Las empresas de EEUU en España piden al Gobierno extender las nucleares hasta 2040

La propuesta aparece en un documento que la Cámara de Comercio de EEUU en España distribuirá entre inversores extranjeros y líderes empresariales, y lo que plantea, en síntesis, es una especie de hoja de ruta para fortalecer la política industrial española con el objetivo de que alcance el 22% del PIB. Entre las medidas propuestas está el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares hasta el período 2035-2040. Esto aseguraría, sostiene el documento, “una fuente estable de bajas emisiones durante la transición hacia un sistema basado en renovables”.

La fecha límite que se propone, el año 2040, va más allá que lo que establecen tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), como el acuerdo firmado entre Enresa (la empresa nacional de residuos radiactivos) y los propietarios de las centrales nucleares, que prevé el cierre ordenado entre 2027 y 2035. Lo que argumenta la Cámara estadounidense es que de esta manera se evitaría una mayor dependencia de los ciclos combinados de gas. Además, sostiene, se garantizaría la seguridad energética mientras se despliegan más energías renovables y tecnologías de almacenamiento.

La Cámara, en esta línea, también plantea la incorporación al mix energético de pequeños reactores nucleares, denominados Small Modular Reactors (SMR), cuya capacidad de potencia, según la Organización Internacional de Energía Atómica, puede alcanzar los 300 MW, lo que representa alrededor de un tercio de las plantas nucleares convencionales. Estos reactores pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono y entre sus ventajas comparativas está que son más pequeños que una central nuclear clásica y que se ensamblan en fábrica, pudiendo ser transportados como una unidad. Los sistemas modulares, además, necesitan recargar combustible con menor frecuencia, cada 3 a 7 años, frente al intervalo de 1 a 2 años de las centrales convencionales. Algunas minicentrales están diseñadas para funcionar durante un lapso de hasta 30 años sin recargar combustible.

Infraestructuras industriales

El documento de los empresarios de EEUU radicados en España parte de una consideración. En unos momentos en los que las cadenas globales de producción se están reorganizando por la consolidación de dos grandes bloques comerciales que compiten entre ellos, España, que dispone de abundantes recursos renovables, una infraestructura industrial sólida y una ubicación geográfica estratégica, está en condiciones de duplicar el peso de la industria, alcanzando un 22% del PIB para el año 2035. España, igualmente, sostiene la Cámara estadounidense, ocupa una posición destacada en infraestructura digital a nivel global gracias al amplio despliegue de redes de última generación eficientes de alta capacidad y velocidad. La cobertura de 5G alcanza alrededor del 92% del territorio, mientras que en fibra llega al 96%.

Es decir, son ventajas competitivas que permitirían a España no sólo consolidarse como un importante exportador energético, sino también como un núcleo atractivo para la instalación de industria y tecnología sostenibles. De este modo, estiman, se podría revertir la tendencia de las últimas dos décadas, en las que la participación de la industria en el PIB ha caído de forma muy significativa. Ha pasado del 18% al 11%, lo que a su vez permitiría frenar las deslocalizaciones en los procesos productivos.

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Víctor Romero. Valencia

Lo que la Cámara propone es justamente lo contrario, deslocalizar industrias para que vengan a España y aprovechen las mejores condiciones energéticas. A medida que los costes energéticos y las preocupaciones de seguridad aumentan en países como Alemania y Europa del Este, asegura el documento, algunas empresas buscan reubicar sus operaciones industriales hacia destinos más estables y competitivos en energía y España, con su infraestructura industrial, sus puertos de gran capacidad y su acceso a energía limpia, “puede atraer una parte de la industria que, de otro modo, se establecerá en mercados externos”.

Se propone, en este sentido, que las empresas electro intensivas puedan reinvertir en proyectos de descarbonización hasta el máximo del 25% de los derechos de emisión que permite la normativa comunitaria (como ya sucede en Alemania o Francia), por encima del 12% vigente en España. El objetivo sería reducir el coste energético en un 20% para 2028 en sectores clave como el acero, el aluminio, la química y la tecnología avanzada. En la misma dirección iría la explotación de recursos mineros que hoy están congelados por razones medioambientales. La Cámara recuerda que el sur de España, aunque no sólo, alberga minerales críticos escasos en Europa, como el litio y el cobre, “cuya explotación sostenible permitiría avanzar hacia una mayor autonomía”.

Seguridad jurídica

El documento de la Cámara no sólo aborda la política de inversiones, sino el contexto regulatorio, cada vez más importante para las empresas que desean invertir en España. Parte de que España “destaca por su seguridad jurídica”, pero dicho esto matiza que la existencia de cambios normativos que tienen carácter retroactivo perjudica “la confianza de los inversores”. Es por eso por lo que sugiere a las administraciones que simplifiquen la regulación para reducir la burocracia en proyectos energéticos e industriales. Se reclama, en este sentido, la creación de un Consejo Nacional de Transición Industrial y Energética para proyectos de interés nacional encargado de coordinar a los sectores clave.

Más en concreto, apuesta por cambiar a medio plazo el sistema de subvenciones por el de créditos fiscales utilizado en otras jurisdicciones. Pone como ejemplo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de EEUU, que reduce directa y automáticamente la carga impositiva en 3 dólares/kg para las empresas que generen hidrógeno verde. Con este sistema, al ser automático y estar ligado a la actividad fiscal del beneficiario, no depende de un proceso competitivo o de aprobación de organismos específicos reduciendo burocracia y aumentando la previsibilidad financiera de los promotores. Propone, igualmente, eliminar toda la fiscalidad que duplique la carga tributaria a las empresas energéticas que tienen que protagonizar el cambio de paradigma con sus inversiones en sostenibilidad.

La importancia de la Cámara de Comercio de EEUU en España no es pequeña, al contrario. Representa, en concreto, a más de 280 empresas asociadas que tienen una facturación agregada de 248.000 millones de euros, aproximadamente la sexta parte del PIB, generando más de un millón de empleos directos e indirectos. EEUU, de hecho, es el primer inversor del mundo en España. Con datos del ICEX, el stock de inversión estadounidense en España alcanza los 106.950 millones de euros, casi el 20% del total de inversión extranjera. Los principales sectores receptores de la inversión de EEUU en España son: extracción de crudo, petróleo y gas natural (42%), lo que es debido a las numerosas refinerías que hay en España, actividades sanitarias (23%) y ya más lejos telecomunicaciones y actividades inmobiliarias.