamericano”, reconocen los autores del informe encargado por el ministerio.

En el fondo, a la UE le interesa el acuerdo más por una cuestión geopolítica que por el impacto económico positivo. “Este acuerdo no es solamente una oportunidad económica, sino una necesidad política”, defendió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa en Uruguay. El pacto tiene un papel estratégico importante en una región donde la influencia europea se ha debilitado mientras crece la de China. De lograrse, la UE será el primer gran socio comercial en formalizar un acuerdo con Mercosur, que ni Estados Unidos ni China tienen, otorgando un acceso preferencial a los países comunitarios en una zona comercialmente protegida en la actualidad.

¿Coches por vacas?

Desde el inicio de las negociaciones, que duran ya dos décadas, se ha criticado el acuerdo por suponer un intercambio de “coches por vacas”, con gran perjuicio para el campo de los países de la UE. Esta afirmación tiene parte de razón, aunque también se genera un efecto de composición que, en el caso de España, hace que salgan las cuentas, según el informe en el que se apoya Economía.

Las ocho ramas productivas agrarias experimentarían, en el año 16 de implementación, descensos del 0,24% en la producción, del 0,12% en el empleo y del 0,46% en las exportaciones. El impacto en los precios y en los salarios sería casi nulo, mientras que las importaciones crecerán un 0,51%. Esto se debe a que entrarán en el mercado comunitario más productos primarios de Mercosur con precios más competitivos que los españoles, desplazándolos en las ventas al resto de países de la UE (las exportaciones a los 27 se reducirían un 0,8%).

Por el contrario, las manufacturas y los servicios serían los más beneficiados, con aumentos de la producción del 0,09% y del 0,18%, respectivamente, y con impactos positivos en el empleo y los salarios. Aunque difieren en el comportamiento de las exportaciones, con un aumento del 0,35% en el caso de las manufacturas y una reducción de apenas el 0,05% en el caso de los servicios.

Teniendo en cuenta estos comportamientos agregados, la rama más perjudicada es la del bovino, con una caída del 1,04% en la producción y del 3,48% en las exportaciones, que también se trasladarán a una reducción del empleo, los salarios y los precios. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, minimiza la importancia de estos datos asegurando que la reducción de importaciones de carne española por parte de la UE se limitará a "un filete por persona al año". En el lado opuesto, la rama más beneficiada es la de los químicos, con un aumento del 0,4% en la producción y de un punto en las exportaciones.

El campo es, por tanto, el ámbito más perjudicado, aunque los autores del estudio consideran que, con la puesta en marcha del acuerdo, la economía española se especializaría “en tareas de mayor valor añadido”, compensando en términos agregados el efecto negativo sectorial. La teoría que subyace a este ejercicio es que se producirá un efecto de composición: España cambiaría su cesta exportadora sustituyendo bienes menos complejos (agrarios) por otros más complejos y que generan más valor añadido (manufacturas y servicios).

“El acuerdo desplaza producción y exportaciones hacia productos más elaborados (...) y contribuye a unos patrones exportadores y productivos más avanzados”, señala el informe. Se espera que, en la medida en que la cesta exportadora se haga más compleja, los sectores españoles se capacitarán para especializarse en productos que, por su “proximidad tecnológica”, profundicen “aún más en la complejidad”, logrando finalmente productos con mayor potencial de crecimiento de la demanda.

Apoyos políticos reducidos y rechazo social

En un estadio anterior a los impactos económicos se encuentran los complicados equilibrios políticos, que amenazan con volver a frenar el acuerdo con Mercosur. En todo caso, la ratificación del acuerdo puede ser compleja. Francia se opone de manera sistemática al pacto, y, de hecho, Von der Leyen viajó a Montevideo en un momento de especial debilidad del presidente francés, Emmanuel Macron, después de que la Asamblea Nacional tumbara el Gobierno del conservador Michel Barnier. En París, se percibió el movimiento de la alemana como oportunista, y Von der Leyen fue, junto con la falta de representación española, la gran ausente en la reapertura de puertas de la catedral de Notre Dame de París.

Pero Francia no es la única que se opone. Pocos días antes de anunciarse el acuerdo, el primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó su rechazo al texto, y, horas antes de formalizarlo, también lo hizo Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Con estos países contrarios, no se alcanzaría la mayoría cualificada necesaria para la ratificación del texto en el Consejo de la Unión Europea. En todo caso no se votará todavía, porque como explican fuentes comunitarias deben hacer una revisión legal del texto. "En febrero deberíamos estar preparados para comenzar la traducción del texto a todas las lenguas, y eso debería llevar de cuatro a seis meses. Y después podríamos proponer al Consejo y al Parlamento para concluir y firmar el acuerdo", ha señalado la misma fuente.

Otra cuestión a determinar es la naturaleza del texto. Si se considera que afecta únicamente a competencias de la Unión Europea, entonces podría considerarse un pacto "exclusivo de la UE", lo que simplificaría su proceso de ratificación al requerir solamente el voto favorable del Consejo (55% de países que representen al 65% de la población) y del Parlamento Europeo. Pero si es mixto, también necesitará ser aprobado por los parlamentos nacionales. "Ya sabes que cuando pones a dos abogados en una habitación sales de ella con tres opiniones. Así que incluso en nuestro equipo hay diferencias de opiniones", explica una fuente comunitaria preguntada por si se tratará de un acuerdo mixto o "exclusivo de la Unión Europea".

La experiencia en este segundo caso, con acuerdos como el CETA con Canadá, no es positiva y en Bruselas lo saben bien, aunque fuentes consultadas señalan que todavía habrá que esperar para conocer la naturaleza legal del texto. De manera preventiva, fuentes cercanas a la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz reconocen que el acuerdo tiene puntos que no gustan, aunque Sumar se abstiene por el momento de confrontar públicamente con el PSOE en este aspecto.

El acuerdo cuenta, además, con fuertes detractores en los sectores productivos y en la sociedad civil. Las asociaciones agrarias Asaja y COAG han convocado protestas el próximo lunes en Madrid, y manifestaciones similares se están replicando en otros países como Francia. A esto se añade el rechazo de las organizaciones ecologistas, que hace unas semanas firmaron una declaración conjunta a nivel comunitario contra el acuerdo porque consideran que perjudica a pequeños productores agrarios y fomenta el uso de “agroquímicos tóxicos”, además de tener otros efectos medioambientales adversos.