El Gobierno da largas a sus socios y retrasa la negociación del impuesto a las energéticas

Hoy se cumplen dos semanas de la agónica votación para la subida de impuestos, que finalmente salió adelante con el cambio de opinión de Podemos. La portavoz de la formación en el Congreso subió a la tribuna amenazando con tumbar la reforma y, cuando bajó, ya estaba anunciando su voto favorable. El motivo alegado por la formación fue el compromiso arrancado a Hacienda para constituir una "comisión negociadora" que prorrogue el impuesto a las energéticas.

"En los próximos días se constituirá una comisión negociadora con la participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma", presumió entonces Podemos. Han pasado dos semanas desde entonces y aún no se ha producido un acercamiento por parte del Gobierno ni del grupo socialista a los grupos que apoyaron la subida de impuestos. Así lo confirman todos los grupos consultados, que asumen ahora que al Gobierno se le han pasado las prisas. El Ministerio de Hacienda les ha trasladado que sigue preparando el texto en forma de proposición de ley que impulsaría el Grupo Socialista en el Congreso.

Hacienda tiene la voluntad de prorrogar este impuesto. Así lo ha transmitido desde el inicio del año, pero no cuenta con los apoyos suficientes para pasar su tramitación en el Congreso. Esto ya se sabía antes de comprometerse con Podemos a crear una comisión negociadora, pero para la formación morada fue excusa suficiente para justificar su adhesión al acuerdo sin obtener nada más a cambio.

Junts ya ha anunciado reiteradamente que no le gusta este impuesto porque pone en peligro inversiones de Repsol en Cataluña. Y el PNV, aunque ha sido más prudente, tampoco está convencido del impuesto por cómo pueda afectar a Petronor. De hecho, tras conocerse el acuerdo del PSOE con Podemos, trasladaron a los medios que "el PNV verá, cuando se cree esa comisión negociadora, cuál es la posición que fija".

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Hacienda no ha movido ficha desde entonces. Mientras tanto, el tiempo va pasando y el año se acaba. El Gobierno tiene que tomar una decisión sobre qué hacer con este impuesto antes del 1 de enero.

Podemos asume que la negociación no va a ser sencilla, por lo que todo el retraso acumulado favorece que no haya acuerdo, lo que pondría en duda la continuidad del tributo. "Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un RDL con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025", explicó Podemos tras alcanzar el acuerdo con el PSOE. Sin embargo, si no hay acuerdo con Junts y el PNV, esa prórroga tendría escasas posibilidades de pasar su convalidación en el Congreso, de modo que decaería inmediatamente.

Hacienda ha trasladado a sus socios que contar con un decreto aprobado antes del 31 de diciembre en Consejo de Ministros da cobertura legal para, aunque la convalidación fracase, tener ya el precedente para aprobar el impuesto a lo largo del año con carácter retroactivo hasta el inicio del año. Sin embargo, se trata de una vía que genera dudas entre los abogados fiscalistas, quienes consideran que si el Congreso rechaza el decreto, ya no existiría cobertura legal para mantener el gravamen desde el inicio del año.

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El impuesto a las energéticas, como el resto de las cuestiones fiscales que han quedado congeladas, sigue esperando a los presupuestos generales del estado. El Gobierno también tiene pendiente la actualización de la senda de estabilidad para conceder a las CCAA más margen presupuestario. Hacienda se mostró muy preocupada por dar ese margen adicional a las CCAA hasta el mes de septiembre, cuando tiró la toalla. Desde entonces, no ha vuelto a plantear nuevos objetivos de estabilidad.

En su lugar, está esperando una ventana de oportunidad para tratar de abordar la negociación de los presupuestos. Un hito clave, ya que existe un consenso de que la aprobación de los presupuestos da argumentos al Gobierno para agotar los cuatro años de legislatura.

Para ello, es necesario esperar a la segunda vuelta de las primarias de Esquerra Republicana, que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Hasta entonces, cualquier negociación es susceptible de convertirse en papel mojado. Será el próximo líder de la formación quien tenga que decidir cuál es su posición en Madrid y su voluntad de cooperar con el Gobierno central. Si finalmente se impone Oriol Junqueras, como ocurrió en la primera vuelta, el Ejecutivo podría tener una opción para impulsar los PGE al inicio del próximo año.