Los funcionarios que le han dado la espalda a Muface explican por qué van a la pública

Esta semana el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acabar para siempre con el modelo Muface e integrar a todos funcionarios en la sanidad pública en un plazo de nueve meses. El Ministerio de Sanidad ha sugerido que es un modelo insostenible después de que las aseguradoras que han prestado sus servicios durante los últimos años hayan renunciado a participar en la licitación del concurso para los dos próximos años, a pesar de la mejora de la oferta económica en un 17%.

Entre la letra pequeña de este rifirrafe entre Gobierno y aseguradoras se encuentra un dato que explica gran parte de la situación actual. Aunque la mutualidad tiene alrededor de 1,5 millones de mutualistas, solo el 67,3%, alrededor de 1.007.322 personas, se decantan por las aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV). El resto han elegido por la sanidad pública. De ellos, la mayoría son jóvenes (el 42,2% de los usuarios tienen entre 35 y 64 años y el 32% tiene más de 65) y esta cifra ha ido en aumento constante desde los años de la crisis. En 2010, eran 266.036 los mutualistas que se decantaban por la pública. En 2023, 457.307.

Una evolución que llegó a ser calificada de "misterio" por dos investigadores de la Universidad de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcárcel y Jaime Pinilla, que han dedicado varios trabajos a intentar averiguar el porqué de esta evolución y sus posibles consecuencias. Aunque no podían resolver dicho "misterio", proponían dos hipótesis: por una parte, un pool de riesgos del colectivo de mutualistas que empeora, unido a un sesgo de selección y, por otra, una percepción de mejora de calidad percibida en la sanidad pública. Pero ¿quiénes son esas decenas de miles de españoles?

"Acudo a la Sanidad Pública por principios y porque confío ciegamente en el trabajo de los y las profesionales que trabajan en ella", explica Adrián de Vera, funcionario de carrera del Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del Estado. A sus 28 años, es uno de esos jóvenes que han optado por la sanidad pública. "Como servidor público, considero que la única opción consecuente y coherente es defender y promover los servicios públicos y estoy absolutamente en contra de que se utilicen recursos del Estado, como hace Muface, para enriquecer a DKV, Sanitas, Adeslas o cualquier empresa que convierta en un negocio lo que es un servicio esencial para los ciudadanos".

"Creo que los jóvenes somos conscientes de la importancia que tienen los servicios públicos en un Estado de Bienestar como el nuestro", prosigue. "Opino que se ha creado una brecha generacional entre el funcionariado más veterano y los que entramos ahora". En su opinión, optaban más por la privada "porque es cierto que hace 15 o 20 años funcionaba mejor para cuestiones menores. Sin embargo, los jóvenes estamos asistiendo a un desmantelamiento sistemático de la sanidad pública y vemos cómo el servicio en la privada tampoco lo mejora en absoluto, por lo que creo que optamos por defender una sanidad pública de calidad y el primer paso es participar en ella".

Lo que pagas, lo que recibes

Aunque por lo general son los jóvenes los que se decantan por la pública por compromiso, también ocurre entre la población de mayor edad. Es el caso de Manuel Alegría Fernández, funcionario y profesor titular de Geografía e Historia de Secundaria en Cantabria, que tiene 64 años. "Yo he optado por el Servicio Cántabro de Salud por compromiso ideológico, porque considero que la sanidad debe estar gestionada desde instancias estatales o paraestatales, como derecho fundamental de la Carta de 1948", explica. "Además, creo que la financiación debe de ser pública y de calidad".

"El funcionariado se ha creído lo de la atención más directa de la sanidad privada"

En realidad, el porcentaje de mutualistas en la pública aumenta también entre la población de más de 65 años: de un 15,2% en 2016 a un 22,6%. Otro de los motivos que exponía la investigadora para este trasvase de mutualistas de la privada a la pública son los casos de personas con patologías graves y complejas que terminan derivados a la pública, lo que indica que se produce "una selección de riesgos por los seguros médicos".

Alegría lo considera "una evidencia". “En situaciones graves, los consorcios privados derivan a los servicios públicos de salud, porque no cuentan con los servicios ni profesionales de estos para hacerlas frente", explica. "Pero en la atención más directa y cotidiana de la asistencia sanitaria, creo que penetra en el funcionariado la idea de atención que dicen más directa y personalizada de la sanidad privada y, sobre todo, la inexistencia de esperas tan dilatadas en la realización de pruebas de diagnóstico".

Esa percepción de que la privada no va a poder proporcionar determinados servicios se encuentra también entre los motivos por los que María del Mar Sánchez Muro, profesora titular e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, tampoco ha querido ir a la privada. Cuando obtuvo su plaza, no quiso perder ni a su médico de cabecera ni a los especialistas con los que llevaba muchos años y que ya la conocían.

