España, rara avis en la zona euro: solo uno de cada 20 jubilados compagina trabajo y pensión

Uno de los objetivos de la última reforma de las pensiones es fomentar que las vidas laborales sean más largas de manera voluntaria para cerrar la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación. El fin último es obtener más ingresos para hacer frente al retiro de los baby boomers sin tener que recurrir a una nueva subida de la barrera legal, que llegará a los 67 años en 2027.

El Gobierno ha dado algunos pasos para incentivar el retraso de la jubilación desde 2022, pero todavía queda un importante paquete pendiente de aprobar relativo a la jubilación activa, la parcial y la flexible, la última parte de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas. Todas estas modalidades permiten fórmulas mixtas de cobro de la pensión a la vez que un salario, pero son residuales en España, algo anómalo si se compara con los países del entorno.

Eurostat ha publicado este lunes un módulo específico de la EPA en el que analiza la participación en el mercado laboral de los pensionistas de los distintos países miembros y España destaca por tener una de las transiciones del empleo a la jubilación más abrupta. Solo el 4,9% de quienes percibieron la primera nómina de la pensión de jubilación en España continuaban trabajando total o parcialmente frente al 13% de media de la UE. Por debajo solo se encuentran Grecia (4,2%) y Rumanía (1,7%).

La situación contrasta con la existente en los países bálticos y los nórdicos, en los que más de un tercio de las personas siguen trabajando después de empezar a recibir la pensión. Sin embargo, los motivos que llevan a prolongar de esta manera la vida laboral difieren ampliamente: en unos es más por necesidad y en otros por “disfrute”, condicionantes que no parecen tener peso en España.

En Estonia, el 54,9% de los jubilados sigue trabajando cuando inician el cobro de la pensión, pero la mayoría (el 31,6%) lo hacen para tener ingresos adicionales necesarios para vivir porque la pensión de jubilación “no es lo suficientemente alta para llegar a fin de mes”, señala Eurostat. El caso opuesto es, por ejemplo, Suecia, donde el 41,7% de los jubilados sigue trabajando inicialmente; más de un 36% de ellos lo hace porque “disfruta” trabajando o “siendo productivo” y el 25,6% lo elige por estar "socialmente integrado". Solo el 9,4% de los suecos indican que alargan la vida laboral por necesidad económica.

Para que en España apenas se compagine el trabajo y la pensión se dan dos motivos principales: las pensiones de jubilación son muy generosas en comparación con los salarios y la regulación desincentiva esta opción. En consecuencia, la mayor parte (el 44,9%) de los pocos que siguen trabajando en España después de recibir la pensión alegan otros motivos distintos a la necesidad económica y al disfrute del trabajo.

El 19,6% señala que es por necesidad económica y el 17,9% por disfrute. En última instancia, la menor participación laboral de los jubilados españoles condiciona la tasa de empleo, que es más baja que la media europea, y supone una merma de las cotizaciones sociales que se podrían llegar a ingresar para pagar las pensiones.

Las pensiones cubren el 80% del último salario

El 89,6% de los pensionistas españoles reciben solo la pensión pública de jubilación y sustituye casi por completo al último salario que se percibe. Según la OCDE, el porcentaje de sueldo que cobran los pensionistas españoles cuando acceden a la jubilación (conocido como tasa de reemplazo o de sustitución) es el 80,4%, el segundo más elevado del ranking de las economías avanzadas, solo por detrás de Grecia (80,8%). Esto se debe a que los salarios españoles son relativamente bajos y a que las pensiones han crecido más en la última década, lo que genera un desincentivo a seguir trabajando.

Por otra parte, la regulación apenas premia compaginar el trabajo y la pensión. Las fórmulas que permitirían esta vía son la jubilación activa, la parcial y la flexible, pero su reforma está pendiente, en los dos primeros casos, de que el Congreso de los Diputados la apruebe, y, en el segundo, ni siquiera se han iniciado las conversaciones con los agentes sociales.

El Ministerio de Seguridad Social pactó una serie de mejoras con patronales y sindicatos en julio de este año para facilitar el acceso a las modalidades citadas, aunque se mantienen rigideces como la obligación de estar un año más trabajando tras llegar a la edad legal de jubilación (en jubilación demorada) antes de acceder a la jubilación activa, que permite cobrar un porcentaje de la pensión a la vez que un salario.

Por el momento solo están vigentes los beneficios en la jubilación demorada y las mayores penalizaciones en las anticipaciones, que sí están produciendo ya algunos resultados. Entre el aumento de las altas demoradas (en ratios cercanas al 10%); la disminución de las anticipaciones (que han caído por debajo del 30% de las altas) y el aumento de la edad legal de jubilación, la edad media de acceso a la pensión ha ido aumentando en España.

En 2024 ha llegado por primera vez a los 65,2 años, lo que supone una prolongación de la vida laboral que, sumado al envejecimiento, se está traduciendo en un crecimiento mayor de la tasa de empleo en las franjas de edad más elevadas. No obstante, está por ver si la jubilación demorada añade ingresos netos al sistema de pensiones.

Según el Banco de España, el impacto es poco medible a priori porque no se puede estimar cuantos jubilados llegarán a demorar su jubilación. Además, las contrapartidas que se dan si se accede a esa modalidad (cobrar un 4% más anual de pensión o recibir un tanto alzado) reducen el impacto fiscal positivo derivado de ahorrar años en el pago de las pensiones afectadas y de ingresar más cotizaciones, por lo que la fórmula tendría que tener una acogida elevada entre los nuevos jubilados para tener un efecto económico notable.