Revalorizar las pensiones en 2025 costará 7.000 M, cinco veces más que antes de la reforma de Escrivá

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado el borrador de real decreto para subir las pensiones en 2025, algo que se producirá independientemente de si hay nuevos Presupuestos, y que aplicará lo dispuesto en la reforma de las pensiones liderada por José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, cuando era ministro del ramo.

Según la memoria de impacto normativo que acompaña al texto, el Ejecutivo anticipa un aumento de las pensiones contributivas del 2,75%, lo que, sumado a la actualización de las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), da como resultado una factura de 7.166,13 millones de euros derivada solo de las revalorizaciones de 12.318.117 pensiones.

La importancia de las revalorizaciones radica en que son acumulativas: el importe incrementado cada año se consolida para el siguiente. Desde 2022, cuando entró en vigor la primera parte de la reforma de las pensiones, los incrementos del 2,5% (2022), 8,5% (2023), 3,8% (2024) y el previsto del 2,75% para 2025 suponen un gasto extra del entorno de 32.886 millones de euros.

La cifra se obtiene de sumar los importes que aparecen en las distintas memorias de impacto normativo de los decretos ante la falta de datos públicos desagregados. Por comparar, es un desembolso similar al destinado a pagar los intereses de la deuda y multiplica la inversión del Estado en muchas políticas. Supone casi el doble del gasto en I+D+i y más que duplica el gasto en defensa.

Supone casi el doble del gasto en I+D+i y más que duplica el gasto en defensa

En cualquier caso, la de 2025 es todavía una cifra provisional, ya que la definitiva no podrá calcularse hasta que el INE publique a finales de mes el dato del IPC de noviembre, necesario para calcular la revalorización anual de las pensiones contributivas, aunque no se esperan grandes variaciones. Si se compara este importe con el aprobado para el año 2021, el último antes de la entrada en vigor de la reforma que indexa las pensiones contributivas al IPC, el gasto en la revalorización se ha multiplicado por cinco. En aquel año, con una subida del 0,9% de las contributivas, el gasto por la actualización ascendió a 1.464 millones de euros. No obstante, el montante de 2025 será la mitad del gasto aprobado para 2023, un récord histórico de 14.174 millones, como consecuencia del impacto de la crisis inflacionista.

Tres factores influyen en este notable aumento del gasto público que supone mantener el poder adquisitivo de los pensionistas e incluso aumentarlo entre quienes perciben prestaciones mínimas: el crecimiento del número de pensionistas, el progresivo incremento de las pensiones medias y la reforma del sistema aprobada en 2021 y 2023. El número de pensionistas ha crecido un 3,6% entre octubre de 2024, último dato disponible, y el mismo mes de 2021, aunque lo que más se ha elevado es la pensión media y el gasto total en las nóminas de las pensiones.

El pago total de las pensiones asciende ya a 170.000 millones anuales

El crecimiento ha sido un 21,4% y un 25,8%, respectivamente, y se debe especialmente a las decisiones de política económica. Aunque los nuevos jubilados cobran más que los que fallecen, la diferencia entre ambos está en mínimos históricos, lo que frena el aumento del gasto en pensiones. Este efecto se compensa con creces gracias a la reciente reforma de pensiones, que además de indexar las contributivas al IPC, liga las pensiones mínimas a la evolución del umbral de la pobreza y amplía el complemento por brecha de género, que se revaloriza adicionalmente un 5% en 2025, alcanzando un incremento total del 8,13%.

El pago total de las pensiones asciende ya a 170.000 millones anuales, detrae dinero de otras políticas y se ha comido la mayor parte del aumento del gasto público de los últimos años. Según revela la estadística del gasto público por funciones (COFOG), solo las pensiones de jubilación han acaparado el 37,8% del aumento del desembolso de las administraciones públicas entre 2008 y 2022, último año con datos disponibles, por lo que no tiene en cuenta el efecto de la revalorización récord de las nóminas contributivas del 8,5%. Debido a esto, el desembolso en pensiones de jubilación ha pasado de ser un 6,3% del PIB en 2008 a un 10,2% del PIB en 2022, mientras que otras partidas, como vivienda, han descendido su peso en el mismo periodo del 1,1% al 0,5% del PIB.

Nuevas pensiones mínimas y umbral de la pobreza

De la factura de 7.166 millones para 2025, la gran mayoría, 5.950 millones, se debe a la revalorización de las pensiones contributivas. Las no contributivas suman 297, el IMV 269 y las clases pasivas 611. Por otra parte, el texto también detalla cuáles serán las pensiones mínimas provisionales en 2025: la de jubilación se situará en un máximo de 1.127,20 euros para titulares con cónyuges a cargo y en los 874,10 euros en los casos unipersonales. Las pensiones por incapacidad permanente tienen distintos mínimos dependiendo de los grados y las de viudedad de titulares con cargas familiares se equiparan también a los 1.127,20 euros de las de jubilación.

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Asimismo, el decreto aprovecha para elevar el umbral de la pobreza. Se basa en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de años anteriores, pero hace una estimación para cifrar el crecimiento interanual más reciente, lo que da como resultado una fijación de dicho umbral en 2025 en 11.944,88 euros anuales, un 8,7% más que en 2023, último dato publicado por el INE. Esta barrera es la que se usa para determinar si las personas tienen derecho a percibir pensiones mínimas y de subsistencia.