"Los padres no encuentran los recursos que necesitan para sus hijos"

"Puede haber un componente ideológico, pero creo que es una cuestión también de la calidad de los servicios", valora, aludiendo a su experiencia personal. "Los jóvenes que tienen hijos pequeños no encuentran, en ocasiones, que la sanidad privada les proporcione los recursos que necesitan, por ejemplo, urgencias pediátricas en pueblos o ciudades pequeñas". Una de las críticas más habituales que han vuelto a aparecer durante los últimos días es el acceso a un número muy limitado de especialistas.

Como prosigue la profesora, "mucha gente se cambia a la seguridad social cuando necesita una atención que no le puede proporcionar el seguro privado”. De Vera también alude a la experiencia de su padre, otro funcionario desde hace 40 años que, en su caso, siempre ha optado por la privada, para explicar por qué no confía en los servicios de Muface. "Según cuenta él mismo (y yo he sido testigo de ello), cuando llamas, la compañía que te tiene que ofrecer la cobertura para pedir cita o rellenar el formulario en la app, lo primero que te preguntan es si eres de Muface", explica. "Si no lo eres, la cita es relativamente rápida. Si, en cambio, eres de Muface, tu cita se demora tanto o más que las de la sanidad pública".

Algunos afiliados a Muface se sienten el último mono en la cadena de prioridades de las aseguradoras. Como sugiere la investigación de López-Varcácel, el aumento del aseguramiento privado entre la población general puede haber provocado el empeoramiento del acceso de los usuarios de Muface: se genera un sistema dual que "prioriza a los usuarios de pago directo y de seguros voluntarios". Además, los años de mayor desencuentro entre Gobierno y Muface, como 2015 y 2016, ha coincidido con las mayores subidas de asegurados mutualistas.

"Las cuestiones realmente costosas como tratamientos oncológicos, infecciones graves o enfermedades autoinmunes ya son asumidas por la pública cuando la privada deniega la cobertura de estos tratamientos al no ser rentables", lamenta De Vera. Los autores presentan en su estudio el ejemplo del Hospital Ruber Internacional, que en 2015 dejó de prestar servicio a los beneficiarios de Muface. Es uno de los reproches del Ministerio, que en su informe lamenta que “las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos” empujando a los asegurados más graves a trasladarse "a proveedores públicos de atención sanitaria".

El informe del Ministerio se basaba en otra investigación publicada por los mismos autores este año en The European Journal of Health Economics en el que se analizan tres millones de altas hospitalarias en la Comunidad Valenciana entre 2010 y 2015. "Hemos encontrado una significativa selección de riesgos", concluyen. "En los funcionarios hospitalizados, la probabilidad de que aparezca un cáncer metastásico sólido en los registros es un 31% más elevado que en la población en general".

Todos hacen números

Durante esta semana, cada cual ha sacado la calculadora para obtener los datos que apoyen su caso. La consultora Roams Insurtech, por ejemplo, calcula que los empleados pagarían un 150% más si los empleados públicos decidiesen contratar un seguro de salud privado en condiciones similares a las de Muface, unos 740 euros más al año frente a los 478 euros actuales. El impacto, además, también sería distinto según la CCAA: las más afectadas serían Castilla y León, Extremadura y Andalucía, donde un mayor porcentaje de población tendría que integrarse al sistema público.

"La clave está en que se invierta lo suficiente para asumir este cambio"

Los renegados de Muface coinciden en que, en el caso de extinguirse el modelo vigente, se debería reinvertir el dinero en el refuerzo de la sanidad pública. "Esta mutualidad no debería existir, ni tampoco ISFASS (mutualidad para las Fuerzas Armadas y Ejército) ni MUGEJU (para la Administración de Justicia)", concluye el profesor cántabro. "El funcionariado público debiera estar encuadrado en el régimen general de la Seguridad Social, como todos los trabajadores, por cuenta ajena".

"Si de verdad se hace lo que se ha planteado, que es reinvertir el dinero público que se le da a las mutuas en Sanidad Pública, se reforzaría mucho el sistema", añade De Vera. "Creo que la clave está en que se invierta en la sanidad pública lo suficiente para que se pueda asumir el cambio de los funcionarios de mutuas privadas a lo público", concluye Sánchez Muro. Esa es la hoja de ruta del Ministerio, que en un informe, señala que por el envejecimiento progresivo de los funcionarios, Muface va a costar cada vez más dinero al Estado. O tal vez para el año que viene simplemente se vuelva a conceder el concurso a las aseguradoras privadas, pero con una oferta mucho más jugosa.