Fabricantes de coches y siete países se revuelven contra las multas de la UE por emisiones en 2025

La Comisión Europea afronta una revuelta cada vez más pública y ruidosa. Los fabricantes llevan tiempo moviéndose, tocando puertas y presionando a algunos gobiernos de la Unión Europea con el objetivo de esquivar multas por exceso de contaminación a partir del año que viene. Las normas europeas establecen que a partir de enero se deben reducir las emisiones de 116 gramos de CO2 por kilómetro a 94 gramos por kilómetro en los vehículos nuevos, y que en caso de exceso habrá multas de 95 euros por cada gramo de exceso multiplicado por el número de vehículos vendidos. A pesar de que estos objetivos se plantearon por primera vez en 2017 y que se acordaron en 2021, el malestar entre los fabricantes es creciente.

La industria, que ya está pasando por un mal momento, asegura que esta medida puede provocar importantes pérdidas. Para cumplir con las normas las marcas deben aumentar la proporción de vehículos eléctricos que venden. Fabricantes como Stellantis o Volkswagen han sido especialmente activos en la presión contra esta medida. Por eso no es extraño que Italia haya jugado un papel importante en esta revuelta junto con República Checa, que también tiene una importantísima industria automovilística, clave para la economía del país. A lo largo de noviembre se han sumado otros gobiernos: Austria, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia.

"No pueden hacerlo (cumplir con los objetivos) porque el interés por los coches eléctricos está cayendo en toda Europa", explicaba a principios de septiembre Martin Kupka, ministro de Transporte de República Checa. La economía checa depende mucho de la producción de las fábricas de Skoda, que forma parte del grupo Volkswagen, además de la actividad de Hyundai y Toyota. ACEA, la asociación de productores de automóviles, ha pedido recientemente una "urgente revisión" de los objetivos para 2025 y también sobre la prohibición de venta de vehículos con motores de combustión a partir del año 2035.

En algunos sectores de la Comisión Europea la idea está echando raíces. Porque el Ejecutivo comunitario no es ajeno a la revuelta general que existe contra el Pacto Verde, la estrategia europea para reducir emisiones y lograr la neutralidad climática. El Partido Popular Europeo (PPE) ha asumido como propia una revuelta que comenzó en el grupo ultraconservador en la Eurocámara, los Conservadores y Reformistas (ECR), y la presencia del PPE en la actual Comisión es muy importante. El PPE ha asumido formalmente este discurso, y la posición oficial de la familia democristiana es que se deben retrasar los nuevos objetivos hasta el año 2027. Ante los rumores de que el Ejecutivo comunitario podría estar abriéndose a esta posibilidad y de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea pudiera encargarse directamente del asunto, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Transición y Competencia, ha descartado que vaya a haber cambios en los planes previstos.

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"No es algo que se plantee la Comisión Europea y no es algo que se plantee prácticamente nadie", ha asegurado Ribera durante una visita junto al también vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Stéphane Séjourné a la planta de ArcelorMittal en Gante, al norte de Bélgica, donde han discutido sobre el "Plan Industrial Limpio" que quiere lanzar el Ejecutivo comunitario. La española ha rechazado la idea de tocar los objetivos y los plazos, poniendo el énfasis en la necesidad de ayudar a la industria. "La gran pregunta es cómo se puede combinar y acompañar a la industria del automóvil europeo en un proceso de transformación que está en marcha y en una carrera industrial a nivel global que se activó ya hace años", ha explicado a un grupo de periodistas.

Multas mil millonarias

En 2023, según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, los nuevos vehículos europeos emitieron, de media, 107 gramos de CO2 por kilómetro, lo que lo sigue dejando 12 gramos por encima del objetivo para el año que viene. De esa diferencia multiplicada por los alrededor de once millones de coches vendidos al año proviene uno de los cálculos que se están repitiendo: la industria afronta multas de alrededor de 12.500 millones de euros en 2025, lo que sería alrededor del 0,8% del PIB de España en un solo curso. La industria considera que eso podría ser un golpe de gracia en un momento en el que algunos de los fabricantes, como Volkswagen, afrontan una situación especialmente delicada con caída de ventas, cierre de fábricas y despidos.

"El pasado demuestra que los fabricantes de automóviles no cumplen los objetivos de CO2 con antelación, sino solo cuando estos lo exigen. Un análisis anterior demostró que los fabricantes de coches solo estaban a medio camino del objetivo de 2020 cuatro meses antes de que empezara aquel año", señala en un reciente informe el grupo Transport & Environment, que defiende la aplicación estricta de los objetivos. Expertos como los de T&E, pero también de ministerios de Transición Ecológica de los Estados miembros favorables a estas multas, consideran que precisamente eso ayudará a que la venta de vehículos eléctricos más baratos se dispare en los próximos meses y años.

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EFE

La sensación es que hay algunas marcas que no se han tomado en serio la electrificación de sus vehículos, y que ahora aprovechan el importante peso específico que tienen en la economía de algunos de los Estados miembros para presionar en Bruselas a favor de no tener que cumplir con las reglas ya acordadas. Hay otros fabricantes, especialmente Volvo, que es el alumno más aventajado en este aspecto, pero también otros como Toyota o Kia, que o ya tienen fácil cumplir o están muy cerca de cumplir con los objetivos de 2025, mientras que Volkswagen y Ford se encuentran lejos. En el caso del grupo alemán, sus vehículos emitían a principios del 2024 unos 29 gramos de CO2 por kilómetro más de lo permitido para el 2025 (a finales de este año otros estudios apuntan a que la brecha es de 26 gramos). En 2023 el grupo VW vendió algo más de tres millones de vehículos en la Unión Europea, lo que significa que si no se reducen esos gramos por kilómetro con más ventas de coches eléctricos, solamente este fabricante afrontaría una posible multa de más 8.000 millones de euros (en caso de 29 gramos más de los permitidos), por lo que es la que más se juega en esta batalla.